La mejor noticia para el independentismo de los últimos meses llegó por sorpresa. Pocas horas antes, la mayoría parlamentaria, convencida de una larga espera de Puigdemont en la cárcel alemana, habían decidido reactivar la idea de investir a Jordi Sánchez para aprovechar la línea argumental ofrecida por la Comisión de Derechos Humanos sobre la obligación del estado de procurar al ex presidente de ANC el ejercicio de sus derechos.

La maniobra para ganar tiempo y exposición internacional del conflicto sigue siendo válida, tal vez incluso más, porque el valor político de la decisión del Tribunal Regional Superior de Schleswing-Holstein, negando el delito de rebelión, acrecentará las dudas sobre la justicia española y la presión al juez Llarena para cuando llegue la petición del candidato a la presidencia para acudir a la sesión de investidura.

Los jueces alemanes han enmendado la plana al Tribunal Supremo, dando la razón a los muchos juristas que vienen defendiendo la inexistencia de violencia en los hechos sucedidos en octubre en Cataluña y por los cuales se ha procesado por rebelión a la mitad del gobierno de Carles Puigdemont y a los dirigentes de la ANC, Òmnium y a la secretaria general de ERC. Este revolcón judicial al Supremo, llega el mismo día en el que la Audiencia Nacional ha procesado al ex mayor de los Mossos, Josep Lluis Trapero por los delitos de sedición y organización criminal, situando al aparato judicial español en una órbita muy diferente a la alemana.

El rearme moral que va a producir esta decisión en el movimiento independentista difícilmente va tener correspondencia en la práctica

La resolución judicial va a dejar en libertad bajo fianza a Puigdemont, aunque su proceso de extradición va a seguir adelante al aceptar el tribunal la equiparación de malversación al delito de corrupción; esto implica que va a seguir en Alemania, imposibilitado de acudir al Parlament para una eventual investidura y pendiente de ser enviado ante el Supremo por dicha acusación.

El rearme moral que va a producir esta decisión en el movimiento independentista difícilmente va tener correspondencia en la práctica, a menos a corto plazo. A la larga, puede suponer una rebaja substancial en la gravedad de la acusación, lo que no es poco, aunque para cumplir con los plazos de una investidura los inconvenientes siguen siendo los mismos, a menos que se produzca una reacción en el TS a la bofetada jurídica recibida de sus colegas alemanes.

Esta reacción podría beneficiar especialmente a Jordi Sánchez y sus posibilidades de poder ser investido presidente; también al resto de dirigentes en prisión preventiva por un delito del que no se podrá acusar a Puigdemont en caso de prosperar la extradición. Sin embargo, la suposición que la justicia española se vaya a dar por aludida y atienda inmediatamente la armonización de supuestos delictivos que le está planteando la aplicación de la eurorden está por ver dado el grado de intransigencia exhibido hasta ahora.