Casi 20.000 (19.800) demandas de empleo para apenas unos 200 puestos de trabajo previstos en la primera fase, ha recibido la firma anglosajona Berkeley Energía concesionaria de la mina de uranio ubicada en la pequeña localidad de Retortillo (Salamanca), y que aún no tiene fecha de apertura. La compañía, cotizada en Reino Unido y Australia, ha dado a conocer estos datos para impulsar su proyecto, que ya tiene la autorización de la Junta de Castilla y León, y que también tiene su movimiento en contra, "stop uranio", impulsado por el partido ecologista Equo.

La necesidad de empleo

Retortillo es un pequeño pueblo de la provincia de Salamanca que tiene 241 habitantes, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Con un bello paisaje, ganaderías de reses bravas, alojamientos de turismo rural y un moderno balneario que da trabajo a 68 personas, lucha contra la sentencia de muerte que parece estar escrita para la mayoría de los núcleos rurales de Castilla y León, la despoblación. Y ha aparecido una solución, con detractores y con dudas de que vaya a salir adelante, pero una empresa anglosajona ha anunciado que quiere reabrir la mina de uranio ubicada en la localidad. y las solicitudes para conseguir un puesto de trabajo se han disparado.

Berkeley Energía tiene ya trabajando a 20 personas, los municipios colindantes, ecologistas, Izquierda Unida y el alcalde Lorenzo Calderón (PSOE) se oponen, pero la inmensa mayoría del pueblo quiere la mina o, mejor dicho, quieren puestos de trabajo.

De momento ni financiación ni clientes
El valor bursátil de Berkeley es de 57 millones de euros, sus gestores estiman que cuando la mina esté funcionando valdrá 300 millones, pero de momento no han conseguido la financiación necesaria para arrancar el proyecto. Por otro parte necesitan tener clientes a largo plazo para el uranio destinado a centrales nucleares y ante la perspectiva de cierre de centrales en Europa, sondean mercados asiáticos.

El apoyo

El alcalde es el único de toda la corporación formada por 3 concejales del PSOE y dos del PP, que se opone a este proyecto. “No a la mina, sino al cementerio nuclear que tendrán que construir”, dice Lorenzo Calderón, quien entiende la necesidad desesperada de trabajo “no solo aquí sino en toda España”, pero no entiende que se ponga “la salud de todos” en riesgo. En su opinión la mina podría estar operativa en un año, porque ya tiene los permisos de la Confederación Hidrográfica del Duero.