La prestación del servicio de transporte mediante VTC y Eurotaxi en la Comunidad de Madrid, bajo el mandato del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, denuncian que se encuentra "fuera de control". Ni los vehículos de alquiler con conductor ni los taxis accesibles están cumpliendo su función de servicio público que necesitan las más de 222.000 personas con discapacidad de la región. Así las cosas, desde la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad Madrid, FAMMA-Cocemfe Madrid denuncian que estos taxis adaptados operan "sin sin regulación específica, sin inspecciones, sin obligaciones mínimas y sin consecuencias por el incumplimiento".
En lo que respecta a los taxis adaptados, las emisoras responsables de coordinarlos señalan que actúan con "total libertad", sin que la Consejería de Transportes del Gobierno de Ayuso realice ningún tipo de seguimiento sobre tiempos de espera, disponibilidad real, funcionamiento o calidad del servicio prestado. "No hay registro público de flotas, ni trazabilidad de los trayectos, ni atención prioritaria para personas con movilidad reducida. El sistema es opaco, arbitrario y completamente desarticulado", advierten desde FAMMA.
Por otro lado, las empresas de VTC como Uber, Cabify o Bolt, aseguran, a su vez, que operan sin ninguna exigencia legal en materia de accesibilidad. Alegan disponer de vehículos adaptados, pero no se conoce cuántos existen, cuántos están en circulación o, como punto más relevante, si están disponibles y al alcance de las personas con discapacidad que precisan de dichos servicios.
Pese a este telón de fondo, lamentan que ni siquiera la Administración autonómica cuenta "con un sólo dato oficial" sobre esta realidad. Desde FAMMA constatan que dichos vehículos existen, pero "no están dando servicio a personas con movilidad reducida": "Son adaptados de nombre, pero inútiles en la práctica", reiteran.
"Modelo fallido"
La carencia de una normativa que se aplique a esta realidad y dé sus frutos ha convertido este sistema en "un modelo fallido y profundamente injusto" por la consiguiente discriminación de miles de ciudadanos del transporte público únicamente por tener una discapacidad. El Gobierno de Ayuso, lamentan, ha delegado su responsabilidad en el mercado, permitiendo que la movilidad se convierta en un negocio en lugar de un derecho garantizado.
"Este descontrol no es fruto del azar, sino de una negligencia institucional sostenida. No hay planificación, no hay fiscalización, y lo más grave: no hay voluntad de actuar. Se tolera la exclusión, se permite el abandono y se blanquea una situación que vulnera los derechos fundamentales de las personas con discapacidad", denuncian desde FAMMA.
Situación "insostenible" con el foco en la gestión madrileña
Esta situación se ha visto agravada después de cuatro meses de silencio y falta de respuesta por parte del consejero de Transportes, Jorge Rodrigo Domínguez, lo cual tachan de "inaceptable" que no se haya adoptado ninguna medida concreta para recuperar un servicio imprescindible para garantizar la movilidad y la integración social de miles de ciudadanos. Mientras tanto, el colectivo continúa enfrentándose a un "sistema colapsado, sin alternativas ni garantías mínimas de transporte accesible".
La situación es "insostenible", sostienen, y es que las cifras no mienten. Actualmente, tan sólo opera el 1,5% del total de la flota, sobre el mínimo del 5% que indica la norma vigente. Esta realidad se traduce en un déficit del 70% respecto al umbral mínimo exigido, lo que deja a la intemperie a miles de personas con movilidad reducida sin alternativa real de tener transporte accesible.
El origen de esta problemática, que se viene agravando y alargándose en el tiempo, radica, según denuncian, en "la inacción deliberada de la Consejería de Transportes", departamento del Gobierno de Ayuso que "ni regula ni supervisa a las emisoras de taxi, ni a las plataformas digitales que gestionan VTC": "No existe ningún control sobre su funcionamiento, no hay normativa que garantice la accesibilidad, no hay inspecciones que verifiquen la calidad del servicio, y, por supuesto, no hay sanciones cuando se incumple", reiteran desde FAMMA, dejando en claro que sin una regulación concreta, "no hay control ni garantías".
Asimismo, aducen a que la patronal del sector, Unauto, ha declarado que “hay vehículos VTC adaptados”, pero no ha aportado cifras ni garantías de operatividad. FAMMA sabe que existen, pero también constata que no están prestando servicio alguno a personas con movilidad reducida.
“Es escandaloso que, en pleno 2025, la Comunidad de Madrid siga actuando como si la discapacidad no existiera. No hay voluntad política, no hay planificación y no hay respeto. Llenarse la boca de inclusión mientras se da la espalda a este colectivo es puro cinismo”, denuncia Javier Font, presidente de FAMMA.
