El Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha declarado ante la Fiscalía Anticorrupción por el contrato de mascarillas que el Gobierno regional adjudicó a la empresa Priviet Sportive, y por la que presuntamente se benefició Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta.
Según apuntan fuentes próximas, Escudero se ha sentado este miércoles en el banquillo en calidad de testigo para explicar los detalles de esta adjudicación. Un contrato por valor de 1,5 millones de euros para la compra de mascarillas por la vía de urgencia del que tiene que dar cuenta al ser el máximo responsable de la Consejería.
En su declaración, el consejero defendió la legalidad de la concesión, por la que el hermano de Isabel Díaz Ayuso facturó al menos 55.000 euros por labores de intermediación. Una cifra que la propia Comunidad elevó hasta los 283.000 euros. Ruiz Escudero ha asegurado ante la Fiscalía que la contratación de Priviet Sportive, empresa de un amigo de los Ayuso, entraba dentro de la normativa vigente y el contexto de emergencia por la primera ola de la pandemia. Recordemos que fue aprobada sin concurso ni publicidad.
Por eso, ha afirmado, no tenía que ser elevado al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid para su aprobación, sino que se les comunicó una vez se había producido la adjudicación. De esta forma, se trata del primer alto cargo de la presidenta que ha sido citado a declarar ante Anticorrupción por este caso, aunque su firma no aparece en los documentos porque el importe -dice- no lo exigía. En su lugar lo firma el director general de Sanidad y la exviceconsejera.
Las diligencias se abrieron en febrero
Anticorrupción ha citado a declarar en calidad de testigo a Ruiz Escudero tras las denuncias presentadas por la oposición de la Asamblea de Madrid respecto al contrato para la adquisición de 250.000 mascarillas, del que se benefició Tomás Díaz Ayuso.
Fue el pasado mes de febrero cuando, una vez presentados todos los documentos, el fiscal jefe, Alejandro Luzón, ordenó la apertura de diligencias informativas de carácter reservado para esclarecer si hay indicios de tráfico de influencias o negociaciones prohibidas a funcionarios en torno a la adjudicación. Una investigación que también ha decidido abrir la Fiscalía Europea por un posible fraude o malversación de fondos de la UE en este caso. Finalmente, la fiscal General del Estado, Dolores Delgado, ha confirmado que la parte relativa a un posible tráfico de influencias se analizará en España, por lo que hay dos investigaciones abiertas sobre este asunto.
