La noticia se conocía en las últimas horas, el Juzgado de Instrucción Número 5 de León ha imputado a los 33 miembros del Consejo de Administración de Caja España en el año 2009, tras la denuncia presentada por Izquierda Unida y Ecologistas en Acción a raíz de créditos millonarios concedidos a varias empresarios de la construcción, entre ellos quien además presidía la antigua Caja, Santos Llamas. Los denunciantes aseguran que esas decisiones causaron un perjuicio claro a la entidad porque hubo más de 60 millones de euros en impagos que el 'banco malo' (Sareb) acabaría comprando como activos tóxicos por 24 millones de euros. Entre los imputados hay 4 políticos del PP y uno del PSOE que son candidatos a las próximas elecciones municipales. El PSOE ya ha anunciado que sacará a su representante de las listas, pero el PP se niega.



Pesos pesados
La imputación cayó como una bomba tanto en el PP como en el PSOE porque se produce a menos de dos meses de las elecciones municipales y autonómicas, pero la reacción ha sido distinta. El PSOE ya ha señalado que sacará de la lista a su único imputado, Juan francisco Martín, que va como número 3 en la lista al ayuntamiento de Valladolid, sin embargo el Partido Popular se niega a hacerlo con la excusa de que "no están imputados" sino citados a declarar judicialmente. El escrito del Juzgado no deja lugar a dudas, las 33 personas que integraban el consejo de administración de CajaEspaña en el 2009 están imputadas.

El partido Popular se enfrenta a una situación muy complicada porque tiene a 4 imputados que figuran en candidaturas a las próximas elecciones, entre ellos el Presidente de la Diputación de Zamora y presidente del partido en esa provincia, Fernando Martínez Maillo, el alcalde de Medina, Artemio Domínguez, el portavoz del PP en el ayuntamiento de Ponferrada, Juan Elicio Fierro, el actual procurador en las cortes regionales, ex Presidente de la Diputación de León y número 8 en la lista del PP a la alcaldía de León en las próximas elecciones, Javier García Prieto.

Penas de entre 4 y 6 años de cárcel
El Partido Popular tenía la mayoría electoral y por tanto el control de CajaEspaña y colocó como presidente de la entidad a un constructor, el empresario Santos Llamas, un nombramiento que hubiera sido polémico en cualquier otra Comunidad, pero en Castilla y León el PP puede hacer y deshacer lo que le venga en gana.

La cuestión es que en 2009, cuando pinchó la burbuja inmobiliaria, la antigua Caja concedió créditos a varios constructores y, entre ellos a su propio presidente que obtuvo créditos muy ventajas  para salvar a sus otras empresas.

Los peritos del Banco de España certificaron la existencia de "deficiencias en los informes de concesión de créditos" así como "incumplimientos de los límites prudenciales y porcentajes máximos de financiación sobre los valores de tasación".

La denuncia presentada por IU en 2011 señala que  el presidente de la Caja, Santos Llamas consiguió préstamos para sus empresas, hipotecarios y ampliaciones de préstamos por un importe de 70 millones de euros. Los imputados, de abrirse juicio, se enfrentarían a penas de entre 4 y 6 años de cárcel.