El sector de las editoriales de libros de texto ha salido al paso de las recientes polémicas iniciadas por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y han negado el adoctrinamiento, así como han pedido que no sean usadas "como arma arrojadiza del juego político". De esta forma se han manifestado los profesiones de la edición de libros y contenidos académicos para desmentir las acusaciones de la lideresa, quien este lunes ha anunciado que ha presentado un recurso para paralizar el currículo de bachillerato para el curso 2022/2023. Este martes, Ayuso ha insistido en su censura para evitar los "contenidos ideológicos sesgados" impulsados -dice- por el Gobierno de Pedro Sánchez y el Ministerio de Educación.
Firmado por la Asociación Nacional de Editores de Libros y material de Enseñanza (ANELE), las editoriales han publicado un comunicado para responder a las críticas tras reunirse tanto con la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid como con algunos partidos políticos de la oposición, como Unidas Podemos. "El principal compromiso es elaborar proyectos de calidad que puedan ser utilizados por docentes y alumnado en las aulas", afirman en el primer punto de este texto.
En el texto, aseguran que todas las editoriales tienen que desarrollar sus proyectos en línea con la Ley Orgánica de Educación y bajo tres principios fundamentales: "Plasmar lo establecido en los diseños curriculares de Enseñanzas Mínimas y en los Decretos autonómicos; el rigor científico y respetar los principios y valores de la Constitución". Insisten, además, en que -en el caso de detectar que algún libro o material incurriera en alguna cuestión contraria a estos elementos- se toman las medidas necesarias. "Somos los primeros en solicitar que se corrija", aseguran, lo que desmiente las declaraciones vertidas por Ayuso.
"La tardanza" de la Administración
Por otra parte, también lanzan un dardo a la Administración madrileña en cuanto a la gestión de los borradores, ya que aseguran que "la tardanza en la publicación de los Reales Decretos y los Decretos autonómicos ha hecho que la labor de las empresas se haya realizado en una situación diferente". "Hubiera sido deseable poder presentar unos libros más definitivos", afirman en el comunicado.
En las líneas, que ocupan más de un folio, manifiestan que ANELE ya advirtió a comienzos de año de esta "situación de incertidumbre" y de la "falta de información", por lo que piden a las Comunidades Autónomas, "entre ellas a la Comunidad de Madrid", que "avancen en sus desarrollos normativos" para poder elaborar a tiempo los libros de texto.
Tras explicar que las empresas "están haciendo enormes esfuerzos, tanto económicos como de carga de trabajo para facilitar el inicio del próximo curso", las editoriales han querido desmentir las acusaciones que desde el Gobierno de Ayuso se han lanzado de poca independencia y de estar bajo el adoctrinamiento de Sánchez. Por eso, defienden que es un sector "diverso y plural" así como la libertad de enseñanza. "Preservar la diversidad es clave para facilitar la Libertad de Cátedra del profesorado", han insistido.
Con todo, han abierto las puertas a cooperar con los gobiernos regionales. "Las editoriales asociadas a ANELE están abiertas, como siempre lo han estado, a la colaboración con las diferentes Administraciones educativas. Asimismo, consideran que todas las medidas dirigidas a mejorar la calidad de sus proyectos basadas en criterios técnicos son bienvenidas", afirman. No obstante, ruegan que los libros y la actividad editorial "no sean utilizados como arma arrojadiza del juego político", como está ocurriendo en las últimas semanas.
