La semana pasada, y con gran júbilo por parte de las redes internacionales de justicia fiscal, la Asamblea General de las Naciones Unidas dio su aprobación a una resolución que sanciona el despliegue del proceso de negociación, redacción y ponderación relativa a la formulación de una Convención Marco de las Naciones Unidas para la cooperación tributaria internacional. Este progreso se inserta en el contexto de los esfuerzos desplegados por las Naciones Unidas para facilitar la financiación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, contener el cambio climático y promover el desarrollo económico y social, de acuerdo con lo establecido en la Declaración de Addis Abeba y la Agenda 2030, que apuntan a la necesidad de reforzar las capacidades fiscales de los países y a reforzar el régimen internacional necesario para llevar a cabo dicho objetivo.

La cooperación económica internacional experimenta de esta manera un avance de magnitud al intentar responder a retos tales como las estrategias fiscales de empresas multinacionales que a veces rallan la mera evasión fiscal, la presencia de jurisdicciones con regímenes fiscales sumamente benevolentes o incluso nulos, entre los que cabe incluirse los paraísos fiscales, y las nuevas dinámicas inherentes a la economía digital, factores que minan de manera sustantiva las aptitudes tributarias de numerosas naciones. Únicamente a través de la colaboración internacional se torna posible instituir un marco propicio que habilite a los Estados procurarse los recursos fiscales necesarios para asegurar su propio desarrollo, sin depender de otros recursos, y sin caer en la espiral autodestructiva de la competencia fiscal. Sabemos también que la existencia de paraísos fiscales supone un gran agujero mundial por el que se desintegran muchos recursos fiscales.

Las estimaciones sugieren la existencia de hasta 12 billones de dólares en activos ocultos. El desplazamiento de beneficios de unos países a otros se ha estimado en unos costes anuales de hasta 240 mil millones de dólares por concepto de impuestos no percibidos, cifra que representa hasta un 10% de la totalidad de los impuestos desembolsados a nivel mundial por concepto de utilidades empresariales. En el caso específico de España, se calcula que esta magnitud asciende a unos 4800 millones de dólares, más del 15% de la totalidad del impuesto de sociedades recolectado anualmente. En este sentido, la noticia de este proceso es una buena nueva que podría taponar los desagües por los que algunos quieren hacer discurrir la fiscalidad internacional.

Este empeño por poner en marcha la Convención Marco se produce justo unos meses después del acuerdo alcanzado en Julio por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el G20, que viene trabajando desde el año 2012 en el proceso denominado BEPS, con miras a mitigar los efectos adversos de las artimañas fiscales perpetradas por las empresas transnacionales y, muy especialmente, las nuevas multinacionales digitales. Así el pasado mes de julio, la OCDE y el G20 alcanzaron un consenso destinado a establecer un régimen de colaboración tributaria con dos pilares de intervención, que se materializaría en mediante un convenio multilateral cuya entrada en vigor se espera en 2025. Este proceso arrancó con más de 130 países adheridos y recientemente la cifra se sitúa ya por encima de 140 países. Consecuencia de este acuerdo y de la “moratoria” a su aplicación ha sido que los países signatarios se comprometieron a no desarrollar nuevos impuestos dirigidos a cubrir estos objetivos, de manera que, por ejemplo, España ha tenido que retirar su “tasa Google”, que ya no se aplicará en 2024, a la espera de que el nuevo régimen se ponga en marcha.

Aunque pudiera parecer desconcertante e inexplicable que los países que promovieron esta estructura en el seno del G20 y la OCDE, hayan manifestado su oposición a la propuesta ratificada en la Asamblea General, en realidad era bastante predecible que así fuera. Las Naciones Unidas nunca han jugado un papel relevante en la ordenación de la gobernanza económica internacional. Sólo los más veteranos se acordarán de la quiebra que supuso, en los años 70, que la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo aprobara el llamamiento a un Nuevo Orden Económico Internacional, bajo los auspicios de los países no alineados.

En la gobernanza económica internacional, la OCDE, el FMI y el G7 han tenido siempre la batuta, bajo el control y el impulso de los países industrializados, mayoría que no se ofrece en el caso de la Asamblea General de Naciones Unidas. Así, los países industrializados han tenido siempre poca confianza en una estructura que no controlaban plenamente. El papel más relevante de Naciones Unidas en el ámbito económico ha sido el Acuerdo de París y la Convención Marco de Naciones Unidas contra el Cambio Climático. El resto de grandes acuerdos se han producido bien en el marco del G20, la OCDE o las instituciones de Bretton Woods. Sin embargo, en esta ocasión, que se ha desarrollado bajo el impulso africano, la negativa de los países desarrollados a aceptar el proceso de la Convención Marco de Cooperación Tributaria supone un paso en falso, en un contexto en el que la relación de poder económico internacional está cambiando.

Una cooperación tributaria bajo la égida de las Naciones Unidas podría aumentar notablemente la apropiación de los contenidos de dicha cooperación por parte de un mayor número de países, pero, al mismo tiempo, podría reabrir negociaciones que han sido muy difíciles de cerrar en el seno del G20 y la OCDE, cuyo acuerdo ha sido extraordinariamente dificultoso. Sin embargo, nada impide que, si el G20 se considera capacitado para ello, impulse una cooperación reforzada en el marco de su propio proceso y permita una discusión más inclusiva y amplia en el seno de Naciones Unidas, algo que ocurre muy habitualmente en otro sectores donde un grupo de países decide avanzar más que el resto.

En definitiva, puede que el esfuerzo de la Convención Marco sea una nueva brecha en la falta de entendimiento entre un sur que quiere cobrar protagonismo en el diseño de las normas económicas internacionales, y un norte que no quiere o puede compartir su poder. Merecería la pena reflexionar sobre todo ello y pensar en la necesidad de reformular en profundidad una gobernanza económica internacional que ya no responde a la realidad del poder económico mundial… antes de que este régimen estalle definitivamente.