La ley dice que se debe hacer público el informe, elaborado por un bufete de abogados privado, que afirmaba que Josep Piqué no estaba sujeto a conflictos de intereses o incompatibilidades mientras presidía dos compañías que hacen la competencia a AENA a la vez que se sienta en su Consejo de Administración.
El placet a Piqué es público según la ley
El párrafo "g" del artículo 8 de la Ley de Transparencia dice que serán públicas "las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad que afecten a los empleados públicos así como las que autoricen el ejercicio de actividad privada al cese de los altos cargos de la Administración General del Estado o asimilados según la normativa autonómica o local". Piqué está en una compañía participada mayoritariamente por el Estado y es, además, exministro.
Aunque AENA está semiprivatizada y cotiza en Bolsa, el 51% de las acciones aún siguen en manos del Estado. Y, por lo tanto, está sujeta a lo recogido en la Ley de Transparencia, según el apartado "g" de su artículo 2, que obliga a "las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de las entidades previstas en este artículo sea superior al 50 por 100."
Y aunque el informe haya sido elaborado por un bufete privado y supuestamente independiente, sigue estando sujeto a la obligación de hacerse público, dado que la ley también obliga a las empresas que estén contratadas por el sector público, como es el caso del bufete cuyo nombre AENA tampoco está dispuesta a proporcionar y que, sin embargo, la ley dice que ha de ser igualmente público.
De hecho, la web de AENA tiene un enlace en su portal de Transparencia que deberia dar acceso a esos informes de compatibilidad y que, sin embargo, lleva a una página de error.
Un mes para responder
Por todo ello y ante las reiteradas negativas de AENA y del Ministerio de Fomento a proporcionar informaciones que son públicas según la ley, ElPlural.com ha solicitado la información a través del Portal de Transparencia que AENA aloja en su propia página web. Ahora, según la ley, AENA tiene un mes para responder, dos si su volumen o complejidad hicieran necesario más tiempo, lo que no parece el caso, dado que se trata de proporcionar un informe que ya existe y un nombre que la empresa ya tiene.
