La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, recibió de parte de su marido, el empresario sueco Lars Gunnar Borberg investigado por blanqueo de capitales, narcotráfico y organización criminal, la sociedad LGSB Holding AB en el extranjero, concretamente, en Suecia.

La entidad nunca ha aparecido reflejada en los registros públicos de bienes, ya que se creó para manejar su patrimonio en España. La también senadora del PP la ocultó en todas sus declaraciones desde el 2019, incluida en las actualizaciones, tal y como ha adelantado este lunes LaSexta y ha recogido ElPlural.com.

Muñoz notificó a Hacienda que dicha sociedad tenía un valor de 5.000 euros cuando, en realidad, el patrimonio que posee se sitúa por encima del millón de euros. En su propia defensa, y a modo de aclaración a los medios de comunicación, la edil andaluza sostiene que esta cuestión “no tiene nada que ver con el Ayuntamiento” ni con su figura como alcaldesa.

Y es que la misma está vinculada con las obras ilegales que realizó en su casa de lujo ubicada en el distrito de Nueva Andalucía en la localidad de la Costa del Sol, ya que tanto su marido como su hijo, Cristian Broberg Muñoz, son sus directores.

Sanciones sin abonar por las obras ilegales

En ésta casa de lujo propiedad de Muñoz, se han llevado a cabo obras ilegales que acarrearon una sanción económica interpuesta por el Ayuntamiento, la cual, en el momento de la publicación de este artículo, no ha sido abonada. A su vez, también se sancionó a los Broberg con la obligación de revertir las obras y de devolver el inmueble a su estado original, algo que tampoco han cumplido.

Fue el 24 de mayo de 2019 cuando por primera vez los técnicos municipales ordenaron la "inmediata suspensión de las obras consistentes en reforma interior de vivienda, construcción de pilares y viga de madera para cubrición para adosado". Obras que iban contra "la alegalidad urbanística", por lo que dieron orden de "paralización de los actos en ejecución", así como el restablecimiento "del orden jurídico perturbado" y "reposición de la realidad física alterada".

Para ser más precisos, la reforma consistía en la realización de obras "en el interior de la vivienda, demolición del garaje y construcción de 6 pilares y viga de madera para futura cubrición de unos 35 metros cuadrados adosada a lindero público y privado, y construcción de muro de cerramiento de parcela de unos 18 metros de longitud por 2,20 metros de altura en su parte más alta, con dos entradas para vehículos y una entrada peatonal".

Esta obra, sin ajustarse a licencia y "no legalizables", conlleva una multa de hasta 5.158,51 euros.