Partido Popular y Ciudadanos, tanto en la Comunidad de Madrid como en el Ayuntamiento de la capital, han optado por la estrategia del silencio sobre el centro de salud general Fanjul, que mantiene desde hace años el nombre del general golpista que inició el alzamiento fascista contra el gobierno democrático de la II República. Esta situación, que incumple la Ley de Memoria Histórica de 2007 y que fue denuncida por la Junta de Distrito de La Latina en 2017 cuando era gobernada por Más Madrid, vuelve al centro de la polémica ahora que el Ministerio de Transportes, tal y como ha adelantado ElPlural.com, ha decidido "quitar del mapa de Cercanías" la estación de Fanjul en Aluche. Una parada de tren que está situada en la Avenida de Las Águilas, el nuevo nombre de la antes conocida como Avenida del General Fanjul, hasta que la alcaldesa Manuela Carmena decidió quitar del callejero los vestigios de la dictadura.

Frente al silencio de PP y Ciudadanos, y la celebración de los partidos de la izquierda por el cambio en la estación de Cercanías, destaca la oposición frontal de Vox. Desde el partido que sostiene a Almeida y Villacís en la Alcaldía de Madrid, en declaraciones a ElPlural.com señalan que no son "partidarios de la retirada de nombres". "No se puede eliminar la historia de España eliminando lo que no nos gusta en cada momento histórico", señalan fuentes del grupo parlamentario de Javier Ortega-Smith. Más tajantes son desde la Asamblea de Madrid, en el grupo parlamentario que dirige Rocío Monasterio, que apoyan la posición de sus compañeros de la capital y añaden, sobre la decisión del Ministerio de Transporte, que "mejor que Ábalos se dedique a hacer PCR en Barajas". Unos minutos después de estas declaraciones, el ministro Illa informaba al Consejo Interterritorial de Salud que se iba a exigir una PCR negativa a los viajeros llegados con alta incidencia de coronavirus.

Cabe señalar que Vox, aunque no está en el Gobierno de la Comunidad de Madrid ni en el gobierno municipal, es el partido del que depende la estabilidad de ambos ejecutivos. De hecho, las disputas sobre Memoria Histórica han vivido un episodio polémico en las últimas dos semanas. A finales de septiembre, Vox propuso la retirada de las calles dedicadas a Francisco Largo Caballero, presidente socialista de la II República entre 1936 y 1937, y al ministro Indalecio Prieto. La petición salió adelante gracias a una moción de PP y Ciudadanos en la que proponían que dicha retirada se hiciera, no en virtud de una resolución del Parlamento Europeo de 2019, sino aplicando la Ley de Memoria Histórica de José Luis Rodríguez Zapatero de 2007.

Sin embargo, el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica al que apelaron PP y Ciudadanos propone la retirada de elementos que promuevan la "exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura". El portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, proponía que "personajes siniestros de nuestra historia no deben formar parte de los nombres de las calles y las plazas" y hdefendió que "no es revisionismo, es acabar con la mentira histórica".

Como consecuencia del acuerdo entre PP, Ciudadanos y Vox, la placa que recordaba a Largo Caballero en la que fue su casa en la plaza de Chamberí fue retirada a martillazos en una mañana. Un desalojo que se hizo sin los informes preceptivos, puesto que la fachada del edificio es parte del Patrimonio Cultural de la capital como uno de los monumentos singulares del Ayuntamiento de Madrid. Además, las fotos publicadas por ElPlural.com demuestran que la placa de Largo Caballero se encuentra hecha añicos en un almacén del Ayuntamiento, pese a la promesa de que se había respetado la “integridad” del bajorrelieve y que su retirada había sido “escrupulosa”. Una promesa realizada, por cierto, por el concejal del PP Borja Fanjul, bisnieto del general Fanjul que aún goza de un centro de salud con su nombre.