Mientras centenares de familias valencianas atraviesan todavía el duelo fruto de la gestión de Carlos Mazón en la DANA que se llevó la vida de 228 personas, en la presidencia de Les Corts están de aniversario. Este domingo 13 de julio el jefe del Ejecutivo valenciano cumple dos años desde que fue elegido como presidente de la Comunidad Valenciana con el apoyo, después retirado, de la extrema derecha, y como regalo se garantiza el sueldo vitalicio que recoge la ley y que establece a quienes alcancen al menos dos años en el cargo la inclusión en el Consell Jurídic Consultiu (CJC).
Dos años marcados por la peor página de todas, la del 29 de octubre de 2024, y también por un constante tira y afloja con las fuerzas de extrema derecha en la autonomía, siendo estas inicialmente un pilar clave para la consolidación del Ejecutivo valenciano, pasando a convertirse en oposición tras la salida de Vox de los gobiernos autonómicos en julio del año pasado, hasta consolidarse como la voz dominante en el Consell apoyando unos presupuestos autonómicos única y exclusivamente si se recogían sus exigencias.
Lo cierto es que esta fecha no es una más marcada en rojo en el calendario del jefe del Consell, sino que, tal y como se desprende de su letra pequeña, supone que a partir de ahora el presidente valenciano entra a formar parte del CJC. Ahora bien, ¿qué supone esto? Según se recoge en la Ley 6/2002, todos aquellos presidentes autonómicos que superan los dos años en el cargo se integran en este órgano pasando a recibir una remuneración equivalente al sueldo que percibían en su cargo, suponiendo esto una retribución de 75.000 euros anuales durante un periodo de tiempo igual que el de su mandato en caso de que este sea incompleto, o durante 15 años si completa la legislatura.
En líneas exactas de la norma, en su artículo 4.1, puede leerse que "serán miembros natos del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana durante un plazo de 15 años cuando hayan ejercido el cargo de presidente por un periodo igual o superior a una legislatura completa. En los restantes casos, serán miembros natos por un periodo igual al tiempo que hayan ejercido el cargo de presidente, con un mínimo de dos años”.
Con todo ello, supone una garantía económica de la que a partir de este domingo ya goza Mazón y que ha sido en numerosas ocasiones objeto de crítica por parte de la oposición en Les Corts, especialmente desde Compromís. En marzo, la formación cuyo portavoz es Joan Baldoví alzaba la voz para exigir una reforma de la ley con el objetivo de impedir que Mazón y el resto de futuros presidentes puedan cobrar 75.000 euros al año durante 15 años, una vez concluya su mandato. A su vez, se buscaba también que no entren a formar parte del Consejo Jurídico Consultivo (CJC), del que, actualmente, son miembros natos en caso de haber ejercido el cargo durante el periodo de una legislatura o más, y miembros natos por un periodo igual al tiempo que hayan ejercido el cargo con un mínimo de dos años, en caso de no haber completado la legislatura entera.
“Cuando la gente se pregunta por qué Mazón no dimite, nosotros tenemos tres respuestas: la primera, porque quiere seguir aforado y mantener ese privilegio; la segunda, para seguir repartiendo contratos a dedo; y la tercera, porque quiere asegurarse esos 75.000 euros y seguir en el Consell Jurídic Consultiu cuando deje de ser presidente”, sostenía Baldoví Les Corts. Unas palabras que volvía a compartirlas este lunes centrando esta vez la responsabilidad de la retribución vitalicia en Génova. “El 13 de julio, Mazón hará dos años en el cargo. Por fin podrá cobrar su ‘paguita’ gracias a personas como Esteban González Pons. Recordad las caras. El problema no es Mazón, el problema es el PP”, sostenía.
En las mismas líneas también se han pronunciado desde el otro ala de la oposición. Los socialistas en la cámara valenciana han acusado a Mazón de anteponer su supervivencia política y económica sobre la reconstrucción y el bienestar de la ciudadanía. “Está más centrado en blindar su jubilación dorada que en atender a las comarcas que siguen esperando las ayudas”, defienden desde el PSPV. Unos reproches que también se hacen extensibles al Gobierno, desde donde la ministra portavoz, Pilar Alegría, ha calificado de “muy poco decente” por parte del presidente valenciano referirse a la reconstrucción mientras lo que le preocupa es su asignación vitalicia.
