Esta semana, con la presencia de Felipe VI, se clausurará la afamada Cumbre Empresarial de la CEOE, donde decenas de las grandes empresas española pasan por la mesa para exponer sus planes, ideas y peticiones para acelerar la recuperación económica y consolidar su posición competitiva internacional. La cumbre empresarial está siendo el macroevento económico de la semana, por la que están desfilando los principales líderes empresariales del Ibex35, el principal músculo corporativo del país, en un momento en el que se empiezan a perfilar, todavía sin un nivel de detalle suficiente, cuáles serán los planes de relanzamiento de la actividad económica, más allá de los presentados planes de apoyo a la automoción y al sector turístico.

Hacen bien las grandes empresas españolas en salir a la palestra: su papel en la recuperación de la actividad económica va a ser determinante, en un contexto en el que, de acuerdo con la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, lo peor está todavía por venir. Tendremos que estar atentos a cómo los trabajadores acogidos a los ERTE se integran en la vida laboral -algo que ya sabemos que será mucho más complejo de lo que nos imaginamos- y deberíamos estar preparados para recibir más malas noticias como las recibidas con el cierre de las plantas de Nissan y Alcoa. Las grandes empresas españolas reclaman un entorno empresarial más amigable, con mayor seguridad jurídica y, como no, con bajos impuestos. Más allá de declaraciones afirmando el importante papel de las empresas para luchar contra el cambio climático y a favor de la sostenibilidad, el sector empresarial español ha mantenido invariablemente la misma posición se trate de la crisis de la que se trate: más flexibilidad laboral, un entorno jurídico favorable, menos impuesto, y cuando vienen mal dadas como es el caso actual, apoyos del sector público. En otras palabras: dado que, desde su punto de vista, el sector empresarial es el que crea y mantiene el empleo, todo apoyo es poco y cualquier limitación es innecesaria. De esta manera, proponen al mismo tiempo mantener el esquema de apoyo a los ERTE -que cuesta alrededor de 5000 millones de euros al mes-, bajar los impuestos, y equilibrar el presupuesto. Una ecuación de difícil cumplimiento.

Quizá haya llegado un “momento Kennedy” para las grandes empresas. El momento en el que dejen de preguntarse qué puede hacer España por ellas y comiencen a preguntarse qué pueden hacer ellas por España.

En España, el sector empresarial, salvo una pequeña muestra, no destaca particularmente por su dinamismo. La mayoría de nuestras empresas son muy pequeñas, tienen una estructura financiera muy débil, son poco innovadoras, y mantienen unos estándares de gestión muy poco profesionalizados.

La gobernanza empresarial española no destaca ni por su calidad, ni por su diversidad: de acuerdo con el IESE, un 37% de las empresas con más de 100 trabajadores no tiene ninguna mujer en su consejo de administración, mientras que en el IBEX35, la presencia de mujeres en los consejos de administración se sitúa en uno de cada cinco puestos, cerca, pero por debajo, de la media europea. De acuerdo con el World Management Survey, el promedio de buenas prácticas y sofisticación de la gestión empresarial en España se sitúa a mitad de la tabla, por debajo de países como Chile, Portugal y todos los grandes países de la Eurozona, y sólo por delante de Grecia de entre los participantes de la Unión Europea. Pese a los avances acaecidos en materia de gobierno corporativo en los últimos años, subsisten en España numerosos retos en este ámbito.

En definitiva, las empresas españolas que se reúnen en la cumbre empresarial hacen bien en preguntarse qué pueden mejorar ellas mismas en materia de gobernanza corporativa, profesionalización de la gestión, integración de la sostenibilidad social y ambiental, y participación activa en los esfuerzos de la recuperación. El año pasado, el Business Rountable de Estados Unidos sorprendió al mundo haciendo una declaración revolucionaria sobre el papel de las corporaciones norteamericanas en el mundo, y el Foro Económico Mundial ha avanzado en la misma dirección: el propósito de las empresas debe ser compatible con el bienestar de la comunidad en la que desarrollan sus tareas. En España, el catedrático Antón Costas aboga abiertamente por un nuevo pacto social empresarial, que redefina las relaciones de las empresas con su entorno y con sus trabajadores, proveedores y clientes, un nuevo contrato social que permita contribuir activamente a recomponer las relaciones económicas y sociales en un mundo en profunda transformación.

Ojalá veamos una declaración similar de las grandes empresas españolas, donde se comprometan activamente en la reconstrucción de una economía más dinámica, sostenible y justa. Sería un mensaje magnífico en un momento en el que la confianza en el futuro flaquea y donde su participación en los esfuerzos de reconstrucción es absolutamente imprescindible. Ojalá un momento Kennedy en nuestro sector empresarial.