Varapalo judicial de envergadura a la reforma energética del Gobierno del PP. El Tribunal Supremo considera de dudosa constitucionalidad los cambios legislativos sobre las energías renovables diseñados por el ministro de Industria, Turismo y Energía, José Manuel Soria, y ha dado de plazo a las partes 10 días para que presenten alegaciones a la decisión de llevar al Tribunal Constitucional el litigio. El mero hecho de que el Supremo dude de la inconstitucionalidad de los recortes de Soria a las renovables es un correctivo en toda regla al Gobierno.

La retroactividad, punto débil
Lo advirtieron las empresas de renovables y expertos juristas, la retroactividad fijada por el Gobierno en los cambios de ayudas podía ser ilegal al vulnerar los principios de seguridad jurídica. El Ministerio de Industria, agobiado por el enorme agujero del déficit de tarifa, no solo creó nuevos impuestos energéticos y cercenó las ayudas a las energías renovables, sino que aplicó este criterio con carácter retroactivo paras no pagar las ayudas pendientes, algo que los operadores del sector reclamaron judicialmente en tribunales españoles y europeos.

Concretamente el Supremo considera que se pudieron vulnerar los principios de "seguridad jurídica" y de "confianza legítima" del artículo 9.3 de la Constitución; pero también cuestiona que otras disposiciones de la reforma energética, como no fijar un calendario transitorio de entrada en vigor, generó "un período de incertidumbre" en el que las empresas afectadas quedaron "abocadas a desarrollar su actividad sin conocer el régimen jurídico y retributivo que les va a ser de aplicación en ese período intermedio".