Los datos personales que “regalamos” a menudo a plataformas y redes sociales, sin pararnos a leer las condiciones y avisos de privacidad, son extremadamente valiosos para las empresas. Con ellos pueden conocer datos como nombre, apellidos, edad o lugar de residencia así como preferencias y datos de consumo.

Pero, ¿tienen un valor cuantificable?

Según los expertos, sí. Eduard Blasi, profesor del posgrado de Protección de Datos de la UOC, justifica las adquisiciones de las grandes tecnológicas como Facebook y Google por la compra de datos de usuarios y no por la estructura tecnológica. “Lo que realmente tenía valor era el número de usuarios que tenían detrás”, explica el experto.

Por ejemplo, cuando Facebook compró la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp hace cinco años por 21.800 millones de dólares tenía como valor último el acceso a estos datos. Y lo mismo ocurrió con Google en el momento de la adquisición de YouTube por 1.650 millones de dólares.

Aunque no hay cifras oficiales del valor exacto de la cantidad ingente de datos personales que hay circulando por la red, algunas investigaciones nos acercan a la realidad del valor cuantitativo de los datos. “Todo tiene un precio, incluso en Internet”, afirma Blasi.

En la 'dark web' se venden datos por 870 euros

Es el caso de la investigación llevada a cabo por la compañía británica Experian, que ha cuantificado el valor de los datos de usuarios en el mercado negro de Internet (dark web). En concreto, un perfil global que incluya datos financieros, los datos de acceso a las cuentas de Amazon y Paypal y los de sus perfiles en redes sociales se venden por 870 euros.

“A veces cometemos un error al pensar que, por ejemplo, una aplicación o un software debe ser gratis por el mero hecho de que sea intangible, sin considerar los costes que hay detrás de servidores, estructura técnica, personal que actualiza los sistemas, etc.”- explica Eduard Blasi – “La realidad es que en el ecosistema de Internet si no lo pagamos de forma directa lo acabamos pagando de forma indirecta con nuestros datos o, incluso, metadatos. La creencia de que todo es gratis es una utopía”.

Desde el punto de vista de los expertos, los productos y servicios de Internet deberían ofrecer una condiciones más claras para el usuario para evitar fraudes y engaños posteriores. Por ese motivo, en mayo de 2018 empezó a aplicarse el nuevo Reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea.

Según datos de la Comisión Europea, en 2018 el 71% de los europeos compartía sus datos en Internet pero solo un 15% de ellos sentía que tenía el control sobre la información compartida.

“Lo que busca la legislación al regular la protección de datos es en definitiva dar el poder de control y disposición de los datos al usuario, de forma que tenga la posibilidad de saber exactamente qué datos tiene en cada sitio y poder retirar los que considere oportunos en cualquier momento”, asegura el profesor experto.

Sin embargo, la teoría no es lo mismo que la práctica. En la realidad es más complicado ejercer el control de los datos, especialmente cuando se trata de plataformas gratuitas. “No obstante, la incorporación de los principios de privacidad en el diseño y por defecto del nuevo reglamento europeo facilitará, sin duda, que el usuario recupere este control sobre sus datos”, afirma Blasi.

"Los datos son la gasolina del siglo XXI"

Como usuarios de Internet no somos conscientes de todo lo que contamos sobre nosotros mismos con solo un clic y, en consecuencia, de todo lo que las empresas saben de nosotros y pueden utilizar para su propio beneficio. Pero los expertos sí que son conscientes.

De hecho, Sergio de Juan-Creix, profesor de Derecho del grado de Comunicación de la UOC y experto en derecho digital, considera los datos personales como “la gasolina del siglo XXI”. “Por un lado, la publicidad digital se ha sofisticado con el análisis del perfil de los usuarios permitiendo teledirigir publicidad a un público específico de forma que esta se hace más efectiva», explica el experto.

Por otro lado, es indudable la importancia de la publicidad en una sociedad de consumo como en la que vivimos. Además, la revolución digital necesita el intercambio de datos para funcionar y adaptarse, solo así se pueden crear ciudades más sostenibles o conseguir que la tecnología facilite nuestra vida diaria según nuestros patrones de comportamiento, siempre teniendo el control para tomar decisiones informadas.

“Si una gran empresa se enriquece con mis datos, es lógico que quiera una parte de los beneficios o, al menos, recibir algún servicio o ventaja a cambio. De la misma forma que si se utilizan mis datos para un proyecto de sostenibilidad en mi ciudad, me gustaría conocerlo para poder participar con conciencia y no tener la sensación de ser espiado como ha sucedido recientemente con el estudio sobre movilidad que llevó a cabo el INE”, señala Sergio de Juan-Creix.

Europa dice no a comercializar con los datos personales

Frente a lo que las empresas ya están haciendo (comercializar con nuestros datos personales) y que previsiblemente seguirán haciendo en el futuro, el Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD), se muestra contrario a convertir los datos personales en una mercancía sujeta al mercado de la oferta y la demanda ya que se trata de un derecho fundamental de los ciudadanos.

Según de Juan-Creix, esta postura no resulta acorde con la realidad actual. “Es incuestionable que los datos tienen valor económico, basta con fijarse en el hecho de que las principales empresas del mundo se alimentan a base de datos, mientras que a los usuarios se nos impide obtener beneficios de ellos. Además, el hecho de que sea un derecho fundamental no debería bloquear la posibilidad de que tuvieran una vertiente patrimonial, como sucede por ejemplo con los derechos de imagen, que también son un derecho fundamental”, defiende el experto.

Una posible solución sería “empoderar a los usuarios”, es decir, informarlos y hacerles responsables de la decisión de participar o no en iniciativas que impliquen el tratamiento de sus datos personales o incluso, poder recibir una contraprestación por ello.

“El objetivo es hacer una sociedad más justa, más informada y más colaborativa en la que todas las partes, incluida la sociedad en su conjunto, ganen”, concluye el profesor de Derecho del grado de Comunicación de la UOC.