A menos de un mes de la celebración de elecciones en Extremadura, el Ejecutivo de María Guardiola ha aprobado un amplio programa de medidas no exento de polémica.

Una de ellas tiene que ver con el decreto al que ha dado luz verde el Consejo de Gobierno por el que se concede más de un millón de euros (1.023.371 euros) en ayudas excepcionales para infraestructuras deportivas de los ayuntamientos. El problema, denuncian desde el Grupo Parlamentario Socialista, tiene que ver con los municipios beneficiados, pues del total de 21 que son, 20 están gobernados por el Partido Popular. "Es un decreto hecho a medida, un reparto de chinchetas puro y duro”, denuncia la portavoz socialista Piedad Álvarez, que, además subraya que la única localidad que no está bajo la batuta de los 'populares', Malpartida de Cáceres, lo está en manos de un exdirigente del PP que abandonó la formación tras ser condenado por violencia de género. 

“¿Casualidad? ¿O estamos ante una forma de gobernar donde importa más la adscripción política que las necesidades reales de los pueblos?”, se preguntan los socialistas, al tiempo que hablan de "deriva sectaria, partidista y absolutamente impropia de un gobierno autonómico”. El Ejecutivo de Guardiola, enfatizan, “está utilizando el dinero de todos los extremeños y extremeñas para favorecer únicamente a los ayuntamientos gobernados por el PP”.

En concreto, los municipios “agraciados” son: Puebla de Alcocer, Siruela, Hervás, Aljucén, Jerte, Coria, Táliga, Valdehornillos, Berlanga, Salvatierra de los Barros, Zahínos, Guadiana, Gargáligas, Puebla de Alcollarín, Pueblonuevo del Guadiana, Guijo de Galisteo, Madrigal de la Vera, Gargantilla y Jerez de los Caballeros.

Aunque Álvarez reconoce que muchas de estas localidades son pequeñas y tienen dificultades técnicas para concurrir a convocatorias competitivas, destaca que “eso no justifica un reparto descaradamente desequilibrado y sectario”. Así, critica que se utilice el argumento de la urgencia o la excepcionalidad “para tapar una selección absolutamente partidista, que ignora a decenas de municipios con necesidades reales solo porque no están gobernados por el PP”.

El PSOE pide a Guardiola que dé explicaciones al respecto y que “deje de poner los intereses de su partido por encima de los de Extremadura”. "Si la Junta quiere ayudar a los pueblos pequeños, que lo haga con transparencia, con criterios objetivos y con convocatorias abiertas, y no repartiendo fondos públicos como si fueran recursos internos de su partido", zanja Álvarez. 

15 millones de euros, toros y caza 

En total, el Consejo de Gobierno destinará más de 15 millones de euros a las nuevas medidas aprobadas esta semana, las cuales, defienden desde el Ejecutivo regional, tienen como objetivo impulsar el empleo rural, reforzar el sector agroganadero, mejorar la gestión del agua y garantizar la sostenibilidad del medio natural.

De esa cantidad, 8,6 millones irán destinados a la tercera edición del programa colaborativo rural Ateneo, dirigido a favorecer la inserción laboral en municipios de menos de 5.000 habitantes mediante formación y empleo durante 12 meses.

Un total de 800.000 euros irán a parar a una plataforma digital agroalimentaria en red, que conectará a productores, distribuidores y comercializadores para intercambiar información, optimizar recursos y aumentar la trazabilidad de los productos. Esta herramienta de cooperación europea está liderada por Castilla-La Mancha, y ya se han sumado a ella también Castilla y León y La Rioja. 

Asimismo, se ha dado luz verde a la convocatoria de ayudas para financiar el asesoramiento técnico en materia de protección vegetal, con una dotación de 1,5 millones de euros para 2026, y se han destinado casi cinco millones a la lucha contra la seca, la enfermedad que afecta a encimas y alcornoques. 

A apoyar la trashumancia, declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, el Gobierno de María Guardiola ha destinado 40.000 euros, con ayudas de hasta 5.000 euros por ganadero; una cantidad  muy inferior a la dedicada a fomentar la cultura taurina, 100.000 euros. 

Completan la batería de medidas, un nuevo decreto para mejorar el control sanitario de la carne de caza y un contrato de 700.000 euros para la explotación de 13 presas, entre ellas las de Valuengo y Piedraaguda.

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