El CGPJ se reunirá de urgencia para abrir un expediente disciplinario al juez Peinado por sus acusaciones a la Policía

El Consejo General del Poder Judicial no ha tardado ni 24 horas en mover ficha con el polémico juez Juan Carlos Peinado, tras el auto en el que como justificación para retirar el pasaporte a Begoña Gómez, el magistrado ha afirmado que la policía la podría ayudar a fugarse de España. Según ha podido saber ElPlural.com de fuentes cercanas al CGPJ, se ha pactado una convocatoria urgente para una reunión de la Comisión Permanente del Consejo para la apertura expediente juez Peinado. 

Esa apertura se basará en el Artículo 418.5 de la LOPJ, el que regula las faltas graves. El punto quinto dice que se considerará falta grave "el exceso o abuso de autoridad, o falta grave de consideración respecto de los ciudadanos, instituciones, secretarios, médicos forenses o del resto del personal al servicio de la Administración de Justicia, de los miembros del Ministerio Fiscal, abogados y procuradores, graduados sociales y funcionarios de la Policía Judicial".

En el caso de Peinado se abrirá el expediente por las afirmaciones vertidas contra la Policía Nacional para justificar la retirada del pasaporte de la mujer de Pedro Sánchez. Peinado señaló a los polícías que custodian como escoltas a Begoña Gómez como posibles facilitadores de una posible fuga “bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos”.

Pero esta apertura del expediente se podría ver incrementada, pues el artículo tiene dos puntos que podrían afectar a Peinado, pero la Permanente solo entrará en uno, el quinto, porque el otro, el sexto, que es el que hace referencia a "la utilización en las resoluciones judiciales de expresiones innecesarias o improcedentes, extravagantes o manifiestamente ofensivas o irrespetuosas desde el punto de vista del razonamiento jurídico" especifica que, "el Consejo General del Poder Judicial solo procederá previo testimonio deducido o comunicación remitida por el tribunal superior respecto de quien dictó la resolución, y que conozca de la misma en vía de recurso".

Reclamación de Interior

A última hora del sábado, el Ministerio del Interior emitía un comunicado en la misma línea que los principales sindicatos policiales del país. Fernando Grande-Marlaska alzó la voz contra las insinuaciones que desprende el auto de Peinado contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El departamento entiende tales afirmaciones de “máxima gravedad”, por lo que elevó la “más enérgica queja” a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, para que el órgano de gobierno de los jueces adopte, en tal caso, las medidas que estimen oportunas contra el togado.

Interior precisa que las afirmaciones de Peinado proyectan una sospecha injustificada sobre servidores públicos cuya vocación es cumplir y hacer cumplir la ley. Por tanto, la tesis del magistrado no es sino un cuestionamiento tácito y directo de la profesionalidad policial. Marlaska subrayó en el comunicado que la actuación del os agentes se desarrolla dentro de la legalidad y acotó que su función forma parte de las garantías esenciales del Estado de Derecho. Por ello, rechaza rotundamente que se publicite una sospecha infundada sobre quienes tienen encomendada la protección de autoridades o su entorno familiar.

No obstante, Interior no sólo circunscribe su defensa a la escolta de Gómez, sino que entiende que el razonamiento de Peinado afecta también a sus mandos, al plantear que dichos agentes podrían actuar siguiendo instrucciones de superiores jerárquicos. A su juicio, dicha hipótesis implica insinuar que responsables policiales serían capaces de dictar órdenes ilegales. Un extremo que el departamento asume como especialmente grave.

Del mismo modo se pronunciaron previamente los principales sindicatos de Policía del país. Jupol fue el primero en verbalizar su malestar tras la publicación del polémico auto, calificando la teoría conspirativa como una “barbaridad” que siembra una duda infundada sobre servidores públicos “ejemplares”. De ahí, que reclamaran una rectificación inmediata para reparar el daño causado a la imagen del Cuerpo. Una tesis que también blandieron desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP), quienes acotaron que ningún agente está obligado a cumplir órdenes manifiestamente ilegales y subrayaron que el ordenamiento jurídico exige a todo funcionario actuar en los márgenes legales.

Las réplicas más duras llegaron desde la Confederación Española de Policía (CEP) y la Unión Federal de Policías (UFP). Los primeros elevaron más el tono que sus compañeros, calificando el planteamiento del instructor como un “ataque intolerable, injustificado y profundamente ofensivo”. La UFP, por su parte, acusaba directamente a Peinado de deslizar una imputación de conducta delictiva contra agentes cuya función es precisamente la de prevenir delitos. Una acusación, entiendes todos los citados, que no sólo carece de base jurídica, sino que además deteriora la imagen del colectivo policial de cara a la opinión pública.