En las últimas semanas hemos acudido atónitos a un debate sin muchos precedentes sobre quién, cómo y cuándo se bajan más los impuestos en España. La carrera de anuncios se realizaba a golpe de declaración pública del líder autonómico de turno, sin aportar en ningún caso un estudio sobre sus efectos tanto en la provisión de bienes públicos como en sus efectos distributivos, ni siquiera sobre el impacto en la economía regional a la que se pretende ayudar con estas medidas. Las medidas se presentaban como un “logro” del partido A o B, cada uno de ellos destinado a sus públicos objetivo. En definitiva, los líderes políticos han dado un extraordinario ejemplo sobre cómo NO se deben hacer las políticas públicas: en vez de basarlas en una adecuada valoración de la realidad y los efectos de las medidas, han obviado cualquier presentación de análisis sobre la conveniencia o no de las mismas. En vez de reposar las decisiones, se han abalanzado en una carrera en la que, como señaló el presidente de Cantabria, nadie quiere quedarse atrás. En vez de buscar el consenso para dotar de estabilidad las reformas que se puedan poner en marcha, intentando capitalizar los resultados para sí mismos. Un espectáculo que parece lamentable.

Lo es más si tenemos en cuenta que hace menos de un año que un grupo de especialistas, grandes profesionales con dilatada experiencia profesional y docente, presentaron el Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria en España, un documento extenso, exhaustivo, sistemático y analítico sobre la realidad de nuestro sistema tributario. Un documento que perfectamente debería servir de guía para desarrollar un debate en profundidad que centrase el tiro de un problema que España no tiene resuelto: qué estado del bienestar quiere, cuánto está dispuesto a pagar por él, qué legado queremos dejarle a las generaciones futuras -en términos de deuda o de compromisos con las pensiones públicas-, cómo se reparten las cargas entre los diferentes niveles adquisitivos, y cómo se impacta en la economía con estas cargas. En definitiva, el documento debería haber sido usado para generar un debate serio, sistemático, formal y riguroso sobre el futuro de nuestro estado social y sobre el futuro de su financiación. Lamentablemente no ha sido así. Desde el momento de su entrega, no se ha vuelto a saber de él.

Pero no es solo el contenido de este informe, sino cualquier análisis medianamente trabajada sobre la situación en la que estamos, como las elaboradas por el Fondo Monetario Internacional, la OCDE o la propia Comisión Europea. Bajar de manera generalizada impuestos ahora mismo puede suponer una medida muy popular, pero en realidad dificulta el control de los precios que siguen muy por encima de lo aceptable. Un trabajador que mañana reciba diez o veinte euros más en su cuenta bancaria estará satisfecho con el gesto, incluso aliviado, pero pronto verá que con esos diez o veinte euros más puede comprar poco, porque el estímulo que representa en términos de consumo se trasladará, en buena parte, a los precios.

También cualquier economista con un mínimo de formación señalará que cualquier bajada de impuestos debe ir acompañada de un recorte del gasto de la misma magnitud, medida en términos dinámicos (es decir, teniendo en cuenta la evolución de la economía en los próximos años). Si se proclaman bajadas de impuestos sin acompañarse con ajustes del gasto, lo que estamos haciendo es incrementar el déficit público respecto de la senda de consolidación fiscal previa. Recordemos que España tiene una deuda pública de alrededor del 117% del PIB, y un déficit todavía lejos de los límites de la estabilidad fiscal.

Esto es, y no otra cosa, lo que está en el origen de la crisis financiera del Reino Unido. Los mercados ya no se fían de bajadas masivas de impuestos que no vienen acompañadas por un recorte equivalente del gasto. Porque si algo ha demostrado la evidencia hasta la saciedad es que las bajadas de impuestos no se autofinancian. En todos -todos, sin excepción- los estudios desarrollados sobre la presión fiscal y la recaudación pública, España se encuentra en la parte ascendente de la mítica “curva de Laffer” (mítica como es mítico Thor, los Unicornios o Sísifo subiendo su montaña). En otras palabras, no hay ningún estudio serio que avale que una bajada de impuestos en España generará mayor recaudación.

En definitiva, cuando se toman decisiones de política económica en contra de la economía, los resultados no son positivos. Podríamos hacer mucho más para evitar estos excesos de analfabetismo económico. Por ejemplo, obligando a que todas las decisiones impositivas fueran evaluadas previamente por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.  En la actualidad, la AIReF desarrolla una evaluación de los presupuestos de las Comunidades Autónomas y del Plan Fiscal del Gobierno, pero de la misma manera, podría emitir una evaluación exante sobre los efectos en el mercado, en las cuentas públicas, y en la distribución de la renta y la riqueza de las decisiones de bajar o subir los impuestos. Una evaluación que, siendo pública, iluminase el camino hacia las reformas tributarias. Coincide que algunas de las medidas tomadas en el paquete fiscal del gobierno han sido hace poco evaluadas por la propia AIReF, pero no es un ejercicio sistemático. Puede que de esta manera las decisiones sobre la política tributaria se tomen menos a la ligera y no se usen como ariete electoral cuando no se tiene nada más que ofrecer los ciudadanos para promover su prosperidad. Esto es, tristemente, lo que suele ocurrir: cuando no se tienen ideas económicas, se recurre al comodín de los impuestos. Y así nos va.