Luis Medina, el hijo del duque de Feria y Naty Abascal, imputado por el caso de las mascarillas junto a su socio, Alberto Luceño, habría cometido un delito de alzamiento de bienes si se demuestra que sacó el dinero de sus cuentas para que no se lo pudieran embargar cuando se enteró de que le estaban investigando. Según las fuentes judiciales consultadas por ElPlural.com, tanto el juez como la Fiscalía Anticorrupción solicitarán información al banco para poder acreditar en que momento, Medina, retiró los fondos de los dos bonos bancarios que compró con la comisión que cobró del contrato firmado con el Ayuntamiento de Madrid.
De hecho, lo único que sí que ha podido embargar el juzgado es el velero que el noble compró con parte de la comisión de un millón de euros que recibió por su intermediación con el consistorio. El yate es un Eagle 44 al que bautizó como “Feria” -como el ducado de su padre-, con más de 13 metros de eslora desde proa hasta popa y que fue inscrita en el registro de yates de Gibraltar a nombre de una sociedad gibraltareña a nombre de Rafael Medina Abascal, hermano del susodicho y actual duque de Feria.
Cuentas vacías
El hijo del duque de Feria y Naty Abascal ha corrido más que la Justicia. El magistrado del caso de las mascarillas había ordenado embargar las cuentes de Medina y su socio, Alberto Luceño, pero la sorpresa ha saltado cuando el banco ha informado que en la cuenta de Medina solo hay 250 euros. Nada se sabe de dónde están los dos bonos económicos por valor de 200.000 euros cada uno. Ante la imposibilidad de embargar la cuenta, el juez solicita a las partes que propongan otras medidas económicas para poder embargarle y hacer frente a las posibles responsabilidades civiles.
El delito de alzamiento de bienes, ahora se llama delito de frustración de la ejecución y está regulado en el Capítulo VII del Título XIII del Libro II del Código Penal. El alzamiento de bienes es un delito que comete la persona que, habiendo contraído deudas, oculta o hace desaparecer todos o parte de sus bienes con la finalidad de que el acreedor tenga mayores dificultades para cobrar. O, en el caso de Medina, para evitar que el juzgado le embargue de forma preventiva.
El caso mascarillas
Según el escrito de la Fiscalía, Luis Medina fue la persona que contactó con el Consistorio, aprovechando su condición de personaje público y su amistad con un familiar del alcalde de Madrid, José Luís Martínez Almeida. Así, se le facilitó el nombre de la coordinadora General de Presupuestos y Recursos Humanos del Área de Gobierno de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Madrid, como persona a la que se debía dirigir para concretar los términos de las operaciones.
Según la querella, esta persona era también consejera de la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid. Desde este momento, las negociaciones se llevaron a cabo entre esta persona y Alberto Luceño, quien se presentó como "experto en importación de productos procedentes del mercado asiático, con fábricas en China a su disposición, y como agente exclusivo de la empresa malaya EEE, a través de la cual se iba a realizar la importación".
Asimismo, aseguró actuar movido por el deseo de colaborar en la lucha contra la pandemia. "En realidad, ni tenía experiencia significativa en negocios de importación ni disponía de fábricas en China, del mismo modo que tampoco era agente exclusivo de ninguna empresa malaya ni actuaba movido por ninguna intención altruista, subraya el escrito de la Fiscalía. Conforme a estas gestiones, se firmaron tres contratos entre la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid como compradora, y la compañía malaya EEE como vendedora para adquirir material sanitario
En concreto, Luceño cobró en total 5,1 millones de dólares en comisiones. Tres de ellos salieron de un contrato para comprar mascarillas FFP2 y los otros dos de la compra de test de antígenos. Además, ocultó parte de estas comisiones a su socio. Por su parte, el hijo de Naty Abascal cobró un millón de dólares del contrato de mascarillas. Sin embargo, no pudieron saquear más las arcas públicas ya que el Ayuntamiento les exigió que devolvieran el dinero que pagaron por 2,5 millones de guantes y tuvieron que renunciar a las comisiones.
