Este viernes, la Mesa de la Asamblea de Madrid decide sobre las más de 150 peticiones de comparecencia de la comisión que investigará si hubo trato de favor en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. El máximo órgano de la Cámara regional tendrá que considerar si estos comparecientes se ajustan o no al objeto de la comisión, que no se enfoca en la esposa de Pedro Sánchez específicamente, sino que las presuntas irregularidades en el funcionamiento de los programas de cátedras y postgrados de la UCM.
Es a este objeto al que tendrán que plegarse los comparecientes solicitados por los grupos políticos. Desde la oposición dan por perdidos a ciertos nombres que cribará el nombre de la mayoría absoluta del Partido Popular en la Mesa y que varias peticiones no superarán esta barrera. Además, los conservadores ya se valieron de la misma para aprobar un reparto en base a la Ley d’Hont en lugar de repartirlos proporcionalmente entre los grupos.
Se celebrarán dos sesiones mensuales con tres comparecencias como máximo. En caso de que fueran dos meses, el Partido Popular concentrará 7 de los 12 comparecientes, 2 para cada formación de izquierdas y uno para Vox; mientras que si fueran tres meses y seis sesiones cuyo reparto sería así: PP 10, Más Madrid 4, PSOE 3 y Vox 1.
Comisión desvirtuada
Desde Más Madrid y PSOE-M indicaron que tratarían de conseguir que en esta comisión se hablara sobre los problemas de la universidad pública madrileña, como la financiación. Por su parte, los conservadores cortaron de raíz hace un par de semanas esta voluntad, precisando que no permitirían que se “desvirtuara el propósito” de la misma.
El Partido Popular, en primer término, dejaba clara su línea y anunciaba que llamará en la primera sesión, la que se celebrará el 13 de noviembre, a Begoña Gómez y el rector de la UCM, Joaquín Goyache. Pusieron en tela de juicio si llamarían o no al presidente del Gobierno en base a lo que revelasen tanto su esposa como el rector de la universidad. En el caso de estos, podrían acogerse a su derecho a no declarar sobre causa judicializada.
De hecho, estos tres nombres encabezan la lista de los populares, que se focaliza sobre todo, en cargos de la UCM, dado que se han defendido desde el inicio que el objetivo de la comisión es “devolverle al buen nombre” que entienden que se han manchado por las noticias vinculadas a las cátedras de Begoña Gómez.
Por su parte, los tres nombres que figuran de Vox, que cuenta con 74 nombres aunque sólo tienen potestad para convocar a uno. En su lista de comparecientes figura también la exministra de Asuntos Económicos y actual presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño. No obstante, los ultras han solicitado a la Mesa que se emitiera un informe sobre las consecuencias jurídicas si Sánchez no acudía a la comisión y anunciaban posteriormente que, de pasar el filtro del órgano rector de la Cámara, sería llamado por su partido.
Sánchez en la comparecencia
El deseo de la derecha y la ultraderecha es ver al presidente del Gobierno desfilando por la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid. Sin embargo, es posible que se queden con las ganas. Al menos así lo entienden en Moncloa, desde donde argumentan que no hay obligación de comparecer en caso de citación.
Recuerdan que no se trata de la primera convocatoria a un miembro del Ejecutivo por parte de un Parlamento autonómico. De hecho, se basan en la experiencia de Mariano Rajoy en el Parlament de Cataluña, por ejemplo. Entonces, ni el presidente ni ningún miembro del Gobierno acudieron a tales convocatorias por no existir una obligación legal al respecto.
Sujetándose sobre dictámenes del Consejo de Estado, Moncloa asegura que eximen a miembros de la Administración estatal de comparecer en comisiones de investigación creadas en asambleas autonómicas. De hecho, existe un informe del Consejo de Estado con fecha del 25 de abril de 2019, en relación a la convocatoria de miembros del Gobierno de España ante el Parlament que concluye que “los miembros del Gobierno y otras autoridades del Estado, actuales y pretéritos, no vienen obligados a atender solicitud de comparecencia ante la Comisión de Investigación sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución”. Por lo tanto, desde el Ejecutivo entienden que la iniciativa del Gobierno de Ayuso nace muerta.
