Sin duda, la mayor algarada de la Consejería de Agricultura en Castilla y León, en manos de Vox desde el reparto de sillas tras las elecciones de 2022, ha sido este año de Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco, la crisis de la tuberculosis bovina, que concluyó con los altercados provocados por los ganaderos, 9 de ellos detenidos, ante la Delegación de la Junta en Salamanca, pero esa es sólo la punta del iceberg de un controvertido mandato en el que los ultraderechistas, con su “Siembra”, desplegaron sus intereses electorales ante elsector, que se puso en pie hace unos días en protesta por las calles de Valladolid.

Vox exigió esa cartera en sus negociaciones con el Partido Popular tras las elecciones anticipadas de febrero de 2022, -abriendo la puerta a lo que ha sucedido después con otros pactos PP-Vox como el de Extremadura, donde se han apuntado la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural-, porque sabe que Castilla y León, la comunidad autónoma más extensa de Europa, a pesar de sus problemas de despoblación, sigue siendo una tierra eminentemente agraria. “El granero de España”, la llamó el vicepresidente, Juan García-Gallardo, que anunció un programa de gobierno que “impresionaría” por su “ambición”, de modo que sus principales esfuerzos son los de arrimar el ascua de agricultores y ganaderos, tradicionalmente conservadores, a su sardina.

El enfado de las OPAS

Hace escasos días que ASAJA, la organización agraria más conservadora, ha denunciado que este año 2023, la Consejería ha recortado un 30% la ayuda institucional a las OPAs, “por no hablar”, añaden, “de las escasas facilidades que se están dando desde la Junta para una interlocución fluida con las organizaciones representativas del sector, elegidas democráticamente en las urnas”; es decir, que la Consejería de Gerardo Dueñas replica el modelo de su compañero de filas, el inefable Mariano Veganzones, en constante persecución y enfrentamiento con los sindicatos UGT y CCOO, a los que acusa de vivir de las subvenciones y llama “comegambas” desde su Consejería de Empleo.

Las organizaciones profesionales agrarias, ASAJA, Alianza UPA-COAG y Unión de Campesinos, en convocatoria conjunta, se echaron a las calles el pasado 15 de junio, acusando al presidente Mañueco y a la Consejería de “no haber dicho esta boca es mía” ante el problema de la sequía. 

En esta primera manifestación del campo contra el gobierno PP-Vox, los dirigentes de las OPAS afirmaron que “el gobierno autonómico, que siempre ha sido ejemplo de estar al lado del sector, hasta hoy no ha dicho esta boca es mía, no ha declarado Castilla y León en estado de sequía, no ha puesto ninguna ayuda directa, ni financiación, no hay interlocución; el Gobierno de Castilla y León está dando las espaldas al campo”, dijo Donaciano Dujo, de ASAJA.

Durante una sequía que calificaron como “la peor de los últimos treinta años”, las organizaciones agrarias lamentaron que, frente a la actitud de otras comunidades autónomas, que han complementado las ayudas del Real Decreto del Gobierno de España, el equipo de PP y Vox en Castilla y León no ha dado muestras de apoyar al campo “que tanto quieren, con hechos y no palabras”, afirmaba Lorenzo Rivera, coordinador de la Alianza UPA-COAG.

La Consejería ha decretado el estado de sequía, -que el Estado ya había reconocido en marzo-,hace apenas quince días, en respuesta a esa manifestación, y finalmente, ha aprobado las primeras ayudas en el Consejo de Gobierno de este jueves, aunque lejos de los 2.000 millones en pérdidas que estimaban agricultores y ganaderos; “tarde y mal”, opinaba el PSOE.

La propaganda

El sistema de gobierno de Vox se basa en el rechazo a la interlocución, el diálogo social y la negociación, y la apuesta por la propaganda, que los lleva a Bruselas a asegurar que sólo su formación defenderá a los agricultores y ganaderos de las garras de los ‘socialcomunistas’, ‘golpistas’ y ‘filoetarras’, términos que reiteran en cada Pleno en las Cortes.

Ese fue el caso de la crisis de la tuberculosis bovina, provocada por una resolución de la Consejería de Agricultura publicada a mediados de mayo que, en respuesta a las quejas de los ganaderos, flexibilizaba los controles de sanidad animal y que finalmente quedó suspendida por el Tribunal Superior de Justicia, al ser contraria a las normativas española y europea, así como una orden de la propia Junta de Castilla y León que daba marcha atrás ante la paralización de la cabaña ganadera decretada por el Ministeriopara evitar la extensión de la enfermedad.

El enfado de los ganaderos de Salamanca, la provincia más afectada, se transformó en asalto a la Delegación de la Junta en esa ciudad, daños a la sede, agresión a policías, heridos y nueve ganaderos detenidos, una vez que fue patente que el anuncio de ese cambio en la normativa sólo había respondido a intereses electorales, en mitad de la campaña de las municipales, y, finalmente, se había quedado en agua de borrajas.

El populismo del negacionismo

El PSOE de Castilla y León, a través de su procurador, Juan Luis Cepa, añadió a la “desastrosa gestión de la sanidad animal” desde la Consejería, durante una intervención en las Cortes en la que presentaba una moción al respecto, la desafortunada campaña devacunación contra la lengua azul, cuya infraestructura, planificación y desarrollo reclamó mejorar.

El propio Cepa señaló durante esa intervención que “la tuberculosis mata a 1,6 millones de personas al año, causando más muertes que cualquier otra enfermedad infecciosa aparte del COVID-19, y afecta a más de 10 millones de personas anualmente”, y puso sobre la mesa el “populismo” que considera está detrás del “intento de confundir a la gente diciéndole lo que quiere oír”.

“Lo que está muy claro es que alguien está induciendo a los ganaderos a adoptar posiciones extremas que no van a llevar a ningún buen puerto”, concluyó Cepa, que afirmó que “con la salud pública no se juega”.

A las críticas del PSOE se sumaron las de los veterinarios, cuyo sindicato SIVECAL-USCAL denunció el “negacionismo” de la Consejería y afirmó que “no sólo es un problema de salud pública”, sino que “tira por tierra” el trabajo en saneamiento ganadero. El presidente del sindicato de veterinarios, Manuel Martínez, llegó a pedir la dimisión del consejero, Gerardo Dueñas, a consecuencia de la crisis provocada por la normativa ilegal.

Finalmente, el episodio supuso un importante “deterioro de la imagen de la carne de vacuno de Castilla y León”, cuya calidad y salubridad quedó en entredicho, como reconoció, incluso, el presidente provincial de ASAJA en Salamanca, Juan Luis Delgado, líder de la plataforma que convocó la protesta ante la Delegación que concluyó con los desórdenes públicos.

Pero “los agricultores deben saber que Vox va a estar siempre ahí, defendiendo sus intereses,porque son los de todos los españoles”. O, al menos, eso aseguró García-Gallardo el día de San Isidro, portando las andas de la talla del santo en Valladolid.