Dos años después de la llegada del Partido Popular al Gobierno de Cantabria han saltado todas las alarmas en esta comunidad autónoma por la situación de la sanidad pública. Según la Platarforma Cívica en Defensa de la Sanidad Pública, el Ejecutivo de María José Sanz de Buruaga se ha convertido en el "peor enemigo" de este servicio público que, denuncian, "corre un grave peligro".
La agrupación alerta de la tendencia privatizadora de los `populares', la cual es claramente perceptible en el propio Plan de Salud 2025–2029, presentado hace pocos días en el Centro Botín de Santander. Además de "no incluir una dotación económica clara para reforzar la atención primaria y sostener los hospitales públicos", este documento "contempla una clara apuesta por un modelo público-privado", lamenta.
Las referencias a la colaboración público privada "son contínuas" en el texto, afirman desde la Plataforma, al tiempo que recuerdan que el hoy consejero de Sanidad César Pascual ya evidenció en el pasado sus simpatías por la empresa privada. "Sendo gerente de Valdecilla hipotecó a los contribuyentes cántabros por décadas al entregar a Ferrovial la terminación de las obras de nuestro buque insignia hospitalario por importe de más de 750 millones de euros más IVA, una cantidad muy superior, en decenas de millones, a lo que hubiera sido el coste de los trabajos y servicios contratados de haberse puesto en manos de la gestión pública", exponen.
A juicio de la Plataforma Cívica, hay un "descarado trato de favor a determinadas empresas privadas", opinión que comparten la Federación Cántabra de Asociaciones de Vecinos (FECAV), la Unión de Profesionales Progresistas (UPP) y otras organizaciones civiles.
"Estamos ante un verdadero Caballo de Troya que mete a los enemigos de nuestra Sanidad Pública dentro de casa", defienden y "con todo el respeto a la iniciativa privada en sí misma", matizan, "es obvio que su propia naturaleza la lleva a convertir la salud en negocio, más que en servicio a la ciudadanía".
En este contexto ponen como ejemplo el Parque de Innovación en Salud, que se levantará sobre el terreno de lo que fue la Residencia Cantabria, "un proyecto con liderazgo de la empresa privada y que, para colmo, la Consejería pretende hacer pasar como fuente de financiación para nuestra sanidad". A este se suman otros proyectos que se están llevando a cabo con modelos público-privados o los 52 millones de euros que se le han concedido a la clínica privada Santa Clotilde para equipamiento radiológico.
Abandono de los consultorios rurales
Otro de los ataques frontales del Gobierno cántabro a la sanidad pública tiene que ver con los centros de salud de las zonas rurales. Más del 60 % de estos ambulatorios, unos 80, se van a quedar ahora en verano sin médicos durante varios días e, incluso, semanas."Es un claro exponente de la desatención de nuestros gobernantes hacia la salud de aquellos de sus habitantes que no pueden permitirse un seguro privado", critican desde la Plataforma Cívica.
La entidad denuncia que es el segundo año consecutivo que esto pasa y denuncia fallta de organización en las sustituciones durante las vacaciones del periodo estival. Para hacer frente al problema, dicen, el Gobierno contempla ayudas al transporte de los pacientes y la contratación de facultativos de otras comunidades autónomas, una respuesta "claramente insuficiente" a su juicio.
Más financiación y menos precariedad
Desde la Plataforma Cívica en Defensa de la Sanidad Pública insisten en la necesidad garantizar la sanidad pública a través de un aumento de la financiación de la atención primaria con hasta el 20% del presupuesto sanitario y de la lucha contra la precariedad laboral que afecta a los profesionales del sector, por medio de la estabilización de las plazas. Por último, zanja, es vital "detener la deriva privatizadora".
