En la era de la Inteligencia Artificial (IA), el debate sobre el papel de las máquinas en el lugar de trabajo y la importancia de preservar el control humano nunca ha sido más crucial. La llegada del programa ChatGPT, a finales del año pasado, es solo un presagio de los cambios que la IA traerá a muchas profesiones. Lo cierto es que, aunque algunos se emocionan ante la perspectiva de eliminar tareas repetitivas y aumentar la eficiencia, otros están preocupados por la deshumanización en la toma de decisiones y las posibles implicaciones para la privacidad de los datos.

Por ello, la discusión sobre la regulación de la IA se ha intensificado y se ha centrado en un principio fundamental, que "ningún trabajador debería estar sometido a la voluntad de una máquina, y debemos garantizar un principio de control humano". Esta afirmación, que recuerda a los tratados europeos que garantizan la salud y seguridad en el trabajo, subraya la importancia de mantener el control humano en un mundo cada vez más automatizado.

El escenario "distópico" al que nos enfrentamos es uno en el que los seres humanos se convierten en simples observadores en lugar de tomadores de decisiones. Por ello, la aplicación de la IA -que puede ser una herramienta poderosa-, debe estar sujeta a límites y regulaciones que eviten que reemplace por completo la participación humana en áreas críticas.

El debate sobre la regulación de la IA no es solo una preocupación ética, sino también económica. De hecho, las empresas más grandes en Europa han experimentado un aumento significativo en sus dividendos, mientras que los sueldos han crecido a un ritmo mucho más lento y la política monetaria restrictiva del Banco Central Europeo (BCE) para combatir la inflación ha tenido un impacto desproporcionado en los trabajadores. Por ello, la solución propuesta es aplicar impuestos a los dividendos y redistribuir la riqueza generada por la IA, asegurando que se creen empleos de calidad donde otros sean destruidos.

En este contexto, es esencial que el gobierno, las empresas y los sindicatos se involucren en un diálogo constructivo para regular las herramientas de IA, algo en lo que la Unión Europea ya está trabajando debatiendo un texto legislativo que busca establecer regulaciones para ciertos usos de la IA, al tiempo que prohíbe prácticas como la "vigilancia generalizada de una población". Un paso necesario para garantizar que la IA beneficie a la sociedad en su conjunto y no solo a unos pocos.

La Inteligencia Artificial tiene el potencial de transformar nuestras vidas y mejorar la eficiencia en el trabajo, pero debemos asegurarnos de que este avance tecnológico se implemente de manera ética y justa. Preservar el control humano y distribuir la riqueza son principios fundamentales que deben guiar nuestra respuesta a esta revolución tecnológica. La conversación sobre la IA debe ser inclusiva y estar centrada en el bienestar de la sociedad en su conjunto.

¿Qué está haciendo Europa?

Para abordar esta problemática, los ministros de Telecomunicaciones y Asuntos Digitales europeos se reunieron este martes en León, bajo la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. Con la dirección de Nadia Calviño, vicepresidenta y ministra de Economía y Transformación Digital, de la reunión emanó un acuerdo para impulsar el desarrollo de una neurotecnología humanista que proteja los derechos fundamentales de las personas y contribuya a la competitividad y la autonomía estratégica abierta de Europa.

Los dirigentes se acogieron a  una Declaración que impulsa la colaboración público-privada para el desarrollo de neurotecnologías ciberseguras, prestando atención a los retos que supone el mismo en ámbitos como la educación, la salud y el ocio. Asimismo, los ministros plantean impulsar un ecosistema dinámico que alinee la I+D+i y el mercado y medidas de acompañamiento e inversión a través de incubadoras y aceleradoras de neurotecnologías en la UE, así como inversiones de capital riesgo o fondos de garantía en las fases de creación y crecimiento de los proyectos. 

En materia de Inteligencia Artificial, una de las prioridades definidas por la presidencia española en esta materia, se está negociando un nuevo reglamento que regule esta tecnología con el objetivo de generar un ecosistema garantista con los derechos, así como un entorno de competitividad europeo estable para proveedores y clientes europeos. Además, se persigue reforzar el marco regulatorio europeo que impulse la innovación garantizando los derechos de los ciudadanos, protegiendo su intimidad y seguridad.