En España la tasa de inflación a cierre de octubre se ha situado en un 7,3 %, con más de tres puntos por debajo que la media de zona euro que alcanzó el 10,7 %, según los datos publicados por Eurostat. Esta cifra supone un desafortunado récord en la historia inflacionaria de la eurozona.

Uno de los 19 países que cuenta con el euro como moneda oficial y que no deja de ver crecer su inflación es Alemania, que cerraba el mes de octubre con un 11,6 %. Este dato llama poderosamente la atención si se tiene en cuenta que el país germano es considerado la mayor economía europea.

España se ha convertido, por tanto, en uno de los alumnos avezados de la clase a la hora de gestionar la inflación. Así, Alemania ha anunciado, con el arranque de noviembre, un plan para conseguir rebajar esta cifra que cuenta con grandes similitudes a la hoja de ruta española.

Alemania se suma al límite de precios

La dependencia energética de Rusia fue una labor que se encargó de desarrollar Angela Merkel, durante su tiempo a los mandos del buque alemán. La excanciller alemana ya ha comentado que no se arrepiente, ya que Rusia le pareció suministrador confiable de energía desde la Guerra Fría. Sin embargo, ese vínculo de dependencia con el Kremlin es la cuestión que más está lastrando a Berlín a la hora de controlar la inflación.

La energía se ha convertido, por tanto, en el gran dolor de cabeza del actual canciller alemán, Olaf Scholz. Ante esta situación, la variopinta coalición alemana de socialdemócratas, liberales y verdes ha llegado a la conclusión de que lo mejor para el país es invertir 200.000 millones de euros en limitar los precios energéticos que pagan los consumidores. Esto, de momento, se ha traducido en la propuesta de un tope al precio del gas y la electricidad para hogares y empresas a partir de 2023.

El límite al precio del gas propuesto por Berlín está destinado a hogares y pymes que cuenten con un consumo inferior a 1,5 gigavatios/hora al año. Dicho límite será de 12 céntimos por kilovatio/hora y de 9,5 céntimos en el caso de la calefacción. Hasta ahora el coste estimado de esta acción es de 33.000 millones de euros.

Por su parte, el precio de la electricidad se limitará a 40 céntimos por kilovatio/hora a partir del primer mes de 2023, teniéndose en cuenta una cuota básica del 80% de la previsión de consumo anual también de hogares y pymes. Para financiarlo, serán necesarios entre 23.000 y 33.000 millones de euros.

Excepción ibérica, la medida estrella de España

España se está consolidando como uno de los países de la eurozona que mejor está capeando la inflación. La excepción ibérica, una de las medidas más importantes del ejecutivo, ha significado un ahorro de casi 3.000 millones de euros, según los datos del Gobierno.

El gran triunfo de la actual legislatura socialista bien podría considerarse la excepción ibérica, que fue aprobada por la Comisión Europea y puesta en vigor en junio de este año. Hasta el momento, ha sido uno de los momentos más relevantes en Europa para Pedro Sánchez, ya que el presidente de España fue el portavoz de este acuerdo entre nuestro país y Portugal. El mecanismo consiste en la intervención del mercado eléctrico con el objetivo de limitar el precio del mercado mayorista. El fin último es, por tanto, disminuir la factura de la luz en hogares y empresas. La misma estrategia que ahora plantea Alemania.

Así, con la excepción ibérica se fija un precio tope al gas que se utiliza para producir electricidad, por lo que con esta medida se reducen los costes de los combustibles de las centrales eléctricas.

La excepción eléctrica fija el precio de la electricidad generada por gas en 40 euros/MWh, evitando así el aumento de su precio se extienda al conjunto del mercado eléctrico. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) señala que dicho precio irá aumentando progresivamente desde el sexto mes de aplicación de la medida en cinco euros/MWh mensuales “hasta alcanzar un valor de 70 €/MWh en el último mes”. Con este paso se pretende llevar a cabo una “salida gradual y escalonada” de la medida, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2023.

La CNMC ha asegurado que la medida “está permitiendo que los consumidores paguen menos por el suministro eléctrico de lo que hubieran pagado sin este mecanismo”.

“España ha trabajado en dos direcciones: reduciendo la dependencia de materia primas energéticas que generan más volatilidad con medidas para transformar el sistema energético y facilitando medidas adicionales de protección a los consumidores”, ha remarcado Teresa Ribera, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Ahora, España tiene en el horizonte lo que algunos economistas denominan el gran reto: incrementar la productividad y los salarios sin afectar a la inflación.