Luis Medina y Alberto Luceño declaran este lunes ante el juez Adolfo Carretero por el cobro de comisiones por valor de 6 millones de euros gracias a la presunta venta irregular de mascarillas y otros artículos durante la pandemia al Ayuntamiento de Madrid. La transacción se produjo en un momento en el que la especulación bloqueaba la llegada de material sanitario.
El magistrado instructor investiga la querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción por presunta comisión de delitos de estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales. El juez estima “graves” estos hechos debido a que se produjeron en el momento “más álgido” de la pandemia, con “miles de fallecimientos diarios”.
El fiscal firmante de la querella, Luis Rodríguez Sol, entiende que Medina y Luceño ofrecieron al Ayuntamiento de Madrid la posibilidad de adquirir “grandes remesas de material sanitario fabricado en China” con el fin de obtener un “exagerado e injustificado” beneficio económico.
Luis Medina, hijo de Naty Abascal, obtuvo una comisión de un millón de euros en calidad de intermediario. El dinero lo destinó a la adquisición de un velero por valor de 325.515 euros y a dos bonos de inversión por un precio de 200.000 euros cada uno.
Días después de recibir las comisiones, según el sumario de la investigación, el aristócrata transfirió el dinero a una cuenta en Países Bajos, dejando una de sus cuentas prácticamente vacía (restaban menos de 250 euros) y otra en números rojos.
El fiscal requirió el embargo del velero y de sendas cuentas bancarias. Sin embargo, tras comprobar que en una de sus cuentas apenas quedaban 250 euros, el instructor fijó una fianza de 981.000 euros a instancias de Anticorrupción. En caso de impago de ésta, se embargarían los derechos hereditarios del investigado en relación a la duquesa de Medinaceli, abuela de Medina.
Al aristócrata se le investiga también por la presunta comisión de un delito de alzamiento de bienes, toda vez que el juez comprobara que el investigado realizó disposiciones de sus bonos y patrimoniales desde el 13 de abril de 2021, cuando fue citado a declarar ante la Fiscalía Anticorrupción.
Hasta la fecha, tan solo se ha podido embargar el velero matriculado en Gibraltar y la cuenta corriente con saldo positivo (247,26 euros) en calidad de cobertura de la responsabilidad civil de los delitos que se le imputan. Una cuantía que se dispara hasta los 1,2 millones de euros.
El facilitador
Medina emerge en la operación como el facilitador, según defendió en su declaración ante el fiscal. Esgrimió que fue él quien contactó con el Ayuntamiento de Madrid aprovechando su amistado con un “familiar del alcalde”. En su interlocución con la Corporación municipal, a Medina se le facilitó el nombre de Elena Collado, a la sazón coordinadora general de Presupuestos y Recursos Humanos del Área de Gobierno de Hacienda y Personal del Consistorio.
El PSOE ha pedido que Collado, que está citada a declarar el próximo 9 de mayo en calidad de testigo, sea llamada como investigada para que tenga “una adecuada defensa”.
Regresando a Medina, admitió en su declaración ante el instructor que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, le “llamó o escribió” para agradecerle la donación de 283.000 mascarillas en los peores momentos de la pandemia, argumentando que no mantenía “ninguna relación” con él.
El aristócrata subrayó que del montante total percibía “menos de un 10% de comisión”, algo que está “dentro de lo normal”, según defendió. Asimismo, su defensa presentó un escrito mediante el cual se quejaba de que el juez aceptara la presencia del Ayuntamiento de Madrid como perjudicado en la causa, como la empresa de la funeraria municipal, debido a que en sendos casos validaron los contratos investigados.
"El asunto se dio por concluido y el Ayuntamiento se sintió satisfecho con la solución, por lo que ahora no pueden venir a quejarse de algo que dieron por válido y por lo que no interpusieron ningún tipo de reclamación, muy al contrario de lo que hicieron con la empresa Sinclair, a la que denunciaron por no tener la calidad suficiente las mascarillas compradas", subrayó el abogado de Medina, Carlos Texidor.
Luceño, el negociador
Junto a Medina, también declarará Alberto Luceño en calidad de investigado por ser el que dirigió las negociaciones con Elena Collado, presentándose como un “experto en importación de productos procedentes del mercado asiático, con fábricas en China a su disposición, y como agente exclusivo de la empresa malaya EEE, a través de la cual se realizaría la importación”.
Según la Fiscalía, Luceño carecía de “experiencia significativa” en negocios de importación ni de “fábricas en China”, asimismo tampoco era agente “exclusivo” de ninguna empresa malaya ni actuaba “movido por ninguna intención altruista”.
Las investigaciones apuntan a que Alberto Luceño percibió un total de 4,6 millones de euros en concepto de comisiones, a través de transferencias remitidas desde Malasia a una cuenta personal. El empresario pagó con el dinero una estancia en un hotel de Marbella (60.000 euros), tres relojes Roles, doce coches de lujo y una residencia en Pozuelo.
Por su parte, el juez ya ha ordenado el bloqueo de tres cuentas bancarias y tarjetas por valor de casi 130.000 euros, así como el embargo de la vivienda de lujo adquirida. En su declaración ante el fiscal anticorrupción, admitió que adquiría vehículos de lujo como forma de “inversión” para venderlos posteriormente. “Hemos vendido ya tres. Parte son coches de inversión, los compramos porque valían 700.000 euros, 800.000 euros y los conseguimos por 390.000”, deslizó.
