La Comunidad de Madrid está perdiendo la guerra judicial contra las profesoras de escuelas infantiles que denunciaron retrasos en las nóminas, falta de personal y condiciones laborales precarias. En concreto, la sección número 3 de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid condenó al Ejecutivo regional, que dirige Isabel Díaz Ayuso, por despido nulo colectivo e impago de nóminas a las trabajadoras de la Escuela de Educación Infantil Tesoros, de Arganda del Rey. Del mismo modo, se espera el mismo resultado en el caso del centro El Señor Don Gato, en Valdebernardo, así como otras siete escuelas gestionadas por Atreyu Blota Carto SL.
En el caso de Tesoros, al tener representante de los trabajadores, se ha resuelto el juicio por la vía colectiva, con la defensa de Comisiones Obreras y el fallo en contra de la Comunidad de Madrid. Aitor Portillo, el abogado que representa a 52 trabajadoras -tanto de la escuela argandeña como de El Señor Don Gato- por la vía individual en el Juzgado de lo Social, ha hablado con ElPlural.com para denunciar la inacción del Ejecutivo regional, que ha recurrido la sentencia que le obliga a la readmisión inmediata de las trabajadoras despedidas. El letrado defiende que el caso va en contra del convenio colectivo, así como del Estatuto de los Trabajadores.
La batalla de las escuelas en los tribunales sigue por la vía individual: "Esperamos el mismo resultado"
El despacho de Portillo acogió los casos cuando, en julio de este año, la Comunidad de Madrid anunció la supresión de ambas escuelas públicas gestionadas por Atreyu, concesionaria del Ejecutivo de Ayuso. Portillo Abogados mandó un comunicado al organismo regional, exigiendo "la subrogación de todo el personal y el pago de las nóminas" que Atreyu debía desde el mes de abril. El 31 de julio de este año, Atreyu "comunica a la representante legal de los trabajadores que la gestión de la escuela finalizaba el 31 de agosto siguiente, así como que iba a instar a un expediente de regulación de empleo". Esto, explica Portillo, se hizo para "extinguir las relaciones de las dos escuelas por fuerza mayor".
La defensa de las dos escuelas llevó cada caso particular ante Inspección de Trabajo, que resolvió denegando el ERE. Durante el mes de agosto se mantuvieron conversaciones entre Atreyu y los trabajadores para pedir la subrogación del personal, a lo que la concesionaria se negó. Esto abrió la puerta a la vía judicial, tanto por la vía individual por parte de las trabajadoras de ambas escuelas, como por la colectiva en el caso de Tesoros.
El pasado martes, Elplural.com publicaba el contenido de la sentencia, que falla a favor de las trabajadoras: "Declaramos nula la extinción de los contratos de las personas trabajadoras relacionada en el hecho probado primero de esta sentencia y condenamos a la Comunidad de Madrid a readmitirlas de inmediato en las mismas condiciones que regían antes del despido y a abonarles los salarios dejados de percibir en la cuantía que igualmente consta en dicho ordinal, desde el 1 de septiembre de 2024 hasta que la readmisión sea efectiva, así como mantenerles de alta en la seguridad social durante el mismo periodo y absolvemos de los pedimentos de la demanda a Atreyu Blota Carto S.L y al Fondo de Garantía Salarial".
La Comunidad de Madrid anuncia que recurrirá y no comunica nada a las trabajadoras
La dirección de los fallos de la Justicia está siendo similar en los casos individuales, también de El Señor Don Gato, los cuales se van resolviendo por la vía lenta. Portillo cuenta a este medio que la Comunidad de Madrid no ha tratado de llegar a ningún acuerdo, y desde la Consejería de Educación no han emitido ningún comunicado a las trabajadoras, y se han limitado a anunciar que recurrirán la sentencia, algo que el letrado considera "lo habitual". La sentencia es "taxativa", dice Portillo, y "reproduce los mismos argumentos que venimos defendiendo frente a la Comunidad de Madrid". Sobre los casos relativos a la escuela de Valdebernardo, el abogado espera "el mismo resultado", aunque "con más claridad si cabe".
La coherencia de la subrogación, a la que se niega la Comunidad de Madrid, viene dada "tanto por el convenio colectivo como por el Estatuto de los Trabajadores", explica Portillo, quien cree que Arteyu está llevando a cabo una "sucesión de empresa". El argumento principal de la Comunidad de Madrid viene porque una ley de presupuestos dice que no procede la subrogación de los trabajadores. Sin embargo, el letrado defiende que la ley autonómica "no puede estar por encima de la nacional -en referencia al Estatuto".
