Marlaska urge al CGPJ a tomar medidas contra Peinado por cuestionar a la escolta de Begoña Gómez

La reacción de los principales sindicatos policiales del país ha sido unánime. También la del Ministerio del Interior. A última hora de la tarde del sábado, el ministro del ramo, Fernando Grande-Marlaska, ha instado a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, a tomar medidas urgentes contra el juez Juan Carlos Peinado y sus insinuaciones sobre los agentes de la escolta de Begoña Gómez. Ha trasladado la “más enérgica queja” tras la publicación del auto en el que justifica las medidas cautelares impuestas a la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, bajo la hipótesis de que los policías que la acompañan podrían colaborar en un presunto intento de fuga. Tesis que en el departamento que dirige Marlaska califican de “máxima gravedad”.

El escrito del Ministerio llega a última hora de un sábado en el que el juez Peinado no sólo ha abierto juicio oral contra Begoña Gómez, sino que en su auto apunta directamente a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que tienen asignado el servicio de acompañamiento de la esposa del presidente del Gobierno. El instructor sostiene en su escrito de 84 páginas que “no cabe duda” de que esos agentes podrían, “bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos”, colaborar en las acciones destinadas a facilitar una supuesta huida de Gómez.

A ojos de Marlaska, la tesis que agita Peinado supone un grave cuestionamiento de la profesionalidad policial. Así lo refleja en el comunicado emitido por Interior, donde subraya que la actuación de los agentes se desarrolla exclusivamente dentro de parámetros de la más estricta legalidad. Apunta, además, que su labor constituye una de las principales garantías del Estado de Derecho. Por tanto, el Ministerio rechaza de plano que pueda ponerse bajo sospecha a quienes tienen encomendada la protección de una autoridad o de su entorno familiar.

En cualquier caso, la queja de Marlaska no se limita a la defensa de los agentes de la escolta de Gómez, sino que Interior considera que las palabras de Peinado son un agravio para sus mandos. Y es que sostienen que el magistrado en su auto contempla la posibilidad de que sean esos policías los que actuarían siguiendo órdenes de sus “superiores jerárquicos”. A juicio del Ministerio, dicha hipótesis comporta una insinuación que consideran “especialmente grave”, sugiriendo que responsables policiales podrían dictar órdenes ilegales.

Señalamiento a la Policía

Interior precisa que las afirmaciones de Peinado proyectan una sospecha injustificada sobre servidores públicos cuya función es cumplir y hacer cumplir la ley. De ahí que el Ministerio, como responsable de la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, decidiera poner en conocimiento del Poder Judicial los hechos para que adopten, en tal caso, las medidas que estimen oportunas.

Su reacción se suma al malestar generalizado que los diferentes sindicatos policiales han verbalizado durante la tarde de este sábado. Previo al movimiento de Interior, los diversos corpúsculos sindicales han manifestado su profundo rechazo a las hipótesis del juez instructor del caso, defendiendo que los profesionales destinados a la protección de autoridades actúan con neutralidad, sometimiento a la ley y respeto a las resoluciones judiciales, incluyendo la de un peinado que ha abierto un nuevo frente institucional con su señalamiento a la escolta personal de la esposa de Sánchez.

Jupol fue el primero en pronunciarse con un comunicado en sus redes sociales, desde donde calificó la tesis del magistrado como una “barbaridad”. A su juicio, poner en duda la conducta de los agentes supone lanzar una sospecha infundada sobre servidores públicos que catalogan de “ejemplares”. Por ello, la organización reclamaba una rectificación que repare el daño causado a la imagen del Cuerpo. Misma tesis que manejan en el Sindicato Unificado de Policía (SUP), quienes apostillaban que ningún agente está obligado a cumplir órdenes manifiestamente ilegales y que el ordenamiento jurídico exige a todo funcionario actuar en los márgenes de la ley.

La réplica más dura llegaba desde la Unión Federal de Policías (UFP). El sindicato acusaba directamente a Peinado de deslizar una imputación de conducta delictiva contra agentes cuya función es precisamente la de prevenir delitos. La entidad considera que el señalamiento no sólo carece de cualquier base jurídica, sino que además deteriora la imagen del colectivo policial de cara a la opinión pública. Ideas sobre las que percutió la Confederación Española de Policía (CEP), que ha elevado más el tono y ha calificado el planteamiento del juez como un “ataque intolerable, injustificado y profundamente ofensivo”.