Priviet Sportive SL se ha convertido en una de las protagonistas de la actualidad económica nacional por aparecer en la guerra política entre el Partido Popular y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La compañía ha resultado adjudicataria de un contrato de la Comunidad de Madrid para la compra de mascarillas FFP2 y FFP3 por valor de 1,5 millones de euros, con el hermano de Isabel Díaz Ayuso como intermediario comercial.
El objeto social de la compañía pertenece al sector textil, en concreto a la confección, fabricación y venta al por mayor y por menor de artículos para vestidos y tocados de hombres y mujeres. No obstante, la compañía también tiene como parte de su objeto social la explotación agrícola, forestal, ganadera o cinegética y de fincas rústicas.
Creada en abril de 1994, hace casi 28 años, y con Daniel Alcazar como propietario de la compañía, el conocido de la familia Ayuso, cuenta con un capital social de entre 3.500 y 10.000 euros, según las cifras de diferentes plataformas empresariales, y un rango de facturación superior a 2,5 millones de euros. En cuanto a la creación de empleo, se considera una pyme por tener entre 11 y 50 trabajadores.
Según las cuentas oficiales de la compañía, desveladas en plataformas especializadas, Priviet Sportive triplicó sus beneficios hasta los 376.248 euros en 2020, precisamente el año en el que la empresa recibió la adjudicación de un contrato para la compra de 250.000 mascarillas en el mes de abril por parte de la Comunidad de Madrid. En concreto, sus ganancias crecieron un 201,9% frente al año anterior.
Sin embargo, las ventas de la compañía cayeron un 11,72% en 2020, según estas plataformas, mientras que el resultado de explotación también mejoraba frente al año anterior. Priviet Sportive ha mejorado su resultado de explotación un 118,77%, casi el doble, hasta alrededor de los 390.000 euros en 2020 y cerró este año con un resultado positivo en su patrimonio neto, que creció hasta los 1,05 millones, un 11,3% más que en 2019.
Estos son los únicos datos que se conocen de la actividad económica de la compañía protagonista de la guerra entre Ayuso y el PP, por lo que no se puede derivar una relación directa entre el contrato de la Comunidad de Madrid y los resultados de la empresa.
