El presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, se asegurará 75.000 euros de sueldo público durante dos años si consigue aguantar en el cargo hasta el próximo 13 de julio. En esta fecha, el dirigente del PP cumpliría dos años al frente del Consell autonómico, llegando al ecuador de la legislatura y alcanzando un punto en el que, según el Estatuto de los Expresidentes de la Comunitat Valenciana, le habilitaría para formar parte del Consell Jurídic Consultiu (CJC) y percibir dicha retribución anual durante el mismo tiempo que ha desempeñado el cargo.
La situación política de Mazón a raíz de su gestión de la DANA y de su comportamiento en los meses posteriores es muy endeble. Las críticas a su actuación ya no solo en el fatídico día sino también en sus múltiples comparecencias posteriores están empezando a llegar también desde el propio PP, donde en privado, según publica Levante, la mayoría de dirigentes admiten que les desconcierta la estrategia que está siguiendo, cambiando de versión y sin señalar adecuadamente las responsabilidades.
Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha limitado a aguantar las críticas y no ha movido ficha con el presidente autonómico. No obstante, la debilidad del barón valenciano ha abierto especulaciones sobre su futuro, lo que siempre ocurre en casos como este. Aquí es donde entra en juego la ley 6/2002 que regula los derechos de los expresidentes de la Generalitat.
En su artículo 4.1, puede leerse que "serán miembros natos del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana durante un plazo de 15 años cuando hayan ejercido el cargo de presidente por un periodo igual o superior a una legislatura completa", un escenario (2027) que se antoja lejano ahora mismo para Mazón. Pero añade: "En los restantes casos, serán miembros natos por un periodo igual al tiempo que hayan ejercido el cargo de presidente, con un mínimo de dos años". Este epígrafe es el que permitiría a Mazón percibir este salario si llega hasta el 13 de julio como presidente autonómico, momento en el que se cumplirían dos años desde la investidura.
Lo podría disfrutar cuando quisiera
A su vez, no sería necesario que se acogiese a ese derecho de forma inmediata si no quisiese hacerlo así. El salario del CJC es una especie de bolsa que el beneficiario puede disfrutar cuando lo desee, por lo que Mazón podría buscar otras salidas profesionales y activar este sueldo en otro momento, más adelante.
Por otra parte, cabe recordar que el jefe del Consell disfruta de una excedencia en la Cámara de Comercio de Alicante desde 2019, cuando accedió a la presidencia de la diputación provincial. Allí se desempeñaba como gerente, con un salario que, en 2021, ascendía a los 95.000 euros, 20.000 más de los que podría obtener del CJC.
Además, si completara la legislatura, tendría derecho a percibir los citados 75.000 euros durante 15 años. Es aquí donde surge otra cuestión: esta semana, la dirigente socialista Diana Morant le pidió a Mazón que adelantase las elecciones, y de acceder a esta solicitud, la legislatura, aunque breve, estaría completada. ¿Considera la ley una legislatura inacabada como una legislatura completa? Fuentes jurídicas señalan que no, pero reconocen la ambigüedad de este epígrafe.
Sea como fuere, un adelanto electoral no le viene bien al PP en este momento, ya que enfrentaría a Mazón con Génova, donde no contemplan este escenario dada la baja popularidad de su barón en la región tras la crisis.
No obstante, lo que sí tiene atado el dirigente autonómico, incluso aunque su mandato se acabe mañana, es el derecho a contar con dos asesores, un local, un coche y un chófer, también a cuenta del presupuesto de la Generalitat. La ley 6/2002 concede a los expresidents, independientemente del tiempo que hayan estado en el cargo, una "oficina de apoyo" con los citados recursos y por tiempo ilimitado, de los que gozan otros presidentes como Francisco Camps, Alberto Fabra y Ximo Puig.
