“Soy una mujer de palabra”. Estas fueron las palabras escogidas por María Guardiola, candidata del Partido Popular a la presidencia de la Junta de Extremadura, para enunciar el vídeo en el que se presenta como dique de contención a las políticas “machistas” y negacionistas de la ultraderecha en la región. Sin embargo, aquella escenificación de defensa de los derechos tanto de las mujeres como del colectivo LGTBI han quedado fueron diluyéndose paulatinamente a golpe de presión de Génova. En menos de dos semanas, ha pasado de erigirse como dique de contención a la ultraderecha a abrir las puertas de par en par del gobierno autonómico a Vox, cristalizando en un pacto mediante el cual el PP entrega la consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural. ¿Mintió o rectificó?

María Guardiola se mostró el 20 de junio como una mujer de férreos principios. Desde la sala de prensa de la Asamblea de Extremadura, la candidata del Partido Popular exhibió su desafío a la ultraderecha tras unas negociaciones infructuosas, manejadas, según denunciaban en la órbita conservadora, desde Madrid. “Yo solamente tengo mi palabra y mi trabajo. Es mi patrimonio y por esos los extremeños nos dieron su voto el 28 de mayo. La política no debería servir para ocupar sillones. Cambiar mi tierra y mejorar la vida de los extremeños. Ahora mismo no es el poder lo que está en juego, sino la dignidad de la tierra. Soy una servidora pública con ideas y compromisos. Una cosa es negociar y otra mercadear con la ilusión de Extremadura”, espetó.

De esta guisa, la baronesa conservadora plantaba cara a la ultraderecha, a la que incluso llegó a referirse con palabras a las que no acostumbran dirigentes del Partido Popular, tanto a nivel nacional como territorial.  No pasaba por sus planes “perder el tiempo en debates caducos”. En otras palabras, en la emancipación de colectivos históricamente desfavorecidos como el feminismo o las personas LGTBI. “No puedo dejar entrar en gobierno a aquellos que niegan la violencia machista, a quienes usan el trazo gordo, a quienes están deshumanizando a los inmigrantes y a los que despliegan una lona y tiran a la basura una bandera LGTBI”, advertía con firmeza Guardiola, que se sentía capacitada para “asegurar” que sus promesas y su tierra no serían “moneda de cambio de nada”.

Donde dije digo…

Transcurrieron los días y poco o nada queda de la firmeza escenificada en aquella rueda de prensa. El avance de los coqueteos del Partido Popular con Vox en el resto de territorios no conjugaban con la cerrazón de Guardiola. Su ‘no’ inicial transmutaba hacia un “mano tendida” para negociar cuestiones programáticas. A partir de entonces, comenzó la metamorfosis final, que no es sino un acuerdo de gobierno a modo de claudicación total de María Guardiola ante la ultraderecha, pero también ante el aparato de su propio partido.

La maquinaria engrasó con presteza sus engranajes para revertir los dardos de Guardiola a la ultraderecha. La estrategia de cordón sanitario a Vox saltaba por los aires, al entender en ciertos resortes del partido que la relación estaba en peligro, máxime en un escenario de negociaciones a lo largo y ancho del territorio nacional y con unas elecciones generales por delante. En el cuartel general del Partido Popular en Madrid nadie era ajeno al exceso de decibelios de Extremadura, dificultando los acuerdos pese a las “realidades asimétricas” a las que aludían desde la dirección nacional de la formación para justificar los arrumacos con la ultraderecha.

El punto álgido del ejercicio de contorsionismo se produjo en la madrugada del domingo al lunes, pocas horas después de que Santiago Martínez-Vares anunciara el final de su asesoría a María Guardiola tras la publicación de unos polémicos audios contra la ultraderecha. La baronesa conservadora, entonces, cortó el cordón sanitario que ella misma había impuesto para dejar abrir una vía de diálogo con Vox porque lo consideraba “imprescindible”. Así lo verbalizó en un correo electrónico dirigido a la militancia, donde admitía sin ambages que su “prioridad” pasaba por liquidar “las políticas socialistas”, además de postergar la Junta Directiva Autonómica y el Comité Ejecutivo Regional. Una decisión que aplaudieron desde Génova, porque mantener ambos cónclaves hubiera caldeado aún más los ánimos a nivel interno.

En consecuencia, Guardiola consumó su cambio de opinión, considerando indispensable retomar las relaciones con el socio preferente de su formación “desde el respeto y el diálogo”, con el fin de gestar un “acuerdo programático”. La cuestión es que ese matiz -el del compromiso de programa- no alberga necesariamente un Gobierno de coalición. Sin embargo, a pesar de ello, y para frenar la investidura de Guillermo Fernández Vara, agendada para el próximo martes y que ahora se ha visto obligado a anular, la candidata conservadora se puso manos a la obra con el objetivo de cerrar un acuerdo de investidura que, en definitiva, ha abierto las puertas de la Junta de Extremadura a la misma formación a la que en un principio había vetado.

 

Puerta abierta a Vox

En menos de diez días, los ultraderechistas dejan de ser un partido que pone en peligro los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI, a ocupar un sillón en el nuevo Gobierno de Extremadura. La futura presidenta regional y el portavoz de Vox en la Asamblea, Ángel Pelayo, escenificarán el acuerdo a las 12:45 en el Parlamento autonómico y engrosarán la lista de territorios con presencia de la extrema derecha en la administración.

El documento que sella la rendición de Guardiola incluye medidas como la derogación de la Ley de memoria Histórica. Por supuesto, el grueso de estas 60 iniciativas consensuadas garantiza un “gobierno de cambio” que sea capaz de revertir “las consecuencias de la inercia política del PSOE en los últimos años”. A pesar de que el cómputo del acuerdo no ha trascendido en su totalidad, avanzan sendas formaciones que orientarán su acción política conjunta para proteger a las “familias” y combatir el “paro, la pobreza, la falta de oportunidades y la despoblación”.

De este modo, Guardiola “ha permitido la entrada de Vox” en el Ejecutivo regional a través de una “única consejería”: la de Gestión Forestal y Mundo rural. La concesión deja a los conservadores “satisfechos”, tal y como han admitido fuentes conservadoras. Desde el entorno de Alberto Núñez Feijóo celebran el desenlace de una negociación que entrega al partido “uno de los feudos tradicionales del PSOE”. En este caso, según apuntan, este pacto “incluye de manera expresa la violencia machista como problema real que hay que erradicar en la sociedad extremeña”.