La economía, principal punta de lanza del Gobierno de coalición durante la anterior legislatura, vuelve a protagonizar el Consejo de Ministros de este martes. Después de que el pasado 6 de febrero se aprobase la subida definitiva del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), el anteproyecto de reforma del Estatuto de los Trabajadores, la subida del mínimo exento del IRPF y medidas en materia de sequía y agricultura, la coalición vuelve con más medidas económicas. La primera de ellas, la nueva senda de déficit, es obligada por veto del PP; la segunda, los avales ICO para nuevas viviendas, el cumplimiento de una promesa.
Senda de déficit
El pasado miércoles, los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de administraciones públicas y de cada uno de los subsectores en periodo 2024-2026 decayeron en el Senado por el voto en contra del Partido Popular (PP). Los conservadores cuentan con una mayoría absoluta en la Cámara Alta y la hicieron valer, pese a que con ello perjudicaban a las comunidades autónomas y ayuntamientos gobernadas por miembros del partido. El texto había recibido el apoyo en el Congreso de los Diputados, pero los de Alberto Núñez Feijóo se han propuesto torpedear los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Las víctimas colaterales de la estrategia del PP son las administraciones locales y autonómicas, que han diseñado sus cuentas anuales con la senda de déficit más liviana que Hacienda había pactado con Bruselas. Más en detalle, establecía una reducción progresía del déficit nacional al 3% en 2024, pasando al 2,7% y el 2,5% en los dos cursos siguientes. Para el resto de subsectores, se aflojaba la exigencia para las comunidades, pasando a ser del 0,1% en vez de la estabilidad exigida en la anterior senda, y se establecía la estabilidad para los ayuntamientos, lejos del superávit del 0,2%.
El decaimiento de esta senda perjudicará a territorios como Andalucía, donde la Junta ha aprobado sus presupuestos basándose en un 0,1% de déficit. Ahora, el Ejecutivo de Juan Moreno Bonilla podría tener que realizar un ajuste de hasta 200 millones de euros para adaptarse a los parámetros remitidos a Bruselas en abril, los que según Hacienda entraría en vigor si se produce un nuevo veto del PP. Desde la consejería de Hacienda andaluza ha quitado peso a esta posibilidad, que ya se esperaba, pero lo cierto es que supondrá una merma de centenas de millones para gasto público.
Avales ICO
Otra de las políticas que sacará adelante este martes el Consejo de Ministros será la línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO), destinada a jóvenes y familias con menores a cargo y dotada con 2.500 millones de euros para el acceso a la entrada de la compra de una vivienda. Esta controvertida política, que supone un espaldarazo y una salvaguarda para las entidades bancarias ha generado polémica. La entrada que se avalará será del 20% del total de la compra y está pensada sobre todo para a menores de 35 años con ingresos anuales inferiores a 37.500.
Esta política se conoce desde mayo del pasado año, cuando en plena precampaña electoral para elecciones municipales y autonómicas el líder del PSOE, Pedro Sánchez, la comunicó en un mitin en Santa Cruz de Tenerife. Los cálculos del Ejecutivo de coalición estiman que la política alcanzará a 50.000 personas. "Esto se lo digo sobre todo a los jóvenes, por si no estáis enterados, para que podáis poneros en marcha con ello a partir del próximo martes", ha confirmado Sánchez.
"Está línea de ayudas va en la dirección de paliar esa falta de recursos previos, pues que en estos momentos en algunas zonas de nuestro país resulta tan caro o más caro el alquiler que la letra de la hipoteca y tal vez no se accede a lo segundo por falta de unos recursos o unos ahorros previos", ha explicado Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana. No obstante, la medida no cuenta con el apoyo de la totalidad de las fuerzas de izquierdas.
Podemos ha anunciado que está en contra y, en consecuencia, la última palabra para sacar adelante la propuesta en su llegada al Congreso podría estar en manos de la única diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido. Desde la formación morada justifican su negativa señalando el regalo de “dinero público a los bancos sin decir que regalas dinero público a los bancos"” que supone avalar hipotecas suscritas con bancos. "De nada sirve que Pedro Sánchez parezca que es el jefe de gabinete de la señora Botín", han destacado desde el partido, que cuenta con cuatro diputados.
