La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha confirmado que en septiembre tendrá lugar una “gran movilización en Madrid” con la intención de “trasladar al Ejecutivo el malestar” de los empleado públicos. El sindicato exige una actualización de los salarios por el repunte de la inflación, que alcanza en su último dato un 10,2%, y de la inflación subyacente (5,5%).

El sindicato acusa al Gobierno de ignorar "las legítimas reclamaciones salariales de trabajadoras y trabajadores, tanto de la empresa privada como de las administraciones públicas, para afrontar los niveles de inflación y su repercusión en la cesta de la compra". Por estos motivos, insta al Ejecutivo a "dar ejemplo a la empresa privada" con una subida salarial en las administraciones.

Debido a que la subida de la inflación está afectando a los trabajadores de todos los sectores, disminuyendo su capacidad adquisitiva, a pesar de que CSIF es un sindicato dedicado al sector público, la concentración se extenderá a trabajadores de la empresa privada y al resto de la ciudadanía, según ha trasladado la organización sindical en un comunicado.

El sindicato lamenta la posición del Grupo Parlamentario Socialista tras el Debate sobre el Estado de la Nación, porque “rechazó en bloque otra propuesta de resolución en la que se reclamaba un pacto de Estado por los servicios públicos para mejorar la financiación de la educación, la sanidad y lo servicios sociales, así como la ratio de profesionales, entre otros puntos”.

La resolución, presentada por Unidas Podemos y rechazada por el PSOE, planteaba la actualización de las retribuciones de los empleados públicos. Esa revisión elevaba los salarios de acuerdo con la inflación prevista, más un porcentaje que permitiera recuperar en dos años la pérdida del poder adquisitivo de 2022.

CSIF ha recordado que los socialistas rechazaron en bloque otra propuesta de resolución en la que se reclamaba un Pacto de Estado por los servicios públicos. Ante esa posición, el sindicato ha manifestado su preocupación "por el deterioro de los servicios públicos en ámbitos fundamentales del Estado del Bienestar, como la sanidad o la educación, por falta de inversión, medios materiales y escasez en las plantillas”.