El ministro de Agricultura, Alimentación y Ambiente de España, Miguel Arias Cañete. EFE/Archivo El ministro de Agricultura, Alimentación y Ambiente de España, Miguel Arias Cañete. EFE/Archivo



La congelación de ofertas de empleo público se justifica en aras de la sacrosanta austeridad, pero el dogma se viene abajo si para suplir a los trabajadores públicos se deriva el dinero a contratar a empresas privadas. Sobre todo si encima esas externalizaciones cuestan el doble de lo que supondría llevar a cabo las mismas labores con medios públicos. Es lo que denuncia Comisiones Obreras, que acusa al ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, de adjudicar contratos a empresas privadas a través de la Conferencia Higrográfica del Tajo para mantener y explotar los embalses por valor de 4.261.244 euros, una cifra que se rebajaría a la mitad si se desarrollase con empleados públicos.

El Ministerio de Medio Ambiente justifica las adjudicaciones por la falta de recursos humanos, pero en vez de pagar la externalización con lo que se ahorran en la creación de empleo público, se presupuesta como "inversiones reales", cuando no se realiza ninguna inversión, según CCOO.

Menos empleo público, más beneficios
"En lugar de crear empleo público se contratan sociedades privadas con el dinero de todos y así se aumentan los beneficios empresariales", denuncia el sindicato en un comunicado. Según sus cálculos, las actividades por las que se contrata a las empresas privadas costaría un 50% menos si hicieran con personal propio de la Administración Pública.

Oferta "agresiva y peligrosa"
Además, la opción pública ofrece "más garantías en la prestación y generando una mayor actividad productiva", mientras que las empresa adjudicatarias -TYPSA, Ofiteco y Sogeosa- realizaron una "agresiva y peligrosa oferta" con un valor un 68% inferior a lo que estimaba la propia Confederación Hidrográfica del Tajo.

300 empleados públicos
El sindicato también denuncia que se pueden presentar duplicidades de funciones por culpa de la falta de concreción de las actividades privatizadas, al ignorar que la propia Confederación tiene más de 300 empleados públicos de todos los niveles de formación y responsabilidad. Por todo ello, CCOO acusa al Ministerio de Medio Ambiente de "un uso inadecuado de los fondos públicos, algo inadmisible en estos tiempos de crisis y recortes".