Sueldo vitalicio con 228 muertos y la extrema derecha dictando
Al margen de lo que supone esta fecha en materia económica para el jefe del Consell, la situación se torna todavía más grave cuando la trayectoria que Mazón lleva a sus espaldas desde que fue investido como presidente no gira a su favor.
Según un sondeo de Prensa Ibérica, el 81,2% de los valencianos considera que su presidente debe dimitir, y el 90% de ellos opina que no debería presentarse a la reelección. Unos datos que reflejan el descontento de la población evidenciado cada mes con la manifestación que se viene celebrando desde el pasado mes de noviembre, cuando se cumplía el primer mes desde la tragedia. Este 29 de junio, a pesar de las altas temperaturas que sacudían la ciudad de Valencia, las calles de la capital del Túria volvieron a llenarse de gente que recriminaban al Ejecutivo valenciano la nefasta gestión de la DANA y la lentitud en la reconstrucción. Con lemas que ya se han convertido en protagonista de estas manifestaciones, como "Mazón dimisión" o "El president a Picassent", los familiares de las víctimas lamentaron que, mientras las respuestas siguen sin llegar, el Ejecutivo valenciano prosigue en su línea de negocio. "Lo que sí que hay es negocio: mientras el dinero llega de manera lenta e insuficiente a la población afectada y a los servicios esenciales, fluye sin impedimento y con rapidez hacia empresas manchadas por la corrupción. No se puede mantener en el cargo un presidente incapaz que, en vez de asumir responsabilidades, mira por sus intereses y asume políticas negacionistas que nos abocarán a la repetición de la tragedia para beneficio de unos pocos”, señalaron.
Al margen de la profunda e irreparable mancha que ha supuesto la DANA en el Ejecutivo de Mazón, lo cierto es que estos dos años de mandato han estado protagonizados también por los constantes acuerdos con la extrema derecha. Sin ir más lejos, el pasado 28 de mayo, el Gobierno valenciano aprobaba sus presupuestos gracias al respaldo de Vox. Fue en el mes de marzo cuando empezó a adquirir mayor nitidez la idea de aprobar las cuentas valencianas después de que los populares de Mazón dieran el visto bueno a las exigencias que les hacían llegar desde la ultraderecha a modo de condición para apoyarles en las cuentas.
Este acuerdo llegaba al mes de mayo con las enmiendas todavía por pactar, algo que hicieron público el pasado 8 de mayo anunciando un total de 35 polémicas enmiendas entre las que se encuentra la creación de una oficina anti-okupación de vivienda, la posibilidad de restaurar elementos de “concordia” en su ubicación original o pruebas médicas para determinar la edad de los menores migrantes no acompañados, entre otros. Con ello, se daba luz verde a la mayoría de las enmiendas registradas en solitario por PP y Vox, tramitándose finalmente 35 (29 de Vox y seis del PP), es decir, una tercera parte de las 110 propuestas presentadas inicialmente por estos grupos.
Por contra, ninguna de las propuestas presentadas por la oposición fueron consideradas, lo que generó la reacción de ambos grupos que denunciaron en Les Corts el “pacto del Ventorro” para retratar la sintonía más que evidente entre la derecha y la extrema derecha. Por parte de las filas socialistas, su diputado José Díaz definía la ley de acompañamiento a los presupuestos como “la factura” que deben pagar los populares por contar con el respaldo de Vox: “Un ‘bizum’ de indignidad”. Así, desde Compromís, su síndic Joan Baldoví acusaba al Ejecutivo valenciano de tumbar sus enmiendas sin estudiarlas y lamentaba las propuestas “casposas” de ambos grupos, con cambios “por la puerta de atrás” y la eliminación de la posibilidad de comparar viviendas con los derechos de tanteo y retracto.
Con este telón de fondo, y con la incógnita de si completará la legislatura y, por lo tanto, se asegurará la paga durante 15 años, Mazón completa el ecuador de su mandato convirtiéndose en uno de los presidentes más juzgados y forzados a la dimisión de la historia de Valencia.