La educación concertada en España surgió con el objetivo de llevar la enseñanza a todas las partes de España, especialmente en aquellos lugares donde la educación pública no podía llegar. Sin embargo, la inversión en este tipo de centros, que supone el 17% de todo el gasto público en educación del país, no ha sido capaz de implantar un sistema educativo igualitario ni de aumentar el acceso educativo, sino que ha creado centros marcados por la segregación socioeconómica, por el cobro de cuotas ilegales y por el incremento de los centros católicos.
Según expone El Orden Mundial, el curso 2021-2022, última fecha de la que existen datos, había en España más de 28.000 centros educativos no universitarios. De los 67,5% del total que son de de titularidad pública, 5.428 de ellos tenían todas o parte de sus enseñanzas bajo concierto. Esta cifra corresponde a más de un 19% de todas las escuelas de España. Las restantes quedan bajo el ala de la privada.
A su vez, cabe destacar que el trasvase de fondos públicos a estos centros no es homogéneo en todas las comunidades autónomas. Mientras que las administraciones de País Vasco, Madrid y Cataluña llegaron a dedicar en dicho curso el 28%, 27,3% y 21% respectivamente de sus presupuestos públicos para educación no universitaria a este tipo de centros, el presupuesto en otras regiones como Castilla-La Mancha, Extremadura o Canarias no alcanzó el 10%.
El 30% de los alumnos españoles han acudido a estos centros
La escuela concertada ha acogido aproximadamente al 30% de los estudiantes españoles a lo largo de las últimas décadas, aunque de igual modo que con el presupuesto, estos datos varían mucho entre regiones. Por ejemplo, en el País Vasco, la cifra escala hasta la mitad de los alumnos de la región, mientras que en Castilla-La Mancha está por debajo del 20%. La despoblación se suele traducir en un único centro público por pueblo o varios pueblos. La escuela concertada, por contra, se concentra en ciudades con población densa y zonas de rentas elevadas.
Además, se produce un factor de retroalimentación en este sentido: son precisamente las zonas del país en las que existe mayor renta per cápita en las que existe mayor presencia de escuelas concertadas, según datos de Save The Children. En este sentido, y aunque está estipulado legalmente que estos centros garanticen la educación de forma gratuita y únicamente pueden cobrarse de manera voluntaria las actividades extraescolares, las familias con hijos matriculados en centros concertados pagan de media al año más de 1.600 € en comunidades autónomas como Cataluña. El argumento aportado acostumbra a ser que no reciben suficiente financiación, y Esade expone que el porcentaje de escuelas que cobran cuotas asciende hasta el 75%. Además, la probabilidad de la existencia de estas cuotas y su precio va al alza, precisamente, en centros con mejor financiación pública: País Vasco, Madrid y Cataluña, regiones citadas como aquellas en las que la educación concertada recibe mayor presupuesto, son las que cuentan con las cuotas más altas de cobro a las familias.
El 98% de los centros concertados cobra cuotas
Según el último estudio de Cuotas y Precios en Colegios Concertados de la Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE), hasta el 98% de los colegios concertados encuestados de Cataluña imponen un tributo a las familias, número que asciende al 99% en caso de la Comunidad de Madrid y a la completa totalidad en el País Vasco. La mitad de los madrileños cobran más de 150 euros al mes, mientras que los catalanes imponen una cuota de 250 euros mensuales. La voluntariedad de estas cuotas, recogida en la última ley de educación o LOMLOE, brilla por su ausencia.
Además, en el caso específico de la Comunidad de Madrid, los centros concertados deben, de acuerdo a la orden publicada en el BOCM el 22 de diciembre de 2023, "publicar en sus páginas webs el listado y precio de todas las actividades, extraescolares y servicios complementarios del curso anterior y los previstos para el nuevo curso de cara a garantizar la plena libertad de elección de las familias". Más de la mitad de los centros, en sus páginas web, omiten esta obligación.
Así las cosas, y aunque el gasto público en educación concertada en España ha pasado de 5.779 millones en 2011 a 7.459 millones en 2022, este servicio no está sirviendo para garantizar su propósito original, sino que simplemente ha servido para perpetuar un sistema desigual y brechado.
