Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, ha asegurado que es necesario asumir un impuesto a las eléctricas que grave sus beneficios empresariales extraordinarios “ya, no en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), ahora mismo”. Además, ha afeado que “las tres grandes eléctricas de nuestro país, en este ejercicio, han visto implementados sus beneficios, antes de impuestos, en un 47%. Esto quiere decir que se está produciendo la mayor transferencia de rentas desde la ciudadanía a las eléctricas”.
Díaz ha recordado que “estamos en una posición económica de enorme incertidumbre y, desde luego, ahora sí que ya toca que los que más tienen más aporten. No es nada extraordinario, es un mandato constitucional, artículo 31”. Además, la vicepresidenta ha recordado que esta posición la está asumiendo “la OCDE, el documento de la Comisión Europea del 8 de marzo y muchos países, porque es necesario”.
Estas palabras de la ministra se han producido después de conocer que la excepción ibérica que topa el gas ha conseguido frenar el incremento del precio de la factura de la luz, pero ha aumentado con respecto al día anterior por la compensación a las eléctricas. El consumidor pagará este miércoles a 224,86 euros el megavatio hora (MWh), a pesar de que su precio real en el mercado es de 240 euros/MWh. Esta diferencia supone un ahorro del 6%, que podría ser del 22,6% de no ser por la compensación a las eléctricas, que asciende hasta los 59,27 euros/MWh.
En consecuencia, la compensación a las eléctricas, asumida por los consumidores, diluye el tope al gas que, si bien consigue reducir el precio con respecto al coste real, no logra en su primer día de aplicación reducir la tarifa. Esta contraprestación que se otorga a las eléctricas, a pesar de que cuentan con beneficios extraordinarios, ensombrece los resultados de la medida conseguida en Europa y provoca que el consumidor deje de ahorrar un 16% en su tarifa (de un posible 22% al 6% tras compensación).
No obstante, Díaz ha indicado que la senda que se está siguiendo por parte del Gobierno, a través de las políticas aprobadas, es positiva. “Estamos bajando los precios, pero tenemos que continuar tomando medidas”, ha destacado. Por último, ha dejado claro que implementar dicho impuesto a las eléctricas no es una cuestión jurídica, al ser preguntada por las reticencias del PSOE a hacerlo, sino de voluntad política. “Todo es posible cuando hay voluntad política”, ha zanjado la ministra de Trabajo.
