El Banco Central Europeo ha decidido esta semana volver a subir los tipos de interés de la zona euro, hasta alcanzar los 2,5% en su facilidad de crédito, empujando de esta manera el crecimiento del Euribor, que se sitúa ya en el límite del 3%. El objetivo del BCE es precisamente contribuir a encarecer los préstamos y a drenar liquidez de la economía, moderando así el consumo y la inversión y facilitando la moderación de los precios. La institución mantiene una política monetaria restrictiva desde la primavera de este año, cuando las vertiginosas subidas de precios afectaron a las expectativas y plantearon un serio desafío para una política monetaria que llevaba años siendo acomodaticia, con tipos de interés nulos o negativos, para estimular el crecimiento económico. De repente, este año de alta inflación supuso un giro en su orientación política, apuntando a una política monetaria restrictiva para frenar el crecimiento de la inflación y fijar las expectativas de inflación en el medio y largo plazo en torno a sus objetivos, esto es, ligeramente por debajo del 2% anual. La subida acordada viene acompañada, además, de un anuncio de nuevas subidas en 2023, dada la persistencia de la inflación.

Como institución, el BCE no podía hacer otra cosa: su mandato es precisamente este y, para mantener su credibilidad como gestor de la política monetaria, tenía que adherirse a él, evitando cualquier duda sobre su compromiso con la estabilidad de precios. El giro además llegaba en un momento en el que, tras largos años de tipos de interés bajos y una política monetaria ultralaxa, con la extensión de su QE, sembraban ciertas dudas en aquellos más temerosos de ver un Banco Central rehén de la política fiscal -lo que se denomina la dominancia fiscal. No parece haber sido así y la respuesta de la institución podría considerarse incluso sobreactuada, pues todo el mundo sabe que el origen de la inflación en Europa no es debido a un sobrecalentamiento dirigido por la demanda, sino a una inflación de costes provocada por el auge del precio de la energía en el marco de la guerra de Ucrania. En cualquier caso la institución ha seguido la senda de la Reserva Federal -que sí debía frenar una economía con claros indicios de sobrecalentamiento, como lo era la norteamericana- y con ello ha conseguido varias cosas: en primer lugar, reequilibrar el tipo de cambio euro/dólar, que vuelve a estar en cifrar similares a las previas a la crisis de precios. Esta cuestión afecta directamente a la inflación pues los costes energéticos se pagan en dólares, y un euro débil podría haber incrementado los desequilibrios externos y aumentado la incidencia de los precios de la energía en la cesta de los hogares europeos. En segundo lugar, fijar unas expectativas a medio plazo de una inflación más acorde con sus objetivos de política monetaria. Esta adecuación no llegará en 2023, donde la tasa media de inflación de la eurozona se sigue situando, según las previsiones, en el entorno del 4%, bien por encima, todavía, de los objetivos de estabilidad de precios. Y el tercer efecto, no deseado, es contribuir a la desaceleración económica de la eurozona, encareciendo las deudas y el crédito, y lastrando el crecimiento económico, de manera que es muy probable que en 2023 veamos varios episodios de recesión.

No es la primera vez que una autoridad monetaria manda a la recesión a una economía: en los años 80, los tipos de interés de la Reserva Federal llegaron al 16%, provocando una fuerte parálisis en la economía norteamericana. Sin llegar a tanto, Lagarde ya ha señalado cuál es su prioridad y si para frenar los precios debe mandar a Alemania a la recesión, lo hará sin temblarle el pulso.

Tan importante como la subida de tipos es la reducción de su balance: el Banco Central Europeo mantiene ingentes cantidades de deuda pública y privada fruto de sus operaciones de compra de títulos en el marco de sus políticas de expansión cuantitativa. En los próximos meses veremos como ese balance se reduce paulatinamente, metiendo de nuevo presión sobre los títulos de deuda, sobre todo la deuda pública. De momento, y gracias también al anuncio sobre la puesta en marcha del programa de protección de la transmisión de la política monetaria, consistente en compras selectivas para los países donde las primas de riesgo se puedan despegar, los efectos sobre las primas de riesgo de los países del sur de Europa no han sido dramáticos, y la deuda española se ha comportado particularmente bien en comparación, por ejemplo, con la deuda italiana. Pero tendremos que esperar acontecimientos. Afortunadamente nuestra situación de endeudamiento global (público y privado) ha mejorado mucho en los últimos diez años, de manera que estamos en mejor posición para afrontar esta política monetaria más restrictiva, pero no debemos despistarnos. Lo peor que podría pasar es que la subida de tipos, que ya está afectando a las familias por el encarecimiento de las hipotecas, terminase generando problemas en nuestro sistema financiero y nos viéramos envueltos en una situación similar a la que vivimos en la crisis de 2008 a 2013. Estamos todavía lejos de esta eventualidad, pero no por ello debemos dejar de mantenernos atentos ante posibles problemas de impago de hipotecas. Por eso mismo, las medidas que se tomen en este ámbito deben ser muy sensibles a la situación social, económica y financiera, y permitir aliviar las cargas de las familias con extensiones y carencias. Ahora tenemos más herramientas y conocimientos para evitar que lo ocurrido en 2008 vuelva a pasar, de manera que no se nos pueda decir que nadie nos avisó.