El novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, ha pasado de huir de los juzgados a buscarlos mirando el reloj. La defensa de la pareja de la responsable regional ha dado un giro de 180 grados en la estrategia judicial para que el compañero sentimental de la política declare lo antes posible de forma voluntaria en la pieza separada que ha abierto la magistrada y en la que se abordan los posibles delitos de corrupción y administración desleal.
La decisión llegaba después de que la Audiencia Provincial de Madrid rechazara el pasado lunes el último recurso presentado por el empresario para archivar la pieza separada y abierta por la jueza que le investiga por dos nuevos presuntos mencionados anteriormente. Así las cosas, el responsable de Maxwell Cremona ha pedido al Juzgado de Instrucción Nº19 de Madrid poder declarar sobre este tema “tan pronto lo permita la agenda del Juzgado”.
Mientras tanto, la defensa de González Amador solicita la expulsión de esta segunda pieza impulsada por la oposición de PSOE y Más Madrid, ambos partidos personados por la causa como acusaciones populares. En términos concretos, la defensa considera que la nueva línea de investigación lleva a “suspender” la pieza principal por la que se mantiene imputado: la relativa al doble fraude fiscal a Hacienda por 350.000 euros y falsedad documental.
En un documento, los abogados piden que se suspenda la pieza principal en la que se instruye la presunta comisión de dos delitos fiscales y otro de falsedad documental, al considerar “incompatible” la existencia de delito fiscal con que el origen de los ingresos que han provocado la polémica sean fruto de una “actividad delictiva”.
El pasado lunes, el protagonista de estas líneas se presentó en el interior de los juzgados de Plaza de Castilla después de cuatro intentos fallidos, pero se acogió a su derecho a no declarar hasta que se resuelva el recurso y porque afectarían a la causa por la que se le investiga. Entretanto, los jueces indicaron que “las operaciones económicas y jurídicas realizadas, podrán o no tener el alcance que se reseña, pero a la conclusión que corresponda debe llegarse tras la correspondiente investigación abierta”.
Con todo, en el auto que la Audiencia Provincial ha resuelto se confirma la ampliación provisional de la causa principal que persigue al novio de Ayuso por presunto fraude tributario y falsedad documental, a lo que ahora se suman nuevos posibles delitos de corrupción por la posible utilización de una sociedad interpuesta para ocultar ingresos.
Retraso hasta cuatro veces
Hasta la semana pasada, González Amador había urdido hablar ante la Justicia hasta cuatro veces por los delitos de fraude fiscal que él mismo reconoció en los correos intercambiados por la Fiscalía. La última de esas suspensiones, antes de que acudiera a dar explicaciones, llegó el pasado 24 de enero alegando que tenía un viaje.
Anteriormente a aquella vez, el novio de Ayuso dejó de declarar en sede judicial en noviembre después de que la instructora del caso decidiera declinar el momento hasta que la Audiencia Provincial de Madrid resolviera un recurso interpuesto por su abogado contra la apertura de una pieza separada por la supuesta comisión de otros posibles delitos.
Asimismo, las primeras comparecencias estaban previstas para el pasado 24 de junio, pero aquel momento se aplazaron a instancias de la acusación popular que representa la izquierda madrileña, personalizada en PSOE y Más Madrid después de pedir en un escrito que se investigaran cinco nuevos supuestos después del respectivo análisis de un informe de la Agencia Tributaria que consta en el procedimiento.
Pieza separada
En lo que respecta a la pieza separada, cabe recordar que la jueza acordó abrirla el pasado mes de octubre para investigar si González Amador había incurrido en la comisión de delitos fiscales de los instruidas en la causa principal al emplear una de las compañías para “ocultar ingresos”.
La acusación popular entiende que, detrás de la simulación subjetiva de ese negocio jurídico, puede haber una "administración desleal", según apunta el Abogado del Estado, o incluso un delito de corrupción de los negocios. Dice que podría tratarse de "una contraprestación que podría deberse a la adjudicación de los contratos que le fueron adjudicados a Maxwell y después a Masterman, o bien una contraprestación por la operación en la que Maxwell intermedió ya que, como resultado de esas actuaciones, la empresa de González Amador facturó a ambas empresas más de 2 millones de euros en 2020".
