La suspensión cautelarísima del decreto de suspensión de las elecciones autonómicas del 14-F por parte del TSJC ha desatado una nueva tormenta política en Cataluña, a pesar de ser una medida provisional. El próximo jueves el tribunal entrará en el fondo de los recursos presentados, después de escuchar las alegaciones de la Generalitat y la Fiscalía. Oriol Junqueras tardó poco en cualificar la iniciativa judicial como un nuevo 155 mientras el gobierno catalán remprendía los trabajos de preparación de los comicios, pidiendo celeridad a los jueces para no alargar la incertidumbre. La mayoría de los juristas consideran manifiestamente mejorable el decreto firmado por Pere Aragonés, el vicepresidente en funciones de presidente.
Antoni Bayona, ex letrado mayor del Parlament, valora el decreto como una chapuza jurídica en un artículo publicado en el Diario.es, en el que subraya que uno de los problemas del decreto firmado por Aragonés es justamente que un presidente en funciones no tiene competencias para convocar elecciones. Las previstas inicialmente para el 14-F fueron convocadas automáticamente por haberse cumplido el plazo para la investidura de un nuevo presidente sin que esta se hubiera producido, tras la inhabilitación de Quim Torra por el episodio de las pancartas y la negativa de éste de convocarlas ejerciendo su competencia.
La mayoría de los expertos creen que el decreto recurrido es en realidad una suspensión electoral cuando en realidad debería haberse limitado a aplazar la fecha de las ya convocadas, justificando la decisión con datos epidemiológicos convincentes y con argumentación jurídica solvente. Ninguno de los dos extremos figura en el decreto a juicio de los juristas que denuncian la inseguridad jurídica creada por la suspensión de los comicios.
Desde la perspectiva política, las reacciones son mucho más plurales. Desde la denuncia de Laura Borrás de una nueva e intolerable judicialización de la política por parte del estado a la resurrección del 155 proclamada por Junqueras pasando por el análisis de la secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta: “El PSC apunta, la Moncloa maniobra y la justicia ejecuta”. El ex dirigente sindical y ex diputado de Iniciativa, Joan Coscubiela, respondió a las insinuaciones de Vilalta al minuto, lamentando la falta de respeto por la independencia judicial, asociando a la republicana a un dirigente nacional populista de Hungría o Polonia. Los Comunes, que cerraron filas con el gobierno en la suspensión electoral, le critican ahora que no sepa ni redactar un decreto, mientras los socialistas se limitan a declarar su respeto por la decisión judicial.
El PSC, que se desligó del consenso sobre la convocatoria de elecciones para el 30 de mayo como fecha límite,es señalado por los partidos independentistas como el inductor del nuevo conflicto judicial y político, a pesar de no haber presentado ningún recurso contra el decreto. El TSJC ha recibido cinco recursos. El de un abogado particular, el de Esquerra en Positiu (un partido desconocido para la opinión pública), el de Impulso Ciudadano, asociación presidida por José Domingo, ex diputado de Ciudadanos, el de la Lliga Democràtica y el de Federalistes d’Esquerres, una plataforma que agrupa a federalistas de diferentes familias políticas, aunque el consejero de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, el republicano Bernat Solé, lo señaló frívolamente como un instrumento del PSC para presentar el recurso, provocando la reacción airada de los miembros del colectivo.
La primera consecuencia de la suspensión cautelarísima del decreto ha sido la reactivación de los preparativos de la convocatoria para el 14-F, especialmente el sorteo de los integrantes de las mesas electorales. Prácticamente nadie cree que las elecciones vayan a celebrarse el 14 de febrero, aunque tampoco haya ninguna confianza en que puedan materializarse como máximo el 30 de mayo dada la incógnita de la evolución de la pandemia tras las vacaciones de Semana Santa. En el supuesto que el TSJC anule definitivamente el decreto firmado el pasado viernes, al gobierno catalán siempre le quedará, según la opinión de la mayoría de expertos, la opción de redactar un nuevo decreto más ajustado a la legislación fijando un aplazamiento para un día concreto.
La hipótesis de unas elecciones celebradas por imperativo judicial convertiría la campaña electoral en un cruce de dos grandes acusaciones. El independentismo denunciaría la injerencia del estado a través de la justicia para imponer a Salvador Illa como presidente, lo que sin duda le serviría para movilizar a sus votantes y enterrar sus diferencias tras las pancartas contra la represión. Los candidatos no independentistas, en especial los socialistas convertidos en el adversario a batir, responsabilizarían al gobierno de JxCat y ERC de destruir la credibilidad y el prestigio de las instituciones históricas catalanas y de haber pretendido secuestrar la democracia por miedo a perder el poder. Una campaña de polarización extrema que seguramente a algunos estrategas electorales les gustaría enfrentar.
