La vivienda es actualmente el principal problema para la gran mayoría de familias del país. La escasa oferta y los precios disparados, tanto en alquileres como en compraventa, sumen en la pobreza a los hogares e impide la emancipación de millones jóvenes, situación que ha empujado al Gobierno a impulsar diversas actuaciones. Una de las más emblemáticos es el Programa de Ayudas al Alquiler de Viviendas 2022-2025, para el que el Ejecutivo ha distribuido millones de euros entre las comunidades autónomas, confiando en que estas complementasen la inversión. Sin embargo, la Generalitat Valenciana decidió no aportar ni un euro.
El Gobierno del Partido Popular (PP), en comunión con Vox hasta hace un mes, dejó sin cobrar la ayuda del alquiler en 2023 a 4.266 solicitantes que la habrían recibido, pues cumplían los requisitos, por falta de presupuesto. Para ese año, la financiación total ascendió hasta los 6.990.900 euros y cada céntimo procedió de las cuentas del Ministerio de Transportes, Movilidad Sostenible y Agenda Urbana (ahora dividido en dos). El Ejecutivo de Carlos Mazón contribuyó con cero euros, como recoge el Diari Oficial, y, como es habitual, culpa de ello al consistorio anterior (PSOE y Compromís).
Sin embargo, lejos de reconocerlo, Mazón quiere apuntarse el tanto de cara a este año y ha anunciado que ha resuelto la primera concesión de las ayudas, “con una dotación económica de 18.433.546,07 euros”. Lo cierto es que la Generalitat suma a este total los casi siete millones puestos únicamente por el Gobierno central en 2023. Además, también cuenta con la nueva partida, de la misma cantidad, que depositará este año. En total, el Ejecutivo de Mazón tan solo pondrá 4.451.746,07 euros, por los 13.981.800 euros del Ministerio de Agenda Urbana.
Asimismo, los datos desmienten el argumentario que señala al Gobierno anterior. En 2023 el número de beneficiarios ascendió hasta los 4.108, mientras que en los últimos años del Botànic alcanzaron cifras mucho más altas: 8.578 (2022) y 11.646 (2021). Cifras normales que habría alcanzado Mazón si hubiese destinado presupuesto y no se hubiera excluido a más de 4.000 solicitantes. Además, la documentación también tumba el argumentario del PP, dado que los Presupuestos autonómicos de 2023, emitidos por el Botànic antes de perder la Generalitat, contaban con una partida de 11,3 millones de euros para ayudas al alquiler enmarcadas en el plan estatal.
La evidencia queda refutada con el proceder en los cursos pasados del anterior conseller de Vivienda, Héctor Illueca (Unidas Podemos). Durante el curso 2021-2022 la financiación de la Generalitat fue de 10,7 millones, por 8,5 millones del Gobierno central, y en 2022-2023 aportó un total de 19,5 millones de euros para este cometido, por 16 millones del Ministerio.
Millones de diferencia
Los partidos que conformaban el Botànic no han tardado en reaccionar a la publicación de los datos del Gobierno de Mazón y al fuerte contrapunto que representan con las políticas anteriores. Joan Baldoví, una de las principales voces de Compromís, considera lo sucedido una cuestión de prioridades. “La Generalitat subvenciona con 300.000 euros a la Fundación Toro de Lidia de Madrid. Consecuencias: La mitad de los solicitantes con derecho a ayuda al alquiler se quedan sin ella por falta de fondo”, ha denunciado.
Los socialistas también han reaccionado, en palabras del diputado valenciano José Díaz, apuntando a otro uso preferencial que hace ahora la Generalitat de los Presupuestos. “El Consell deja sin ayuda al alquiler a más de la mitad de solicitantes aptos. Mientras, Mazón perdona impuestos a quienes más tienen”, ha denunciado. “¿Sonríes con el cambio?”, ha añadido, zanjando que la clave “está en tu voto”.
