Poco después de que el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, saliera de declarar en la Audiencia Nacional acusado de un delito de sedición, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, notificaba al Parlament de Cataluña que comparecerá el próximo martes 10 de octubre a petición propia para valorar la “grave” situación que vive Cataluña. La primera valoración en los medios de comunicación es que se trataba de evitar incumplir la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró fuera de la legalidad dicho pleno en el que se iba a declarar la independencia. Pero es mucho más que eso.
Primer gesto de distensión
En toda Cataluña, y especialmente entre los independentistas, se esperaba con ansiedad lo que pasara con Trapero en la Audiencia Nacional. Si la juez lo enviaba a prisión preventiva en Barcelona se aseguraba que estallarían las calles. Normalidad absoluta durante toda la mañana.
Tras ver que Trapero regresa a Cataluña, el president Puigdemont ha dado un paso relevante: no habrá pleno en el Parlament el próximo lunes para validar los resultados del referéndum que ningún organismo internacional ha querido reconocer. Han pasado 48 horas desde el 1-O y no se ha puesto en marcha el proceso de desconexión, la transición hacia la independencia.
El Gobierno catalán ha desobedecido en muchas ocasiones al Tribunal Constitucional, como por ejemplo con la celebración del referéndum, por tanto, no les importaba volver a desobedecer al TC.
Puigdemont ha pedido comparecer a petición propia, lo que no es lo mismo que un pleno donde se votaría la declaración unilateral de independencia y la puesta en marcha de la transición catalana. Eso da margen para que, los pocos que apuestan por una salida dialogada, puedan hacer algo.
La sexta flota financiera
Desde los acontecimientos del pasado domingo 1 de octubre, algunas personas del entorno del PSOE y PNV han tenido contactos ‘discretos’ con sectores del Gobierno catalán que no quieren una ruptura unilateral. Sin embargo, hace tan solo dos días todo era pesimismo ante las posturas tanto del Gobierno catalán como de Rajoy.
Sin embargo, tras el anuncio el pasado día 4 de la empresa Oryzon de que abandonaba Cataluña y su inmediato rebote en bolsa de hasta un 13%, se abrió una espita que ahora parece imparable. Este jueves el Banco Sabadell anunció que cambia su sede central a Alicante y Caixabanc a Palma de Mallorca si hay declaración unilateral de independencia (DUI). A partir de ahí ha habido una cascada de anuncios de empresas de todo tipo. Eso y solo eso es lo que ha hecho temblar al Pdcat (antigua CiU) y a Esquerra.
Ese pequeño maremoto empresarial, azuzado por el decreto exprés que prepara el Gobierno central para que las empresas catalanas puedan cambiar de sede en cuestión de horas, es lo que ha agrietado la unidad de un gobierno catalán que iba de cabeza a la DUI.
