“No puedo dejar entrar en el Gobierno a aquellos que niegan la violencia machista, deshumanizan a los inmigrantes o despliegan una lona para tirar una papelera la bandera LGTBI”. “Mi palabra no es tan importante como el futuro de los extremeños. Ahora, supongo, habrá mucha gente decepcionada. Lo entiendo y lo asumo. Mis principios permanecen intactos. Pero me gustaría pedir que se me juzgue como presidenta de la Junta de Extremadura. No he mentido nunca. Mis principios son los mismos. Yo no asumo los postulados de Vox y Vox no asume los del PP”. Aunque pueda parecer mentira, la autora de estas dos frases es la misma. Y aunque pueda parecer mentira, tan solo han transcurrido 10 días entre ambas frases. ¿Entre medias? Una brutal campaña del sector más radical del Partido Popular y de los medios más conservadores para convencer a María Guardiola de aceptar integrar en su gobierno de Extremadura a Vox y sus medidas machistas, xenófobas y racistas.
Un giro de 180 grados que se ha firmado este mismo viernes y que demuestra que los pactos entre derecha y extrema derecha han llegado para quedarse, pese a las palabras -y solo palabras- del PP asegurando que no iban a pactar con los ultras. En este sentido, el acuerdo entre ambas formaciones apunta a la derogación de la ley de memoria y a reducir drásticamente los fondos destinados a sindicatos, entre otras medidas. Para ser más precisos, el pacto contempla un total de 60 normas entre las que se encuentran la supresión de la ley extremeña de memoria democrática, la supresión de organismos "innecesarios" que no justifique un "bien general", una revisión de las políticas de subvenciones para acabar con el "despilfarro ideológico" o una “considerable” reducción de las subvenciones a patronal y sindicatos.
Además, tal y como han avanzado tanto Guardiola como el líder de Vox en Extremadura, Ángel Pelayo Gordillo Moreno, los ultras dirigirán la consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, y dispondrán de la elección del senador por designación autonómica que corresponde al PP. Igualmente, han acordado una modificación del reglamento de la Asamblea para que todos los partidos tengan representación en la Mesa de la Cámara regional. Esto se traduce en que Vox entrará en dicho órgano de gobierno del parlamento autonómico, después de que quedara fuera de la misma en el pleno de constitución de la Asamblea, debido al desacuerdo entre ambas formaciones que entregó la Presidencia de la misma al PSOE.
Asimismo, el pacto contempla que en los presupuestos generales de la comunidad se blinde las partidas que garanticen el efectivo cumplimiento de todas las medidas acordadas, así como la creación de un órgano de control y seguimiento del pacto, presidido por el consejero designado por Vox. En dicho pacto se sitúa el "interés general" de los extremeños por encima de las "diferencias ideológicas y programáticas" de ambas formaciones.
60 medidas resumidas en ocho epígrafes
Se han presentado 60 propuestas agrupadas en ocho categorías principales. El primer epígrafe aborda temas relacionados con la economía, fiscalidad y empleo, y propone durante una amplia reducción de impuestos, siguiendo las líneas defendidas por el PP la campaña electoral. Estas medidas serán llevadas al parlamento autonómico en los primeros cien días de gobierno.
La reforma propuesta incluye la disminución de impuestos como el de Transmisiones Patrimoniales y el Impuesto de Matriculación. También se eliminará el impuesto sobre el patrimonio en su totalidad y se eliminará el impuesto de sucesiones y donaciones para la mayoría de los ciudadanos.
Además de estas medidas, se comprometen a reducir de manera significativa el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), especialmente para los salarios medios y bajos. También se establecerá una tarifa cero durante dos años para los autónomos cuyos ingresos anuales estén por debajo del salario mínimo interprofesional.
El segundo apartado se enfoca en el mundo rural, el agua y el patrimonio natural. Estas competencias recaerán en Vox, y se propone una revisión de las prohibiciones y limitaciones en las áreas de conservación natural para lograr una mayor compatibilidad entre la conservación y el desarrollo de las zonas rurales.
Además, se busca implementar una política forestal que permita los usos y actividades tradicionales en los bosques, así como una revisión de las políticas ambientales y de la Política Agrícola Común (PAC) para evitar pérdidas de producción y costos adicionales para los productores extremeños.
Otro punto importante contempla la protección de activos energéticos e industriales amenazados por motivos ideológicos. Se tomarán medidas para evitar la demolición de la presa de Valdecaballeros y se exigirá una rectificación en el plan de desmantelamiento de la central nuclear de Almaraz.
También se propone llevar a cabo las reformas necesarias para contrarrestar los efectos negativos de la Ley de Bienestar Animal y preservar los derechos de los cazadores. Se dará prioridad a la seguridad de las explotaciones agrícolas frente a cualquier forma de delincuencia.
En el ámbito de la educación y la cultura, se garantizará la neutralidad ideológica en la enseñanza y se fomentará la igualdad de oportunidades, asegurando la libre elección de centro educativo en todas las etapas. Se impulsará la educación desde la primera infancia y se evitará la exclusión de la red privada.
En cuanto a la sanidad, se desarrollará un plan estratégico para combatir las listas de espera, incluyendo la implementación de una lista de espera y única voluntaria, así como la aprobación de un nuevo marco para la Atención Primaria.
La coalición acuerda la aprobación de una ley integral de protección a la familia que incluye medidas para fomentar la natalidad. Además, se revisará todo el sistema y la normativa vigente en materia social para garantizar que las ayudas públicas lleguen a las familias más necesitadas.
Respecto al epígrafe sobre Libertad, Desarrollo Social y Económico, las medidas contemplan una nueva ley que sirva de reconciliación y a la concordia "real", y que derogue la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Extremadura, aprobada en 2018.
Por otro lado, entre las medidas para reducir el Gasto político, acuerdan suprimir los organismos "innecesarios que no reportan en el bien general"; y revisarán la política de subvenciones de la Junta para acabar con el "despilfarro político e ideológico", de tal forma que "toda organización que reciba dinero público debe tener una utilizad pública demostrada". Además, contempla una reducción "considerable" de las subvenciones a la patronal y a los sindicatos respecto a lo percibido en 2022.
Por último, en materia de Seguridad, plantean medidas contra la ocupación ilegal de viviendas, de modo que recogen que los poderes públicos garantizarán el derecho a la propiedad poniendo a disposición de la justicia todos los medios personales y materiales necesarios para proteger al afectado
