El hijo del duque de Feria y Naty Abascal ha corrido más que la Justicia. El magistrado del caso de las mascarillas había ordenado embargar las cuentes de Medina y su socio, Alberto Luceño, pero la sorpresa ha saltado cuando el banco ha informado que en la cuenta de Medina solo hay 250 euros. Nada se sabe de dónde están los dos bonos económicos por valor de 200.000 euros. Ante la imposibilidad de embargar la cuenta, el juez solicita a las partes que propongan otras medidas económicas para poder embargarle y hacer frente a las posibles responsabilidades civiles.
Según la investigación, Medina habría cobrado una comisión de un millón de euros con los que habría comprado un velero, que puso a nombre de una sociedad gibraltareña, y dos bonos bancarios. Sin embargo, esos bonos han desaparecido del banco, tal y como ha adelantado ELDiario.es.
Medina compró el barco y los bonos, pero su socio fue más allá. Alberto Luceño Cerón prefirió tener los pies en la tierra y, dado que cobró más dinero e incluso ocultó parte de sus comisiones a su socio, gastó 3.272.548,01 euros de los más de cinco millones de dólares que cobró en comisiones.
Además, se gastó 60.000 euros por estar cinco noches en un hotel de Marbella donde los investigadores no especifican si pagó más de 10.000 euros por cada noche o si pagó varias habitaciones para más personas y con más servicios además de la estancia, tres relojes Rolex por un total de 42.450 euros, una docena de coches por un total de dos millones de euros y el broche de oro: una casa en Pozuelo de Alarcón (Madrid) por un total de 1.107.400 euros.
Auto demoledor
Este auto se hace público tan solo 24 horas después de que otro auto demoledor del magistrado instructor saliera a la luz. En el anterior, el titular del Juzgado de Instrucción nº 47 de Madrid, Adolfo Carretero, destacaba la “gravedad” de los delitos de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales por los que han sido denunciados por la Fiscalía Anticorrupción los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño. El juez subrayaba en su escrito que los hechos pudieron cometerse, “en el momento más álgido de la pandemia del coronavirus, con miles de fallecidos diarios”.
Carretero añadía que dichos delitos “no solo afectan a los fondos públicos”, sino que debe tenerse en cuenta que tienen “un interés general y una enorme repercusión pública”. El objetivo es el de determinar si esos fondos “beneficiaron a determinadas personas particulares en perjuicio de la generalidad de los ciudadanos”.
El caso mascarillas
Según el escrito de la Fiscalía, Luis Medina fue la persona que contactó con el Consistorio, aprovechando su condición de personaje público y su amistad con un familiar del alcalde de Madrid, José Luís Martínez Almeida. Así, se le facilitó el nombre de la coordinadora General de Presupuestos y Recursos Humanos del Área de Gobierno de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Madrid, como persona a la que se debía dirigir para concretar los términos de las operaciones.
Según la querella, esta persona era también consejera de la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid. Desde este momento, las negociaciones se llevaron a cabo entre esta persona y Alberto Luceño, quien se presentó como "experto en importación de productos procedentes del mercado asiático, con fábricas en China a su disposición, y como agente exclusivo de la empresa malaya EEE, a través de la cual se iba a realizar la importación".
Asimismo, aseguró actuar movido por el deseo de colaborar en la lucha contra la pandemia. "En realidad, ni tenía experiencia significativa en negocios de importación ni disponía de fábricas en China, del mismo modo que tampoco era agente exclusivo de ninguna empresa malaya ni actuaba movido por ninguna intención altruista, subraya el escrito de la Fiscalía. Conforme a estas gestiones, se firmaron tres contratos entre la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid como compradora, y la compañía malaya EEE como vendedora para adquirir material sanitario
En concreto, Luceño cobró en total 5,1 millones de dólares en comisiones. Tres de ellos salieron de un contrato para comprar mascarillas FFP2 y los otros dos de la compra de test de antígenos. Además, ocultó parte de estas comisiones a su socio. Por su parte, el hijo de Naty Abascal cobró un millón de dólares del contrato de mascarillas. Sin embargo, no pudieron saquear más las arcas públicas ya que el Ayuntamiento les exigió que devolvieran el dinero que pagaron por 2,5 millones de guantes y tuvieron que renunciar a las comisiones.
