El pasado día 8 de junio, casi de manera desapercibida, el Consejo de ministros aprobaba -mejor dicho, tomaba conocimiento- el Informe de Progreso de la Agenda 2030, que, contenía en su interior la Estrategia de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030 para España. Extraña manera de culminar un proceso que, en el caso de nuestro país, se inició con la aprobación en 2015 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, se estancó durante varios años y se aceleró en 2018, con la aprobación del primer plan de acción 2018-2020, y dos intentos de elaboración de una estrategia con el horizonte en el año 2030.

El documento presentado, al contrario que otros documentos de programación que han ganado fortuna -como el documento España 2050 y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia- es un documento que responde a los compromisos internacionales asumidos por España en el marco de las Naciones Unidas, y que ha sido elaborado en un proceso participativo que ha incluido varias consultas abiertas al sector privado, la sociedad civil, las entidades locales o la academia. Es, de los tres documentos presentados, el que más legitimidad social tiene y el que más traslación ha tenido en las políticas de las comunidades autónomas y entidades locales. Sus ejes, en cierta medida, coinciden con los planteados en los otros documentos de programación y planificación, abundando en gran medida en los retos país ampliamente identificados como el cambio climático, la vertebración territorial, la lucha contra la desigualdad, la educación o el mercado de trabajo. Es, sin embargo, el único de ellos que se hace eco de la dimensión exterior de las políticas públicas españolas, una ausencia que no se explica bien en el caso del documento España 2050, y que es absolutamente imprescindible para entender los procesos globales de cambio sobre los que tenemos que intervenir, y donde la cooperación internacional es una herramienta absolutamente imprescindible.

La estrategia identifica ocho políticas aceleradoras -se abandona el concepto de política palanca- para avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Acabar con la pobreza y la desigualdad, hacer frente a la emergencia climática y ambiental, cerrar la brecha de la desigualdad de género y poner fin a la discriminación, superar las ineficiencias de un sistema económico excesivamente concentrado y dependiente, poner fin a la precariedad laboral, revertir la crisis de los servicios públicos, poner fin a la injusticia global y a las amenazas a los derechos humanos, los principios democráticos y a la sostenibilidad del planeta; y, por último, revitalizar nuestro medio rural y afrontar el reto demográfico.

Para lograr poner en marcha estas políticas aceleradoras, la Estrategia identifica cuatro ámbitos de implementación: La alineación presupuestaria, en la que los Presupuestos Generales del Estado deben identificar a qué objetivos contribuyen sus partidas; la alineación normativa, dirigida a identificar el impacto en los ODS de las regulaciones y normas que se aprueben; la alineación de la compra pública, señalando principios sociales y ambientales en los procedimientos de contratación pública; y finalmente, el establecimiento de mecanismos de seguimiento para garantizar el cumplimiento de dichos principios.

En definitiva, se trata de un documento completo que recoge buena parte de las ideas y propuestas que, desde la sociedad civil, las entidades locales y autonómicas, y el sector privado, se han desarrollado en el ámbito del cumplimiento de la Agenda 2030 en España. Es, en cualquier caso destacable que la Estrategia 2030 no es plenamente coincidente, ni en prioridades, ni -y esto es peor- en metas e indicadores, con los otros instrumentos de planificación puestos en marcha por parte del gobierno. Hay ejes que están presentes en todos los documentos, pero otros, como la cooperación internacional, no lo están, haciendo dudar sobre si las prioridades del gobierno están claramente delimitadas. Cuando queramos saber cuáles son las prioridades de la acción de gobierno, ¿a qué documento debemos mirar? ¿A España 2050, al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia? ¿A la Agenda 2030? Cada uno de estos documentos, si bien coinciden en términos amplios, dibuja prioridades que no son exactamente equivalentes.

El problema es mayor cuando se examinan de cerca las metas y objetivos establecidos. Los indicadores no son los mismos, y, cuando lo son, marcan diferentes objetivos para el mismo plazo temporal. La sensación, entonces, de falta de comunicación y de coordinación entre los diferentes departamentos del gobierno es notable, y se agradecería que hubiera una mayor coordinación, un mayor diálogo y un mayor trabajo conjunto para evitar estas cacofonías que, en el mejor de los casos, son muestra de ausencia de cooperación entre los departamentos, y en el peor, de falta de una visión compartida sobre hacia donde debe dirigirse el país.

Con todo, aprobar la Estrategia de Desarrollo Sostenible de España es una buena noticia. Esperemos que, una vez presentados los tres documentos, ya que no se ha hecho antes, seamos capaces de buscar los marcos para afinar las incoherencias -que no son pocas- y reforzar las sinergias entre los tres procesos. Si no lo hacemos, los esfuerzos habrán sido en vano, porque tan inútil es no tener una visión sobre el futuro como tener tres.