El juez retira el pasaporte a Medina y Luceño y les obliga a comparecer cada 15 días

Luis Medina y Alberto Luceño han acudido este lunes a los juzgados de Plaza de Castilla para declarar por su presunta implicación en el caso de las mascarillas que rodea al Ayuntamiento de Madrid de José Luis Martínez-Almeida. Tras casi dos horas de comparecencia, el PSOE, personado como acusación popular, ha solicitado al juez que ordene la retirada del pasaporte de ambos y que les orden que comparezcan ante los juzgados cada 15 días.

Finalmente, el magistrado ha decidido retirar el pasaporte a ambos comisionistas y obligarles a comparecer en el juzgado cada 15 días. Las medidas habían solicitadas por Más Madrid, a las que se ha adherido Podemos. El PSOE solo había pedido la retirada del pasaporte. Por su parte, ni Fiscalía, ni el Consistorio querían que se impusiese ningún tipo de medida a los investigados. Así, el magistrado, Adolfo Carretero, marca su propia línea de dirección de la investigación enmendando la plana al Ministerio Púbico a la primera de cambio.

Durante su comparecencia, tanto Medina como Luceño se han negado a contestar a las partes y al fiscal, y solo han atendido a las preguntas del juez.

Entre mucho alboroto por visitantes y medios de comunicación, el primero en llegar ha sido Luceño, quien ha acudido tres horas antes de la cita prevista para su declaración. Lo ha hecho sin responder a los periodistas y portando una mascarilla.

Medina, por su parte, ha llegado a las dependencias judiciales pasadas las 11.40 horas en taxi. Tampoco ha querido hacer declaraciones ante las decenas de medios que le han rodeado tras bajarse del vehículo. Tal ha sido la expectación que en algún momento se ha golpeado contra las vallas de acceso. Ambos investigados han llegado en traje y acompañados de sus letrados, aunque el aristócrata -hijo de Naty Abascal- ha llegado a cara descubierta.

Estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales

Adolfo Carretero, magistrado instructor, investiga la querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción por presunta comisión de delitos de estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales. El juez estima “graves” estos hechos debido a que se produjeron en el momento “más álgido” de la pandemia, con “miles de fallecimientos diarios”.

El fiscal firmante de la querella, Luis Rodríguez Sol, entiende que Medina y Luceño ofrecieron al Ayuntamiento de Madrid la posibilidad de adquirir “grandes remesas de material sanitario fabricado en China” con el fin de obtener un “exagerado e injustificado” beneficio económico.

Medina obtuvo una comisión de un millón de euros en calidad de intermediario, un dinero que destinó a la adquisición de un velero por valor de 325.515 euros y a dos bonos de inversión por un precio de 200.000 euros cada uno. Días después de recibir las comisiones, según el sumario de la investigación, el aristócrata transfirió el dinero a una cuenta en Países Bajos, dejando una de sus cuentas prácticamente vacía y otra en números rojos.

El fiscal requirió el embargo del velero y de sendas cuentas bancarias. Sin embargo, tras comprobar que en una de sus ellas apenas quedaban 250 euros, el instructor fijó una fianza de 981.000 euros a instancias de Anticorrupción. En caso de impago de ésta, se embargarían los derechos hereditarios del investigado en relación a la duquesa de Medinaceli, abuela de Medina.

Al aristócrata se le investiga también por la presunta comisión de un delito de alzamiento de bienes, toda vez que el juez comprobara que el investigado realizó disposiciones de sus bonos y patrimoniales desde el 13 de abril de 2021, cuando fue citado a declarar ante Anticorrupción. Hasta la fecha, tan solo se ha podido embargar el velero matriculado en Gibraltar y la cuenta corriente con saldo positivo (247,26 euros) en calidad de cobertura de la responsabilidad civil de los delitos que se le imputan. Una cuantía que se dispara hasta los 1,2 millones de euros.

Medina, el facilitador

Medina emerge en la operación como el facilitador, según defendió en su declaración ante el fiscal. Esgrimió que fue él quien contactó con la Administración aprovechando su amistad con un “familiar del alcalde”, en concreto su primo. En su interlocución con la Corporación municipal, a Medina se le facilitó el nombre de Elena Collado, coordinadora general de Presupuestos y Recursos Humanos del Área de Gobierno de Hacienda y Personal del Consistorio. El PSOE ha pedido que Collado, que está citada a declarar el próximo 9 de mayo en calidad de testigo, sea llamada como investigada para que tenga “una adecuada defensa”.

Medina admitió en su declaración ante el instructor que Almeida le “llamó o escribió” para agradecerle la donación de 283.000 mascarillas en los peores momentos de la pandemia, argumentando que no mantenía “ninguna relación” con él. El aristócrata subrayó que del montante total percibía “menos de un 10% de comisión”, algo que está “dentro de lo normal”, según defendió.

Asimismo, su defensa presentó un escrito mediante el cual se quejaba de que el juez aceptara la presencia del Ayuntamiento de Madrid como perjudicado en la causa, como la empresa de la funeraria municipal, debido a que en sendos casos validaron los contratos investigados. "El asunto se dio por concluido y el Ayuntamiento se sintió satisfecho con la solución, por lo que ahora no pueden venir a quejarse de algo que dieron por válido y por lo que no interpusieron ningún tipo de reclamación", subrayó su abogado.

Luceño, el negociador

Junto a Medina, también declarará Alberto Luceño en calidad de investigado por ser el que dirigió las negociaciones con Collado, presentándose como un “experto en importación de productos procedentes del mercado asiático, con fábricas en China a su disposición, y como agente exclusivo de la empresa malaya EEE, a través de la cual se realizaría la importación”.

Según la Fiscalía, Luceño carecía de “experiencia significativa” en negocios de importación ni de “fábricas en China”, asimismo tampoco era agente “exclusivo” de ninguna empresa malaya ni actuaba “movido por ninguna intención altruista”.

Las investigaciones apuntan a que Alberto Luceño percibió un total de 4,6 millones de euros en concepto de comisiones, a través de transferencias remitidas desde Malasia a una cuenta personal. El empresario pagó con el dinero una estancia en un hotel de Marbella (60.000 euros), tres relojes Rolex, doce coches de lujo y una residencia en Pozuelo.

Por su parte, el juez ya ha ordenado el bloqueo de tres cuentas bancarias y tarjetas por valor de casi 130.000 euros, así como el embargo de la vivienda de lujo adquirida. En su declaración ante Anticorrupción, admitió que adquiría vehículos como forma de “inversión” para venderlos posteriormente. “Hemos vendido ya tres. Parte son coches de inversión, los compramos porque valían 700.000 euros, 800.000 euros y los conseguimos por 390.000”, deslizó.