Las eléctricas continúan su desplome bursátil después de que la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, haya confirmado “estar trabajando” en un vehículo para aumentar la presión fiscal al sector. Un vehículo que espera contar con el acuerdo de los socios de Gobierno -PSOE y Unidas Podemos-, en este caso materializado entre Montero y Díaz. De aprobarse, entraría en vigor “a principios de un ejercicio fiscal”, en palabras de la responsable de Hacienda. Es decir, no tendría su efecto práctico hasta 2023.
Las declaraciones de Montero en una entrevista en Televisión Española han provocado el desplome bursátil de las eléctricas, con pérdidas de casi 3.700 millones de euros en su capitalización en la sesión del martes. Estas empresas han sido las más castigadas de la sesión, con pérdidas del 3,08% en el caso de Naturgy, hasta los 26,75 euros por acción, y una caída de su capitalización de alrededor de 825 millones de euros.
También Endesa e Iberdrola cerraron la sesión del martes en rojo, con desplomes del 2,9% y del 2,72% respectivamente, perdiendo la primera casi 600 millones de euros de su capitalización y más de 1.750 millones de euros la segunda. Los desplomes se trasladaron al sector energético en general, con pérdidas del 2,34% para Enagás o del 2,15% para Acciona Energía.
Las caídas se intensifican en el arranque de la sesión actual, con pérdidas del 1,27% para Naturgy, en mínimos de hace más de un mes; del 1,24% para Endesa, en precios del mes de marzo o del 1,95% en el caso de Iberdrola, también en mínimos de marzo. Los desplomes en el sector energético han teñido de rojo el Ibex -con casi todas sus cotizadas a la baja- que pierde un 1,61% hasta los 8.102 puntos.
Montero: "Es de justicia que las eléctricas paguen una mayor parte"
Montero confirmaba este martes que el objetivo del Ejecutivo es que las eléctricas contribuyan en mayor medida a las arcas del Estado por sus beneficios "desorbitados". "Es de justicia que las eléctricas paguen una mayor parte (...) Estamos trabajando en el vehículo que permita que las eléctricas aporten más. Es más importante el qué queremos que la forma, y los técnicos son los que tienen que decir de qué manera podemos hacerlo mejor", matizaba la ministra en una entrevista con La Hora de la 1.
La ministra explicó que de la elección del vehículo para elevar la fiscalidad de las eléctricas dependerá también la forma legal en que se apruebe. Es en este aspecto donde han surgido las principales diferencias en el Gobierno, con varias alternativas para abaratar el precio de la energía y frenar el impacto del encarecimiento en los ciudadanos.
Para la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la solución ideal pasa por subir diez puntos la tasa del Impuesto sobre Sociedades a las grandes energéticas, con el objetivo de elevar la recaudación en entre 1.500 y 2.000 millones de euros. Montero no ha entrado a matizar el diseño de la medida pero está de acuerdo con el “contenido y objetivo” del recargo tributario.
Toda esta inversión social y ecológica no puede pagarla la ciudadanía en este momento tan complicado.
— Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) June 20, 2022
Las grandes empresas energéticas deben hacer una contribución extra. Proponemos incrementar 10 puntos el tipo de sociedades para recaudar entre 1.500M y 2.000 M€.
¿Impuesto de Sociedades o presupuestos?
La fórmula todavía es una incógnita. Montero ha respondido a la propuesta de Díaz de hacerlo a través de un tipo especial en el Impuesto de Sociedades asegurando que “a veces no es el que aporta el mayor rendimiento”. La responsable de Hacienda ha matizado también que “la fiscalidad no siempre se puede regular a través de un decreto ley o del proyecto de presupuestos”. "Dependiendo del camino final que elijamos podremos utilizar o no ese vehículo. Lo más importante es que sea lo más rápido posible y que se pueda aplicar al inicio de un ejercicio fiscal, que es lo más ordenado", ha explicado Montero.
Por su parte, los agentes sociales ya se han pronunciado sobre la confirmación de Montero de “estar trabajando” en este mecanismo. Como viene siendo habitual, CEOE ha rechazado la mayor presión fiscal a las eléctricas mientras que la parte sindical ha celebrado el avance. Sin embargo, consideran que la medida no es suficiente por el encarecimiento actual de los precios de la energía.
"No estamos hablando de beneficios legítimos, estamos hablando de usura y contra la usura el Gobierno tiene la obligación de actuar", ha defendido Pepe Álvarez, secretario general de UGT, alegando que "España más pronto que tarde tiene que contar con una empresa pública de generación eléctrica". Para el líder de UGT, este sería el camino para “liberar de esta dictadura de las eléctricas que están robando a los ciudadanos”.
