El próximo 2 de diciembre, los andaluces y andaluzas votarán por undécima vez su parlamento autonómico, que en virtud de su estatuto de autonomía y de la Constitución, sigue su propio ritmo electoral, como Galicia, el País Vasco o Cataluña. Estas elecciones se realizan 36 años después de las primeras realizadas en mayo de 1982, siendo la Comunidad Autónoma, en la que más tiempo ha gobernado el mismo partido (PSOE), seguida por los 31 años continuados en Castilla y León (PP), y los 23 años de gobierno ininterrumpido de gobierno popular en Murcia y Madrid. Es, por lo tanto, una de las comunidades autónomas con más estabilidad política de España.

Echar la vista atrás en la historia económica de Andalucía es interesante para comprender hasta qué punto se ha producido una enorme transformación económica y social en el territorio. Los últimos 30 años de historia económica de España son la historia de la modernización de las estructuras productivas, la liberalización de los sectores económicos atenazados en el regulacionismo de la dictadura, la privatización del sector industrial público y la integración económica en la Unión Europea. Un proceso de aceleración que multiplicó el PIB del país prácticamente por dos, y que corría el riesgo de dejar atrás las poblaciones y territorios que partían de una situación más atrasada. Porque pese a los que señalan los críticos, cuando un país se somete a un proceso de transformación económica como el que ha guiado a España en las últimas décadas -con dos grandes crisis incorporadas- el reto es mantener la cohesión y evitar nuevas divergencias. Andalucía no sólo no se ha quedado descolgada del proceso de transformación de la economía española, sino que ha sido uno de sus motores: entre 1987 y 2017, la economía andaluza ha crecido ligeramente por encima del promedio de la economía española, medida tanto en términos de PIB como en términos de renta per cápita.

De esta manera, hoy Andalucía es una región que ha visto transformarse su estructura productiva, donde la agricultura, que representaba el 22% del empleo en 1982, hoy supone menos del 10% de los trabajos, en un sector modernizado y que produce gran parte de las exportaciones y del valor añadido de la agroindustria española. De tener una población activa muy poco cualificada -en 1982 el 13% de la población activa era analfabeta- a tener un porcentaje de población con titulación universitaria por encima del 30%. Ciudades como Málaga o Sevilla lideran la revolución de las Smart Cities en España, y los clusters tecnológicos como la industria aeroespacial suponen un importante elemento tractor de empleo, conocimiento e innovación. Andalucía es, tras Cataluña, la segunda región más exportadora de España, con más del 10% de las exportaciones totales del conjunto de nuestra economía. En términos de creación de empleo, Andalucía ha experimentado fuertes crecimientos, con una creación de empleo entre 1992 y 2017 muy superior a la media nacional, y tras la crisis económica, la tasa de crecimiento del empleo (14,7%) ha triplicado el crecimiento del empleo en la eurozona (5%). Si atendemos a su calidad institucional, en índice de calidad de gobierno regional de la UE la situaba en 2017 por encima de su PIB per cápita y en consonancia con otras quince regiones usadas como referencia, situación de la que pueden presumir también regiones como Asturias, Galicia o Extremadura pero no Madrid o Cataluña.

Andalucía ha logrado mantener el ritmo de crecimiento y transformación de la economía española con algunos condicionantes que se deben tener en cuenta. En primer lugar, Andalucía ha sido receptora neta de la política de cohesión territorial, tanto nacional como europea. Sin embargo, y pese a lo que se señala en mucha de la opinión pública, no es la principal receptora de este tipo de fondos. De acuerdo con un estudio realizado por Ricardo Pedraz y César Cantalapiedra con motivo del 30 aniversario de Analistas Financieros Internacionales, entre 1986 y 2016, Andalucía ha recibido menos fondos europeos per cápita que Extremadura, Castilla y León, Asturias, Galicia y Castilla La Mancha, y muy similares a los recibidos por Cantabria. Regiones algunas de ellas de las que nadie se atrevería a calificar como “subvencionadas”. Descontando el efecto de los fondos europeos, entre 2001 y 2014, los recursos financieros públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía crecieron por debajo de la media nacional. Mientras que Andalucía representa el 17,9% de la población, en los últimos diez años, Andalucía sólo ha recibido el 12,8% de las inversiones públicas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

Subsisten, por supuesto, numerosos retos y debilidades, que Manuel Hidalgo ha descrito con notable acierto en un reciente post. La crisis económica supuso un notable retroceso de la convergencia lograda con la Unión Europea. Recordemos que, atendiendo a los datos económicos de 2010, Andalucía había logrado salir del grupo de las regiones menos desarrolladas de la Unión Europea. Sin embargo, el descenso del PIB de los años de la crisis económica destruyó gran parte de los avances conseguidos para toda España y, consecuentemente, para Andalucía. Hoy España está más lejos de la renta media de la Unión Europea, y Andalucía también. La región sigue teniendo una tasa de desempleo muy superior a la media nacional, y sus datos de personas en riesgo de pobreza y exclusión social por encima de la media nacional, pese a la fuerte reducción de los años de recuperación -donde en Andalucía redujo su tasa global en seis puntos porcentuales, mientras que España lo ha hecho en dos.

Lo que se juega Andalucía en los próximos años es continuar contrarrestando los efectos de la crisis económica en la cohesión económica y social: Andalucía, que sufrió el fuerte retroceso de la economía española durante la crisis, se enfrenta al reto de retomar la senda de la convergencia y la solidaridad. Para ello, es necesario una política económica audaz y nada complaciente, que sea consciente de las debilidades de la región, pero que conozca su potencial para fortalecer el crecimiento económico innovador y la cohesión social. Con independencia de los resultados del próximo 2 de diciembre, Andalucía debe mirar a su futuro con esperanza, reafirmando su papel como una de las economías regionales más importantes de España, y no por alguna suerte otorgamiento de las comunidades autónomas más ricas, sino, como siempre ha sido desde el inicio de la democracia, por derecho propio.