Ocho meses después las respuestas siguen sin llegar. Justo en el día en el que se cumplen ocho meses desde que la peor DANA del siglo XXI marcó un antes y un después en la Comunidad Valenciana, el Ejecutivo autonómico de Carlos Mazón se mantiene en el silencio y en la ausencia de respuestas y medidas que ayuden a paliar el daño y las pérdidas que sufre la provincia de Valencia.
Con este telón de fondo, el pueblo valenciano ha desafiado a las altas temperaturas que este fin de semana han puesto en alerta a la totalidad del país, y ha salido a la calle en la octava manifestación desde la DANA. Como ya viene siendo cita fija en el calendario, un mes más la ciudadanía ha exigido en las principales calles de la capital del Túria la dimisión de su presidente y la depuración de las responsabilidades correspondientes por las 228 víctimas mortales que dejó la DANA.
La marcha, que ha arrancado a las 19:30 horas en la Plaza del Ayuntamiento y ha recorrido la calle San Vicente, la plaza de la Reina y la calle Micalet, hasta acabar en la plaza de la Virgen, ha contado con la asistencia de más de 200 entidades sociales, asociaciones de víctimas de la DANA, los comités locales de emergencia y reconstrucción y el Acord Social Valencià que, al margen de la dimisión del president, han centrado esta vez sus reivindicaciones en la lentitud del Ejecutivo valenciano con las tareas de reconstrucción, así como la falta de planificación. "Volvemos a salir a la calle con un lema 'Mazón, dimisión', pero con muchas razones. Ocho meses después de la barrancada no hay reconstrucción y no se ha asumido ninguna responsabilidad por la nefasta gestión de la catástrofe climática del 29 de octubre", detallan los convocantes en un comunicado.
Sin respuestas a las víctimas, pero con negocio
Con lemas que ya se han convertido en el protagonista de estas manifestaciones, como "Mazón dimisión" o "El president a Picassent" -haciendo referencia a la prisión del municipio valenciano de Picassent-, los familiares de las víctimas han encabezado la multitudinaria marcha para hacerse eco de lo plasmado en el comunicado. De esta forma, lamentan que, mientras las respuestas siguen sin llegar, el Ejecutivo valenciano prosiga en su línea de negocio. "Lo que sí que hay es negocio: mientras el dinero llega de manera lenta e insuficiente a la población afectada y a los servicios esenciales, fluye sin impedimento y con rapidez hacia empresas manchadas por la corrupción". Por ello, señalan que “no se puede mantener en el cargo un presidente incapaz que, en vez de asumir responsabilidades, mira por sus intereses y asume políticas negacionistas que nos abocarán a la repetición de la tragedia para beneficio de unos pocos”.
Asimimso, en línea con la situación que ocho meses después sigue enfrentando la provincia de Valencia y que este domingo han vuelto a denunciar en la manifestación, los convocantes recriminan que, según datos de FAMPA-Valencia, hasta el momento, son todavía ocho los centros educativos pendientes de derruir y quince donde todavía se tiene que reconstruir parte de la infraestructura. Asimismo, hay 88 colegios que han retomado la actividad a pesar de que todavía no se han recuperado de las consecuencias sufridas por la DANA. "Un barracón no es una escuela y no se puede dejar atrás la educación cuando se habla de reconstrucción. Las soluciones provisionales otorgadas tratan de imponer una normalidad que no existe", lamentan. Asimismo, ponen de relieve que los servicios básicos como el transporte escolar o los servicios médicos “tampoco han sido restablecidos completamente, un hecho especialmente grave por los problemas de salud y pobreza provocada por la negligente gestión de la barrancada”.
La crítica expresada se extiende también a la ausencia de productos de primera necesidad que muchas familias siguen sufriendo ya que hasta 3.500 familias todavía siguen siendo atendidas por los once puntos de reparto de productos de primera necesidad no institucionales de la zona cero. Reprochan también que miles de garajes y viviendas continúan en condiciones “deplorables” y que personas con movilidad reducida continúan sin poder salir a las calles porque permanecen sin ascensores. "Y alrededor de 20.000 trabajadoras y trabajadores en ERTE que tienen como único apoyo las redes de solidaridad que surgieron con esta catástrofe y que se mantienen activas ante el desinterés y el abandono institucional", agregan.
