La Comisión Europea (CE) alerta del alto nivel de deuda pública a través de un informe. En el documento Bruselas evalúa las reformas emprendidas por los estados miembro de la Unión Europea e incide en los desequilibrios aún persistentes. Especialmente señala que Italia, Bélgica y Francia se encuentran en la misma situación que España en cuanto a nivel de deuda pública y que todos ellos deberán hacer “progresos rápidos” para conseguir mitigar el avance de las cifras y dejar espacio a inversores temerosos de la situación policial y económica del conjunto.

Sin embargo, respecto a España, Bruselas se muestra preocupada por el elevado nivel de deuda pública y privada a cierre de 2019, que arrastrara al país a un 96 de de vulnerabilidad frente a una posible crisis que estaría salpicada por la todavía elevada tasa de paro y la baja productividad.

De hecho, la CE lleva advirtiendo desde hace meses al Ejecutivo de esta circunstancia y con especial énfasis lo hizo en enero tras la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Sin embargo, pocos avances se han realizado en este campo desde entonces. De hecho, y frente a las reformas programadas para esta legislatura, Bruselas recomienda al Gobierno revisar de nuevo su sistema de pensiones, no revertir la reforma laboral de 2012 y reforzar el marco fiscal.

De hecho, según la Comisión, la propuesta del Ejecutivo de ligar las pensiones al Índice de precios al Consumo (IPC) y desvincular el nivel de la pensión inicial de los cambios en la esperanza de vida, supondría un incremento del gasto público y de desigualdad entre generaciones. Pero, ¿qué otros riesgos importantes considera Bruselas preocupantes para España?

El déficit público previsto, tan sólo bajará del 2,3 por ciento del PIB de 2019 al 2,1 por ciento este año. Una constante en toda la eurozona, de hecho, Bruselas advierte en su estudio que los déficits públicos en la UE, de media, han comenzado a crecer otra vez, en contraste con la tendencia a la baja de los últimos años. Particularmente, en el caso español, vincular las pensiones a la inflación podría suponer también que el gasto aumentara en un 4 por ciento del PIB.

Por otro lado, el informe apunta a que el incremento del salario mínimo progresivo hasta el año 2023 (que se elevó un 22,3 por ciento en 2019) supone un incremento en los costes laborales aunque aún no se haya cuantificado el efecto de esta subida sobre el empleo y las tasas de pobreza. Además, hay que destacar que España es el país de la UE con un mayor número de contratos de trabajo temporal, y que “el riesgo de pobreza y exclusión social sigue siendo alto, en particular frente los niños”, señala el documento. Por ende, el Ejecutivo debería plantearse si quizá la reforma debería ser de modelo y no de salario.

¿Existe algún aspecto positivo?

Sí. España ha avanzado en materia de eficiencia energética y reforzado la capacidad de sus servicios de empleo y sociales. No obstante, una gran asignatura pendiente sigue siendo la medioambiental. Pese a que nuestro país es uno de los más expuestos a los efectos adversos del cambio climático, la CE considera que los ingresos por tasas medioambientales del país “están entre los más bajos de la UE”. Quizá este año, desastres como los vividos en la costa levantina y el continuo azote climático al que ha sido sometido la región de Murcia, hagan pensar Ejecutivo que hay que ponerse las pilas en esta materia de lecciones aprendidas.

Por cierto, la CE le recuerda a España que este informe se ha elaborado sobre la base de unas cuentas prorrogadas, y que Bruselas espera, con ansias y de brazos cruzados, los presupuesto de 2020. ¿Será posible determinarlos antes de 2021?