Carles Puigdemont y su abogado Gonzalo Boye habían puesto todas sus esperanzas en que el Tribunal General de la UE desautorizaría la decisión del Parlamento Europeo de retirar la inmunidad al ex presidente de la Generalitat y a los exconsejeros Antoni Comín y Clara Ponsatí. De repente, y pendientes del recurso que elevarán al Tribunal de Justicia de la UE, el grupo de Waterloo se queda sin plan A. Naturalmente tienen otros planes en el cajón, sin embargo, la decisión de la justicia europea asesta un golpe mortal al argumento angular de su campaña de resistencia al no dar crédito a su denuncia de ser víctimas de persecución política por parte del Estado español.
Las sentencias del TGUE no entran en el fondo jurídico del asunto que aconseja a Puigdemont, Comín y Ponsatí a residir lejos de Cataluña, asunto que considera propio de la justicia española, simplemente lo que determinan es que los hechos de 2017 son anteriores al momento en que los tres adquirieron el acta de diputados europeos y que, en consecuencia, la eurocámara y su presidente actuaron correctamente al negarles la inmunidad. De confirmarse por parte del TJUE esta interpretación de la situación de los tres eurodiputados se esfumaría una de las hipótesis acariciadas y filtradas a destajo por Puigdemont y su entorno: regresar a Barcelona en olor de multitud independentista.
Un regreso triunfal de Puigdemont (tal vez durante una campaña electoral autonómica) gracias a una inmunidad ahora volatizada supondría un éxito de las tesis de Junts y una derrota de la estrategia de ERC, especialmente de Oriol Junqueras y el resto de condenados por el TS, quienes verían reducido su doloroso paso por la cárcel a un error de cálculo político. Además, se convertiría en un acto de promoción personal incontestable que seguramente le valdría para seguir siendo eurodiputado por los siglos de los siglos, alimentando su aureola de patriota perseguido inútilmente por la justicia española. Algo así como el faro del independentismo que nunca se apaga y mantiene vivo el sueño de sus seguidores de verlo regresar un día al Palau de la Generalitat para proclamar la república pendiente.
Este era el plan A, sin duda. La justicia europea ha estropeado el plan, dejando a Puigdemont y a su grupo a merced de nuevas euroórdenes del juez instructor, aunque en todo caso se supone que Pablo Llarena esperará a emitirlas a que la sentencia sea firme. Al decaer la sedición, las nuevas euroórdenes lo serán por los delitos de malversación agravada y desobediencia, excepto para Ponsatí, acusada solo de desobediencia en su fugaz comparecencia hace unos meses ante el juez. Puigdemont ha declarado enseguida que “nada acaba, todo continua”. Sin embargo, todo habrá de ser forzosamente diferente.
Puigdemont tiene tres alternativas elementales, aunque inicialmente le puedan parecer todas ellas un paso hacia el abismo, comparadas con el sueño del retorno triunfal. La primera, esperar pacientemente y confiar a que las nuevas euroórdenes choquen nuevamente con la justicia belga, ganando tiempo para que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronuncie sobre la sentencia del Tribunal Supremo y que esta le sea favorable.
El riesgo de esta opción es alto. Habiéndose negado el TGUE a avalar la tesis de la persecución política y siendo la malversación un delito reconocible por todos los códigos penales europeos las probabilidades de que las euroórdenes sean aceptadas crecen exponencialmente. De ser así, la imagen de Puigdemont siendo entregado a la policía española a pie de escalerilla de un avión (tal vez esposado) comienza a visualizarse. De confirmarse, supondría un duro golpe emocional para él y sus seguidores.
La segunda opción es la de tomar la iniciativa política y judicial, compareciendo por voluntad propia ante el Tribunal Supremo, rodeado de una nube de periodistas y de dirigentes políticos, incluso los de ERC, de ser suficientemente perspicaces como para no ceder todo el protagonismo a Puigdemont. Sus antecedentes de fugado le llevarían a la prisión preventiva muy probablemente, sin embargo, aceleraría los tiempos de un desenlace que desde hoy se intuye inevitable y mantendría incólume su imagen de héroe independentista. El antecedente de los indultos a sus exconsejeros permite pensar que también el expresidente podrá beneficiarse de una medida de gracia llegado el momento oportuno.
La tercera vía es la de mantener la huida por el tiempo que pueda en algún país fuera de la Unión Europea, para seguir alimentando la ficción del legítimo presidente de la Generalitat perseguido injustamente por la justicia española y desamparado de la justicia europea. Parece poco probable, sin embargo, muchos de sus seguidores lo aplaudirían y se convertiría en una referencia para todos aquellos que han desconectado o vayan a desconectar de los partidos soberanistas. En el mejor de los casos, Puigdemont sería una sombra alargada que incomodaría a todos los políticos independentistas que vayan a tomar la dirección del movimiento en el futuro y a la propia Generalitat autonómica.
