La vicepresidenta primera y máxima responsable económica del Gobierno, Nadia Calviño, convocaba en la tarde del jueves una reunión de seguimiento con patronales bancarias (AEB, CECA y UNACC), representantes de organismos supervisores como el Banco de España y, entre otros, recibía de nuevo al impulsor de la campaña “Soy mayor, no idiota”, Carlos San Juan, acompañado por representantes de asociaciones de clientes financieros. Una reunión de casi una veintena de personas que terminó con una decisión clave para el sector financiero: la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Banco de España son ahora los encargados de analizar “posibles factores” del mercado financiero por el impacto a los incentivos para la remuneración de los depósitos bancarios. 

Calviño ha encargado a los dos organismos independientes y supervisores el análisis del mercado bancario nacional ante posibles factores que pudieran afectar a los incentivos para ofrecer remuneración a los depósitos en las distintas entidades financieras. Y es que la remuneración de los depósitos del sector bancario ha sido objeto de críticas y declaraciones cruzadas entre los grandes del sector financiero y la propia vicepresidenta económica. La última reunión del foro de buenas prácticas financieras ha terminado con un árbitro -dos, mejor dicho, la CNMC y el Banco de España- ante las posturas aparentemente enfrentadas de Calviño y la gran banca.

Desde el Gobierno observan una evolución “asimétrica” entre las subidas de los tipos de interés de los créditos y la remuneración de los depósitos en el sector financiero nacional. En concreto, el departamento de Calviño critica que “existe una traslación menor del incremento de los tipos de interés de los depósitos en comparación con episodios anteriores y también con los principales países de nuestro entorno”. Una postura que la máxima responsable económica ha dejado patente públicamente en las últimas semanas frente a la libertad a la que se acogen los bancos.

Para hacer frente a esta situación y asegurar la “adecuada competencia” en el sector bancario -defienden desde la vicepresidencia económica- serán la CNMC y el Banco de España como organismos independientes quienes se encarguen de controlar la situación. Tras la designación de estos dos árbitros, serán estos quienes tendrán que profundizar en su estudio sobre el impacto del gravamen a la banca, con el objetivo de identificar factores ligados a la estructura y funcionamiento del mercado bancario con un posible impacto directo sobre la remuneración de los depósitos.

Las medidas para impulsar el acceso financiero funcionan

La remuneración de los depósitos de los gigantes financieros españoles no ha sido el único tema a debate en la mesa en la que se han sentado hasta 20 representantes del sector bancario. Además de poner una solución al caso de los depósitos, el foro ha avanzado en medidas para mejorar la atención financiera a todos los usuarios, especialmente a aquellos con dificultades de acceso o en riesgo de inclusión financiera.

Desde el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital aseguran continuar trabajando para eliminar “cuanto antes” las comisiones a los mayores de 65 años a la hora de retirar dinero en efectivo en ventanilla. También en este caso ha emplazado al Banco de España y a las patronales financieras a trabajar de forma conjunta hasta el próximo mes de septiembre para ampliar el ámbito de protección a los deudores hipotecarios. Una medida aprobada en noviembre de 2022 en Consejo de Ministros, con el acuerdo del sector financiero, pero con poca incidencia en la práctica, tal y como revelan las cifras reveladas por las patronales bancarias como por las entidades financieras individuales.

Sin embargo, Calviño ha cifrado en 33.000 solicitudes de adhesión al Código de Buenas Prácticas hipotecario hasta el mes de mayo, según los últimos datos disponibles, con adhesiones especialmente relevantes en el caso de la ampliación del plazo de congelación de cuota hipotecaria y en la conversión de hipotecas de tipo variable a tipo fijo. De las 33.000 solicitudes totales, 19.000 corresponden al Código de Buenas Prácticas de 2012 reformado en noviembre de 2022 para proteger a las familias vulnerables con hipotecas a tipo variable. Unos datos que la propia Calviño ha llamado a tratar con “enorme cautela” por no estar “totalmente contrastados”, todavía pendientes del visto bueno del Banco de España como organismo superior.

Desde el Gobierno celebran que esta reunión ha permitido constatar los avances en materia de atención personalizada a las personas mayores y con discapacidad. Medidas que se han materializado en la práctica con mejoras en la atención presencial, con horarios especiales de atención al público, acompañamiento en los cajeros, accesibilidad de los medios físicos y digitales, así como formación y cumplimiento del compromiso suscrito en marzo para mantener las cartillas o libretas de ahorro de los mayores. Un protocolo aprobado en febrero de 2022 y que, incluso desde el punto de vista de las patronales bancarias, ha cumplido los objetivos de asegurar la inclusión financiera de la sociedad en su conjunto.

Inclusión rural: la España vaciada cuenta con 443 municipios menos sin banco

En materia de inclusión rural, la cartera dependiente de Calviño asegura que 100.000 personas han visto mejorado el acceso a los servicios financieros en el ámbito rural. Una cifra que prevé aumentar en los próximos meses con las medidas ya en vigor para llegar a 170.000 clientes en el ámbito rural. Las mejoras en financiación rural se traducen en la práctica en una reducción de la población que no tiene servicios financieros presenciales hasta el 1% de la población, en alrededor de 495.000 personas en zonas rurales. Desde las patronales bancarias celebran que ya son 443 municipios menos sin acceso a servicios bancarios presenciales.

La inclusión financiera de la sociedad y el avance en ayudas para el pago de la hipoteca aparecían en el orden del día como principales temas a tratar. De hecho, el Gobierno ha propuesto nuevas medidas para asegurar el acceso hipotecario de los clientes -ante el repunte del euríbor hasta el 4% y las posibles nuevas subidas de los tipos de interés en el futuro más próximo por parte del BCE- para proteger a los clientes hipotecarios con la extensión automática durante tres años de las hipotecas a tipo variable en la adquisición de primera vivienda. Una propuesta ante la que, aseguran, el Banco de España ha calificado de “prematura” y se emplaza a esperar para conocer los datos con mayor profundidad.

Las asociaciones de usuarios, también presentes en la reunión y representadas en ASUFIN, la Plataforma de Mayores y Pensionistas y el propio Carlos San Juan, han recalcado la importancia de aprobar la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero “cuanto antes” para completar el marco actual de protección a los clientes bancarios. En este caso, Calviño ha reiterado su compromiso con el proyecto y defiende que instará al resto de partidos políticos a tramitar de forma urgente el proyecto de Ley, en los términos que ya habían sido recogidos con un amplio consenso parlamentario.