San Fulgencio es un municipio del interior de la provincia de Alicante, en la comarca de la Vega Baja con algo más de 9.000 habitantes. Desde mayo de 2023, cuando se celebraron las elecciones municipales, el Partido Popular (PP) tiene el bastón de mando con José María Ballester como alcalde de la localidad alicantina. Sin embargo, la alcaldía la consiguió gracias al apoyo del Partido Independiente por las Nacionalidades (PIPN) que obtuvo dos escaños y que, junto a los cinco del PP, consiguieron, en coalición, superar al PSOE, con seis escaños.
Una situación que se ha tornado del todo diferente y que llega a la actualidad con un escenario repleto de reproches y protestas por parte de la oposición ante lo que consideran “un ataque a la democracia”. Pese a que en los comicios de 2023, el PIPN obtuvo dos concejales, Rosario Mejías de Dios y Alain Franz Vanderbergen, este último firmó la instancia para pasar a no adscrito el pasado 4 de junio, con lo que retiraba el apoyo a los populares.
Tras ello, el panorama quedaba configurado de manera completamente diferente. De esta forma, el PSOE pasaba a tener seis escaños y un séptimo del concejal no adscrito, y el PP, con la otra concejala del PIPN, seis. Es decir, los socialistas volvían a tener mayoría en el consistorio de San Fulgencio. A razón de ello, desde el PSOE llevaron al pleno extraordinario del 18 de junio de este mismo año el debate para la moción de censura, con la proclamación como alcalde del candidato socialista, José Sampere, como fin último. Sin embargo, apenas ocho minutos después de iniciar dicho pleno, la mayoría popular de la mesa de edad levantaba la sesión impidiendo así el debate y amparándose en un informe jurídico presentado por el alcalde con el que cuestionaba la validez del voto del concejal independiente, y alegaban que la propuesta de moción de censura era “contraria a derecho”.
Unos hechos similares se repitieron por segunda vez en el pleno extraordinario celebrado el pasado 25 de julio. En esta ocasión, tres minutos fueron suficientes para levantar la sesión, alegando esta vez que no se pueden firmar dos mociones en un mismo mandato.
Sin embargo, con este escenario encima de la mesa, desde la formación socialista recurrieron a la justicia tras el primer intento de moción en junio. Además de exigir al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, la expulsión del partido de estos concejales por algo que tildaron de “insólito e intolerable”, solicitaron ante el juez una medida cautelar cuestionando la legalidad de que la mesa de edad pueda levantar la sesión con el objetivo de impedir la votación de la moción de censura. Sin embargo, el juzgado contencioso-administrativo número 1 de Elche ha denegado la petición.
Las mentiras del PP tras la resolución judicial
Al hilo de ello, la crispación que late entre las filas socialistas en el consistorio del municipio alicantino no bebe únicamente de la resolución de la justicia, sino que denuncia las mentiras que está defendiendo el PP, quien asegura que la justicia les ha dado la razón cuando lo único que ha denegado es el carácter de urgencia que solicitaban los socialistas y solo sobre el primer levantamiento de sesión. “Lo primero que dicen es que el juez les ha dado la razón y yo les digo que no, que están mintiendo de nuevo. No hagan creer a las personas cosas que no son. Quiero aclararles que el juzgado no ha avalado la actuación de la mesa de edad como ha pretendido hacer creer el PP, lo que ha resuelto el juzgado es que no concede las medidas cautelares solicitadas por el PSOE pero solamente por razones procesales, considera que no se ha acreditado la urgencia y que la medida supondría el anticipo de la tutela judicial que se pretende, no la garantía o protección de las mismas”, sostenía hace escasos días el líder de los socialistas en el municipio.
En este orden de cosas, el portavoz del PSOE y candidato a la alcaldía, José Sampere, señala a este periódico que el juzgado "no ha avalado la actuación de la Mesa de Edad como han pretendido hacer creer desde el PP". "La resolución es muy clara en este punto: el juez establece expresamente que "sin prejuzgar el fondo del asunto" y que "otra cosa es que esa decisión haya sido o no conforme a derecho", indicando que estas cuestiones "se resolverán en sentencia sobre el fondo"", destaca. Asimismo, Sampere señala también que "lo único que ha resuelto el juzgado es que no concede la medida cautelar solicitada, pero exclusivamente por razones procesales: considera que no se ha acreditado suficientemente la urgencia y que la medida supondría "el anticipo de la tutela judicial que se pretende, no la garantía o protección" de la misma.
En líneas similares, para justificar las acciones tomadas el grupo socialista defiende cuatro puntos clave. “Primero, la mesa de edad se extralimitó en sus competencias a levantar la sesión; segundo, se vulneró nuestro derecho de participación política reconocido en el artículo 23.2 de la Constitución; tercero, se generó indefensión al no darnos traslado del informe jurídico antes del pleno; cuarto, el secretario municipal, como experto en derecho administrativo, advirtió que la moción cumplía los requisitos y debía continuar el acto”, sostuvo Sampere.
"Numerosas deficiencias en la calidad del servicio prestado"
En declaraciones a ElPlural.com, el concejal adscrito Alain Franz Vanderbergen ha puesto de manifiesto las condiciones a las que se enfrentan los habitantes del municipio y lamenta "las numerosas deficiencias en la calidad del servicio prestado". De esta forma, sostiene que "a excepción del servicio SIREM (servicio de ambulancia 24 horas), creado tras más de un año de gobierno, no solo no se ha hecho nada, por ejemplo, por los parques y otras zonas privadas, sino que cada vez es más evidente la negativa del equipo actual a considerar y buscar soluciones. Como concejal de Hacienda, participé activamente con los funcionarios responsables del ayuntamiento y los de SUMA en los cálculos del TRRSU de conformidad con la ley 7/2022". Sobre esto último, Vandenbergen agrega que "los datos concretos, verificados por SUMA, revelan graves injusticias que nuestros administrados desconocen o conocen muy mal, pero que sin embargo sienten profundamente". Unos datos que explican "por qué las urbanizaciones pagan el doble del importe del impuesto TRRSU en comparación con el pueblo y, en total, el 95 % del importe total de este impuesto".
Con todo ello, el concejal adscrito defiende que el pueblo de San Fulgencio "se merece un alcalde, un jefe de equipo que escuche, consulte, se informe y que, en cualquier caso, tenga la última palabra y tome decisiones cuya aplicación controlará posteriormente, reservándose, por supuesto, el derecho a modificarlas si las circunstancias lo requieren".
Con todo ello, desde las filas socialistas en el ayuntamiento sostienen la necesidad de que "intervenga la justicia" dado que volver a presentar otra moción "sería lo mismo de lo mismo, no dejarían que llegase a votar". "Lo que el PP dice es que la moción ya se ha celebrado y en una misma legislatura no se pueden presentar más. Claro está, ellos se lo guisan, ellos se lo comen. Por este motivo tiene que intervenir la justicia. La verdad que este es un golpe a las leyes democráticas y a la constitución, con estos mecanismos que se han inventado nunca habría mociones de censura", defiende en declaraciones a ElPlural.com el portavoz socialista.
